Reprochable estilo oficial

La diferencia entre un país confiable y otro que no lo es reside fundamentalmente en la calidad de las decisiones de los poderes públicos. Esa conclusión ha sido, a partir de la crisis que la Nación enfrenta, un valor referencial incorporado a la experiencia de la sociedad. En función del mismo los argentinos hemos tomado conciencia como en ninguna otra instancia desde la Organización Nacional, de que la suerte de nuestro futuro está fuertemente asociada a la vigencia de las instituciones. Ello quedó evidenciado en los momentos más difíciles de los recientes años, con los concluyentes resultados electorales donde la moderación ha sido una referencia testimonial.
Nuestra sociedad, cansada de los atajos de la violencia institucional, ha tomado un rumbo negociador, donde el diálogo es herramienta política esencial, y espera que sus dirigencias sean capaces de representarla para acordar las soluciones que pongan fin a la gran crisis histórica.
Los argentinos son conscientes de la gran variedad de conflictos que los afectan y que deben resolverse para recuperar la eficiencia de múltiples sectores de la vida nacional, deteriorados por su propia gestión o, en la mayoría de los casos, por los efectos de la inseguridad jurídica.
Los poderes públicos, como intérpretes y ejecutores de la voluntad ciudadana, deben encarar esa recuperación con la convicción de que la firmeza de las decisiones ha de ser fruto del análisis de los legítimos intereses en juego y no de la arbitrariedad. Durante las recientes semanas no ha sido esa la sensación dejada por el Gobierno nacional con referencia a cuestiones particularmente trascendentes. Distintos ejemplos dan testimonio de un estilo conflictivo al encarar problemas tan fundamentales como el de la reestructuración de la deuda, la revisión de contratos y tarifas de servicios públicos, o la situación del sistema bancario no oficial. En el primer caso -considerado recientemente en este lugar a propósito de la jubilación privada-, a la severa propuesta que impuso la gravedad de la crisis y que deberá ser largamente negociada, se sumó un tono oficial por momentos descalificatorio de los acreedores, sin reparar en que decenas de miles de ellos son titulares compulsivos de bonos estatales en insolvencia. Respecto de las empresas concesionarias privadas de servicios, se les han llegado a imputar comportamientos delictivos, como supuestos daños intencionales a instalaciones energéticas o el corte de servicios de agua, con los presuntos propósitos de presionar para el aumento de tarifas.
No pocos funcionarios -entre ellos el jefe del Gabinete y los ministros de Economía y de Justicia- utilizan para referirse a esas u otras situaciones que deben ser revisadas, un lenguaje improcedente que conspira contra la negociación responsable de compromisos del Estado y contratos con grandes inversores. Si, como es razonable, el endeudamiento ha de considerarse con los acreedores dentro de un exigente marco de insolvencia, la negociación no debe ser afectada de tal manera que dañe aun más la imagen de incumplimiento del país. Más graves por sus efectos inmediatos pueden ser las consecuencias de la persistente descalificación que se aplica a los concesionarios de servicios públicos, cuyos contratos, renegociables o no, deberán ser analizados con la seriedad y adultez de un país confiable. Es decir, sin utilizarlos como señuelos ideológicos en discursos proselitistas, sino como partes de una política racional para el bienestar público. Ese estilo descalificador que el lenguaje oficial asume con frecuencia para tratar cuestiones donde están en juego importantes intereses del país, debe moderarse en beneficio de la calidad institucional de las decisiones, tan afectadas por un reprobable ejercicio personalista del poder.