Inobservancia de las normas municipales

Las disposiciones de la autoridad comunal son letra muerta para la mayoría de nuestro vecindario. Sin multas significativas, semejante panorama habrá de seguir igual. Cuando entró a regir la ley antitabaco en Tucumán, llamó la atención general el hecho de que se la cumplía en todas partes y sin excepciones.

El fenómeno lleva a añorar que alguna vez ocurriera lo mismo con las disposiciones municipales. Pero eso constituye, como lo puede percibir cualquier vecino, directamente un sueño imposible. La experiencia de años demuestra que el habitante de San Miguel de Tucumán está afectado por algo así como una imposibilidad patológica de acatar las ordenanzas que dicta la autoridad comunal. Y resulta curioso que, quienes viajan a otras capitales, o al exterior, suelen regresar comentando con admiración cómo en esas latitudes se obedecen sin titubear las normas que aquí se miran con indiferencia. Parece obvio recordar que esas normas llevan el propósito, en todas las épocas, de regular la vida en comunidad; y que si no existieran, nos veríamos todos envueltos en un caos tan perturbador como peligroso.

Merece detención un ejemplo ilustrativo. Existe una disposición -aquí y en toda ciudad civilizada- que obliga al conductor, cuando gira, a dar prioridad al peatón que cruza. En Buenos Aires, se la respeta inclusive en la poblada y vertiginosa avenida 9 de Julio. Entre nosotros, en cambio, se la desacata, y de modo francamente agresivo. A cada momento, en la calle, se advierte que cuando un transeúnte intenta atravesar la calzada confiado en su prioridad, el conductor que iba a girar -y que debió frenar para no arrollarlo- le lanza insultos, a la vez que oprime la bocina, como si el infractor fuera el peatón. Es algo por demás revelador de la psicología de quienes manejan automotores en Tucumán.

Demandaría un considerable espacio enumerar la interminable lista de contravenciones. En nuestra ciudad, no hay vehículo de dos ruedas que respete la luz roja. Cualquiera estaciona donde le da la gana y como le place: la doble o triple fila son comunes. Los motociclistas zigzaguean por la calzada por la mano que le viene bien y colocan su vehículo en cualquier parte: algunos -como todos los días se aprecia en San Martín y Junín- los dejan directamente bajo la recova, para evitar el sol.

Hay una hora límite para la circulación de rodados de gran porte, que se ignora olímpicamente. Se lavan autos en la calle y se baldean las veredas fuera de hora. Raro es el vecino a quien le importa que falten baldosas en su acera. La venta callejera, es un tema donde la autoridad municipal parece haber alzado los brazos para siempre. Son sólo algunas muestras de que la infracción a las normas comunales es la regla y su cumplimiento la excepción.

Semejante estado de cosas parece inadmisible, en una capital con la importancia que la nuestra tiene, en materia de cantidad de población, de cantidad de edificios y de cantidad de automotores. La experiencia indica que el camino adecuado para corregir de raíz estos desbordes es, lamentablemente, la aplicación de sanciones económicas realmente significativas.

Sólo las fuertes multas, aplicadas con todo rigor -y como una política permanente que se mantenga a través de todas las administraciones- podrían modificar una conciencia que, por desgracia, está profundamente arraigada en nuestro vecindario. No hay que equivocarse. En esas ciudades ordenadas que tanto admiramos al regresar de un viaje, el orden se ha logrado porque, desde tiempo inmemorial, quien infringe una ordenanza sabe que recibirá fatalmente una multa importante. Es lo que debiera ocurrir aquí.