30 Septiembre 2003 Seguir en 
Santiago del Estero.- La jueza María del Carmen Bravo ordenó ayer la detención de los policías que investigaron el doble crimen de La Dársena. Pidió también la captura del primer juez que entendió en la causa (quien se encuentra prófugo) y el desafuero del diputado justicialista Carlos Anauate y del defensor del Pueblo, Gilberto Perducca, con la intención de indagarlos por el doble crimen, sin que se descarte la detención de ambos. Para Mario Castillo Solá, primer juez de la causa, se pidió la captura nacional e internacional.
Hasta anoche eran ocho los detenidos tras la resolución de la magistrada, quien se hizo cargo hace diez días de la investigación del asesinato de Leyla Nazar y de Patricia Villalba. Fueron detenidos el ex jefe de la Unidad Regional 2, comisario José Leiva, y el subcomisario Diego Zonzogni y el oficial Julio Rodríguez, quienes dirigieron las pesquisas tras el hallazgo de los restos de ambas jóvenes.
También fueron apresados la prostituta Cristina Juárez, amiga de Leyla, el dueño de la whiskería Saravah, Daniel Moukarzel y los empleados Ricardo Ruiz y Raúl Serrano, quienes trabajaban en el local del que se cree que desapareció la joven de 22 años.En otro procedimiento fue detenido Ramón "El Gordo" Palacio, un testigo que relató que Leyla murió en una fiesta de sexo y drogas en la villa catamarqueña de Guayamba, y que más tarde fue descuartizada en una ruta.
Todos ellos fueron alojados en el destacamento de Gendarmería, acusados por asociación ilícita y encubrimiento agravado, y se encuentran incomunicados, tras haberse dictado secreto de sumario por cinco días. En el caso de Castillo Solá, quien renunció a su cargo hace tres meses a raíz de un pedido de juicio político, tras haber dictado el procesamiento del carnicero José Llugdar, se suman los delitos de violación de los deberes de funcionario público y prevaricato. La única acusada de haber participado en los homicidios, aunque como partícipe secundaria, es Juárez, la última persona que vio con vida, el 16 de enero pasado, a Leyla. Juárez, ya estuvo detenida 45 días por encubrimiento agravado, y ahora permanece incomunicada en Comisaría de la Mujer de la capital santiagueña.
La intervención
Las medidas fueron dictadas pocas horas antes de que el Senado de la Nación defina si trata seis pedidos de intervención al Poder Judicial santiagueño. Por eso, la novedad fue recibida con esperanzas pero también con dudas. Algunos actores del caso observan una decisión por desentrañar los crímenes y otros temen que se trata de una "puesta en escena" para evitar la intervención.
Los familiares de Leyla y de Patricia aseguraron que aún resta apresar a otros "poderosos", como el ex jefe de Inteligencia, comisario Antonio Musa Azar; su hijo del mismo nombre, estudiante de medicina en la Universidad de La Rioja, y la del hijo del ex vicegobernador, Juan Facundo Moreno. Según Raquel Llobet y Luis Santucho, abogados de la familia Villalba, Azar es el jefe de una organización mafiosa y autor intelectual de los crímenes. "Por eso nos extraña que no se haya ordenado su detención", dijeron. Según testimonios incorporados al expediente de 4.000 fojas, se pudo saber que Leyla fue vista en Saravah, en compañía de Perducca y Anauate, la madrugada en la que desapareció.
Los abogados de la familia Villalba mantienen la hipótesis que Leyla murió de una sobredosis de droga, durante una fiesta en la localidad catamarqueña de Guayamba, y que a Patricia la mataron para evitar que delatara a los participantes de la fiesta. Anauate, por su parte, asegura que el pedido de desafuero en su contra y en contra del defensor del Pueblo es "una farsa", con el objetivo de evitar la intervención judicial a la provincia de parte del gobierno nacional."No hay garantía jurídica en Santiago, lo digo como diputado", destacó. (Télam y DyN)
Hasta anoche eran ocho los detenidos tras la resolución de la magistrada, quien se hizo cargo hace diez días de la investigación del asesinato de Leyla Nazar y de Patricia Villalba. Fueron detenidos el ex jefe de la Unidad Regional 2, comisario José Leiva, y el subcomisario Diego Zonzogni y el oficial Julio Rodríguez, quienes dirigieron las pesquisas tras el hallazgo de los restos de ambas jóvenes.
También fueron apresados la prostituta Cristina Juárez, amiga de Leyla, el dueño de la whiskería Saravah, Daniel Moukarzel y los empleados Ricardo Ruiz y Raúl Serrano, quienes trabajaban en el local del que se cree que desapareció la joven de 22 años.En otro procedimiento fue detenido Ramón "El Gordo" Palacio, un testigo que relató que Leyla murió en una fiesta de sexo y drogas en la villa catamarqueña de Guayamba, y que más tarde fue descuartizada en una ruta.
Todos ellos fueron alojados en el destacamento de Gendarmería, acusados por asociación ilícita y encubrimiento agravado, y se encuentran incomunicados, tras haberse dictado secreto de sumario por cinco días. En el caso de Castillo Solá, quien renunció a su cargo hace tres meses a raíz de un pedido de juicio político, tras haber dictado el procesamiento del carnicero José Llugdar, se suman los delitos de violación de los deberes de funcionario público y prevaricato. La única acusada de haber participado en los homicidios, aunque como partícipe secundaria, es Juárez, la última persona que vio con vida, el 16 de enero pasado, a Leyla. Juárez, ya estuvo detenida 45 días por encubrimiento agravado, y ahora permanece incomunicada en Comisaría de la Mujer de la capital santiagueña.
La intervención
Las medidas fueron dictadas pocas horas antes de que el Senado de la Nación defina si trata seis pedidos de intervención al Poder Judicial santiagueño. Por eso, la novedad fue recibida con esperanzas pero también con dudas. Algunos actores del caso observan una decisión por desentrañar los crímenes y otros temen que se trata de una "puesta en escena" para evitar la intervención.
Los familiares de Leyla y de Patricia aseguraron que aún resta apresar a otros "poderosos", como el ex jefe de Inteligencia, comisario Antonio Musa Azar; su hijo del mismo nombre, estudiante de medicina en la Universidad de La Rioja, y la del hijo del ex vicegobernador, Juan Facundo Moreno. Según Raquel Llobet y Luis Santucho, abogados de la familia Villalba, Azar es el jefe de una organización mafiosa y autor intelectual de los crímenes. "Por eso nos extraña que no se haya ordenado su detención", dijeron. Según testimonios incorporados al expediente de 4.000 fojas, se pudo saber que Leyla fue vista en Saravah, en compañía de Perducca y Anauate, la madrugada en la que desapareció.
Los abogados de la familia Villalba mantienen la hipótesis que Leyla murió de una sobredosis de droga, durante una fiesta en la localidad catamarqueña de Guayamba, y que a Patricia la mataron para evitar que delatara a los participantes de la fiesta. Anauate, por su parte, asegura que el pedido de desafuero en su contra y en contra del defensor del Pueblo es "una farsa", con el objetivo de evitar la intervención judicial a la provincia de parte del gobierno nacional."No hay garantía jurídica en Santiago, lo digo como diputado", destacó. (Télam y DyN)
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