26 Enero 2013 Seguir en 
El paciente tiene fiebre, pero los diagnósticos de los facultativos son tan disímiles que los médicos de cabecera no saben cómo tratar la enfermedad. Algunos hablan de una temperatura cercana al 25%; otros, en cambio, creen que la presión está normal y que la "alta" está en el 10,8%. Los porcentajes no son más que el cálculo de la inflación en la Argentina, desde la mirada de las consultoras privadas y desde la óptica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Desde hace seis años, cuando se intervino políticamente el instituto, las estadísticas oficiales han dejado de ser el parámetro para la discusión de los salarios en el país, sean estos del ámbito privado como -paradójicamente- del público, que es donde se realizan las mediciones difundidas periódicamente por el Indec.
Las estadísticas siempre fueron discutidas, pero nunca tanto como antes, debido a la creciente brecha entre la percepción oficial y lo que los argentinos observan cada vez que van a hacer las compras al supermercado, cuando pagan las boletas de los servicios públicos privatizados o cuando tienen que ser atendidos en un sanatorio privado.
La inflación ha carcomido, ya no silenciosamente, el bolsillo de los asalariados. A tal punto que los gremios (opositores y cercanos al Gobierno nacional) ya han plantado bandera acerca de la necesidad de que, en las próximas paritarias, el piso del aumento no sea inferior al 25%. Previo a ese debate, las centrales obreras quieren que el Ejecutivo avance sobre una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, como una forma de sostener el poder adquisitivo del salario.
La discusión, sin embargo, se anticipó. Por esa razón las cámaras empresariales y los industriales vienen pidiendo a los sindicalistas responsabilidad en los planteos, con el fin de que no se resienta ni la inversión, ni el empleo, dos de las variables que suelen sufrir los principales impactos cuando de ajuste se trata.
Precisamente esa es una inquietud reflotada ayer por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando -en un acto en la Casa Rosada- pidió a los gremialistas y a los empresarios "aterrizar" porque es "imprescindible acordar" salarios, ya que, en el mundo, lo que más peligra es el futuro del mercado laboral.
El Gobierno -implícitamente- considera que la economía sólo puede resistir, este año, un aumento salarial cercano al 20%. Sin embargo, las tensiones entre los paritarios continúa. Las cámaras empresariales insisten en que suben los costos, mientras que los trabajadores sostienen que se deprecia el salario.
El riesgo de que la inflación sea elevada sigue latente. El Poder Ejecutivo necesitará financiarse, a través de emisión monetaria, para atender los gastos. Los años electorales suelen ser expansivos a la hora de disponer dinero para erogaciones. Esto se ha evidenciado a lo largo de 2012, cuando las provincias aumentaron los impuestos, para costear sus gastos. La presión fiscal ha llegado a un límite extremo.
Mantener la inflación al ritmo del año anterior no hará más que alimentar la distorsión de los precios relativos. Si no se toman medidas correctivas para enfrentar, de una vez por toda la suba sostenida de precios, se resentirá la inversión y, por ende, la producción. Con menor actividad económica no hay empleo, y baja el consumo. Un círculo vicioso que hay que evitar para que el país siga en la senda del crecimiento.
Las estadísticas siempre fueron discutidas, pero nunca tanto como antes, debido a la creciente brecha entre la percepción oficial y lo que los argentinos observan cada vez que van a hacer las compras al supermercado, cuando pagan las boletas de los servicios públicos privatizados o cuando tienen que ser atendidos en un sanatorio privado.
La inflación ha carcomido, ya no silenciosamente, el bolsillo de los asalariados. A tal punto que los gremios (opositores y cercanos al Gobierno nacional) ya han plantado bandera acerca de la necesidad de que, en las próximas paritarias, el piso del aumento no sea inferior al 25%. Previo a ese debate, las centrales obreras quieren que el Ejecutivo avance sobre una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, como una forma de sostener el poder adquisitivo del salario.
La discusión, sin embargo, se anticipó. Por esa razón las cámaras empresariales y los industriales vienen pidiendo a los sindicalistas responsabilidad en los planteos, con el fin de que no se resienta ni la inversión, ni el empleo, dos de las variables que suelen sufrir los principales impactos cuando de ajuste se trata.
Precisamente esa es una inquietud reflotada ayer por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando -en un acto en la Casa Rosada- pidió a los gremialistas y a los empresarios "aterrizar" porque es "imprescindible acordar" salarios, ya que, en el mundo, lo que más peligra es el futuro del mercado laboral.
El Gobierno -implícitamente- considera que la economía sólo puede resistir, este año, un aumento salarial cercano al 20%. Sin embargo, las tensiones entre los paritarios continúa. Las cámaras empresariales insisten en que suben los costos, mientras que los trabajadores sostienen que se deprecia el salario.
El riesgo de que la inflación sea elevada sigue latente. El Poder Ejecutivo necesitará financiarse, a través de emisión monetaria, para atender los gastos. Los años electorales suelen ser expansivos a la hora de disponer dinero para erogaciones. Esto se ha evidenciado a lo largo de 2012, cuando las provincias aumentaron los impuestos, para costear sus gastos. La presión fiscal ha llegado a un límite extremo.
Mantener la inflación al ritmo del año anterior no hará más que alimentar la distorsión de los precios relativos. Si no se toman medidas correctivas para enfrentar, de una vez por toda la suba sostenida de precios, se resentirá la inversión y, por ende, la producción. Con menor actividad económica no hay empleo, y baja el consumo. Un círculo vicioso que hay que evitar para que el país siga en la senda del crecimiento.
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