28 Septiembre 2003 Seguir en 
El avance de la investigación de la Justicia Federal sobre miembros de la Justicia provincial, en torno del escándalo de las 4x4, amenaza con convertirse en una bola de nieve que cada día parece más difícil de frenar.
Según documentación a la que accedió LA GACETA en forma exclusiva, el ex prosecretario de la Fiscalía X, Hugo Lazarte, podría ser procesado por los mismos delitos que su ex par Hugo Tarifa, quien lleva 45 días detenido junto al empresario Pedro Tomás.
Lazarte habría firmado el 1 de octubre de 2002 un oficio designando a Fernando Zelarayán (procesado en libertad) como depositario judicial de una camioneta Ford Ranger que, según se determinó luego, era robada y había sido convertida en "melliza" (Zelarayán la compró a $ 24.000). El secuestro de esa camioneta dio pie a la investigación que derivó en escándalo cuando quedó aparentemente implicado el fiscal de Instrucción Héctor Abraham Musi, quien se niega a prestar declaración indagatoria, amparándose en sus privilegios constitucionales.
Supuesta irregularidad
Lazarte, quien la semana pasada se presentó espontáneamente ante el juez federal Felipe Terán, dijo que la entrega fue normal y legal, dado que se confirmó que la camioneta no tenía impedimentos. Pero en un informe que Terán le envió hace una semana a la Justicia tucumana, se pone de manifiesto que no existiría un decreto firmado por los jefes de Lazarte, por lo que la entrega del oficio sería irregular.En los próximos días el juez le tomaría declaración a Lazarte. Aunque no trascendió en calidad de qué lo haría, no se descarta que quede imputado en la causa.
Mientras tanto, Musi avanza en su contraofensiva y su defensor, Gustavo Morales, prepara un pedido de juicio político en contra de Terán. Este, a su vez, presentaría en los próximos días un pedido de desafuero en contra del fiscal, para poder interrogarlo tranquilamente.
No hay ninguna pista sobre el asesinato de Albarracín
La confirmación de que los restos óseos hallados la semana pasada en la ruta hacia Villa Nougués pertenecen al desaparecido contador Julio Albarracín hizo reactivar la investigación sobre el caso.
Hasta ahora las pistas son muy pocas, y la familia del hombre estima que lo que no se averiguó en diciembre del año pasado, cuando desapareció Albarracín, no podrá lograrse ahora, a más de nueve meses del crimen (está casi confirmado que se trató de un homicidio de tipo mafioso). El era socio gerente de la financiera Compañía Regional y, por esa razón, los investigadores sospecharon siempre que podría haber habido algún tipo de manejo irregular de dinero.
Los responsables de la firma, que está en vías de disolución, se pusieron a disposición de la fiscal Teresita Marnero para aportar documentos y datos útiles, según se informó, aparentemente para despejar las dudas de los investigadores.
ANALISIS
Impunidad que alarma
Por Facundo Pereyra
Las instituciones tienen su imagen por el piso. El descreimiento de la sociedad en los poderes del Estado crece en forma alarmante, a medida que los resultados no se perciben o, directamente, no se producen.
El sondeo de Gacenet y las opiniones que pueden recogerse en la calle confirman que es muy alto el numero de personas que creen que los casos más resonantes de los últimos meses quedarán impunes. Muchos ven, en cambio, una luz de esperanza en la intervención del Gobierno nacional en estos casos. Cortar esa carrera hacia el abismo depende, en gran medida, de quienes ostentan el poder. Pero también de los ciudadanos y de su reacción ante la impunidad. Más allá de las intencionalidades políticas que parece haber detrás de estos casos, resulta fundamental aclarar debidamente cada situación, y también investigar las obstrucciones o manipulaciones destinadas a favorecer a determinados funcionarios.
Podría estancarse el caso Mansilla
El futuro de la investigación por la desaparición de Adrián Angel Mansilla estaría en la Fiscalía IX, a cargo de Raquel Assís de Ferreyra. Hasta allí llegaría por disposición del ministro fiscal Luis de Mitri, en virtud de que podría ser interminable el peregrinar del expediente por las fiscalías que por sucesión correspondería que vaya pasando.
La fiscal III Teresita Marnero decidió alejarse del caso ante una presentación del abogado de la familia Mansilla, en la que la recusa, pide que la causa pase a la Justicia Federal y hace alusión a supuestos aspectos de la vida privada de la magistrada. La Justicia Federal, según se anticipó, no recibiría la causa por tratarse de un delito de índole ordinario.
El fiscal IV, Héctor Musi, es cuestionado también por Posse por el escándalo de las 4x4, y el V, Alejandro Noguera, se excusaría por haber sido designado en el cargo por la Legislatura, integrada entre otros por José Orellana, hermano del principal acusado del caso, Miguel Angel "Piki" Orellana. Y así continuaría el camino de la causa hasta caer en manos de la fiscal IX.El planteo de Posse podría desencadenar un estancamiento mayor en el caso, a menos que De Mitri resuelva mañana mismo asignar un fiscal para que continúe el proceso. Según trascendió, se suspendería por ahora la extracción de sangre a los padres del joven secuestrado el 17 de agosto (prevista para el martes), con la que se realizará un estudio de ADN para determinar si las manchas halladas en un auto pertenecen al muchacho.
Responsabilidades
Por Jorge R. Malmierca
Ex ministro de Gobierno
En el lenguaje cotidiano, cuando decimos "no hay seguridad" o "existe una inseguridad tremenda", resulta claro que nos estamos refiriendo a todo aquello que afecta nuestra seguridad física, nuestras vidas, nuestra libertad y nuestros bienes personales y los de terceros. Casi de inmediato asociamos esa falta de seguridad a la ineficiencia policial y a la falta de protección por parte de la autoridad pública, asociación que concluye en la destrucción de la institución policial y en la subversión de valores, producto de generalizaciones.Sobre la base de experiencias en el tema, se pretende aquí aportar algunos elementos que necesariamente debemos tener en cuenta a la hora de encarar una temática que es responsabilidad de todos -cada uno a su medida- y debe ser tratada como política de Estado. Desde hace tiempo la seguridad o, mejor aún, la inseguridad, figura en uno de los tres primeros lugares de cualquier consulta de opinión, encuesta o relevamiento de los problemas que más preocupan. Cometer la torpeza de reducir la problemática a una cuestión de eficiencia o deficiencia policial constituye un reduccionismo suicida que sólo busca destruir las instituciones y esconder la tierra bajo la alfombra. Generalizar el problema en la corrupción policial o en la ineptitud de la autoridad política de turno constituye otra equivocación. En la coyuntura no podrá haber soluciones mágicas, tal como lo demuestran años de indefiniciones y de no tratamiento en serio de la problemática.
Según documentación a la que accedió LA GACETA en forma exclusiva, el ex prosecretario de la Fiscalía X, Hugo Lazarte, podría ser procesado por los mismos delitos que su ex par Hugo Tarifa, quien lleva 45 días detenido junto al empresario Pedro Tomás.
Lazarte habría firmado el 1 de octubre de 2002 un oficio designando a Fernando Zelarayán (procesado en libertad) como depositario judicial de una camioneta Ford Ranger que, según se determinó luego, era robada y había sido convertida en "melliza" (Zelarayán la compró a $ 24.000). El secuestro de esa camioneta dio pie a la investigación que derivó en escándalo cuando quedó aparentemente implicado el fiscal de Instrucción Héctor Abraham Musi, quien se niega a prestar declaración indagatoria, amparándose en sus privilegios constitucionales.
Supuesta irregularidad
Lazarte, quien la semana pasada se presentó espontáneamente ante el juez federal Felipe Terán, dijo que la entrega fue normal y legal, dado que se confirmó que la camioneta no tenía impedimentos. Pero en un informe que Terán le envió hace una semana a la Justicia tucumana, se pone de manifiesto que no existiría un decreto firmado por los jefes de Lazarte, por lo que la entrega del oficio sería irregular.En los próximos días el juez le tomaría declaración a Lazarte. Aunque no trascendió en calidad de qué lo haría, no se descarta que quede imputado en la causa.
Mientras tanto, Musi avanza en su contraofensiva y su defensor, Gustavo Morales, prepara un pedido de juicio político en contra de Terán. Este, a su vez, presentaría en los próximos días un pedido de desafuero en contra del fiscal, para poder interrogarlo tranquilamente.
La confirmación de que los restos óseos hallados la semana pasada en la ruta hacia Villa Nougués pertenecen al desaparecido contador Julio Albarracín hizo reactivar la investigación sobre el caso.
Hasta ahora las pistas son muy pocas, y la familia del hombre estima que lo que no se averiguó en diciembre del año pasado, cuando desapareció Albarracín, no podrá lograrse ahora, a más de nueve meses del crimen (está casi confirmado que se trató de un homicidio de tipo mafioso). El era socio gerente de la financiera Compañía Regional y, por esa razón, los investigadores sospecharon siempre que podría haber habido algún tipo de manejo irregular de dinero.
Los responsables de la firma, que está en vías de disolución, se pusieron a disposición de la fiscal Teresita Marnero para aportar documentos y datos útiles, según se informó, aparentemente para despejar las dudas de los investigadores.
ANALISIS
Impunidad que alarma
Por Facundo Pereyra
Las instituciones tienen su imagen por el piso. El descreimiento de la sociedad en los poderes del Estado crece en forma alarmante, a medida que los resultados no se perciben o, directamente, no se producen.
El sondeo de Gacenet y las opiniones que pueden recogerse en la calle confirman que es muy alto el numero de personas que creen que los casos más resonantes de los últimos meses quedarán impunes. Muchos ven, en cambio, una luz de esperanza en la intervención del Gobierno nacional en estos casos. Cortar esa carrera hacia el abismo depende, en gran medida, de quienes ostentan el poder. Pero también de los ciudadanos y de su reacción ante la impunidad. Más allá de las intencionalidades políticas que parece haber detrás de estos casos, resulta fundamental aclarar debidamente cada situación, y también investigar las obstrucciones o manipulaciones destinadas a favorecer a determinados funcionarios.
El futuro de la investigación por la desaparición de Adrián Angel Mansilla estaría en la Fiscalía IX, a cargo de Raquel Assís de Ferreyra. Hasta allí llegaría por disposición del ministro fiscal Luis de Mitri, en virtud de que podría ser interminable el peregrinar del expediente por las fiscalías que por sucesión correspondería que vaya pasando.
La fiscal III Teresita Marnero decidió alejarse del caso ante una presentación del abogado de la familia Mansilla, en la que la recusa, pide que la causa pase a la Justicia Federal y hace alusión a supuestos aspectos de la vida privada de la magistrada. La Justicia Federal, según se anticipó, no recibiría la causa por tratarse de un delito de índole ordinario.
El fiscal IV, Héctor Musi, es cuestionado también por Posse por el escándalo de las 4x4, y el V, Alejandro Noguera, se excusaría por haber sido designado en el cargo por la Legislatura, integrada entre otros por José Orellana, hermano del principal acusado del caso, Miguel Angel "Piki" Orellana. Y así continuaría el camino de la causa hasta caer en manos de la fiscal IX.El planteo de Posse podría desencadenar un estancamiento mayor en el caso, a menos que De Mitri resuelva mañana mismo asignar un fiscal para que continúe el proceso. Según trascendió, se suspendería por ahora la extracción de sangre a los padres del joven secuestrado el 17 de agosto (prevista para el martes), con la que se realizará un estudio de ADN para determinar si las manchas halladas en un auto pertenecen al muchacho.
Responsabilidades
Por Jorge R. Malmierca
Ex ministro de Gobierno
En el lenguaje cotidiano, cuando decimos "no hay seguridad" o "existe una inseguridad tremenda", resulta claro que nos estamos refiriendo a todo aquello que afecta nuestra seguridad física, nuestras vidas, nuestra libertad y nuestros bienes personales y los de terceros. Casi de inmediato asociamos esa falta de seguridad a la ineficiencia policial y a la falta de protección por parte de la autoridad pública, asociación que concluye en la destrucción de la institución policial y en la subversión de valores, producto de generalizaciones.Sobre la base de experiencias en el tema, se pretende aquí aportar algunos elementos que necesariamente debemos tener en cuenta a la hora de encarar una temática que es responsabilidad de todos -cada uno a su medida- y debe ser tratada como política de Estado. Desde hace tiempo la seguridad o, mejor aún, la inseguridad, figura en uno de los tres primeros lugares de cualquier consulta de opinión, encuesta o relevamiento de los problemas que más preocupan. Cometer la torpeza de reducir la problemática a una cuestión de eficiencia o deficiencia policial constituye un reduccionismo suicida que sólo busca destruir las instituciones y esconder la tierra bajo la alfombra. Generalizar el problema en la corrupción policial o en la ineptitud de la autoridad política de turno constituye otra equivocación. En la coyuntura no podrá haber soluciones mágicas, tal como lo demuestran años de indefiniciones y de no tratamiento en serio de la problemática.
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