Con la espada y la balanza
La Justicia pone en quicio las pasiones de los otros poderes. En Tucumán, la señora de ojos vendados debe dirimir cuestiones trascendentales: la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manzur y los planteos del senador Cano y de la legisladora Elías de Pérez contra alperovichistas.
Sin confianza es difícil caminar por este mundo. Una de las frases que dan trascendencia a Simón Bolívar es aquella que sentencia: "la confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan". Cuando los seres humanos perdemos la confianza en el prójimo todo se complica; y si la desconfianza llega a las instituciones, los países se desestructuran.
La Argentina que está por entrar en el año 30 de democracia ininterrumpida sabe de estas cuestiones. Corría la segunda mitad de los años 80 cuando los organismos de derechos humanos y los familiares de desparecidos recibían en voz baja el dato -en categoría de rumor y no de certeza- de que desde el Poder Ejecutivo se había ordenado estirar las causas como chicle. Pasaron los años y llegaron la obediencia debida, el punto final y los indultos menemistas. Ahora la corriente es diferente. En síntesis, los años pasan, los gobiernos cambian y la Justicia y sus hombres y mujeres bailan la música que sale del winco, de la casetera, del CD o del mp3 de la Rosada. Nuestro país, aunque ya sienta la madurez de una señora de tres décadas, seguirá siendo un adolescente. Si la Justicia hubiera podido -o le hubieran permitido- actuar con independencia hoy la Argentina habría estado discutiendo otros temas; no los mismos que se ponían sobre la mesa en 1984 o en 1985.
La Justicia es el poder capaz de poner quicio en medio de las pasiones que sacuden y hacen bailar a los otros poderes. Por eso, imaginar una Argentina sin Justicia independiente es hundir al país en la desconfianza; lo que, parafraseando al venezolano Bolívar, implicaría no tener paz.
Esta semana un importante número de jueces cobró valor y sentenció: "El Poder Ejecutivo debe cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y ejercer sus facultades dentro del marco de las reglas procesales evitando el uso de mecanismo directos e indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia". El artículo 109 indica: "En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".
El pronunciamiento que se hizo a través del comunicado 116 de la Asociación de Magistrados de todo el país surgió luego de haber recibido "la preocupación de una importante cantidad de jueces y juezas de todo el país", que se refieren "a hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la justicia es para todos". Esta generalización de los magistrados ha envuelto también a los magistrados tucumanos en cuyos escritorios hay causas centrales y complicadas no sólo sobre derechos humanos, sino también que inmiscuye a funcionarios nacionales, como el mismísimo ministro de Salud de la Nación que, a la vez, es vicegobernador de la provincia.
Los magistrados en este documento histórico también le dedican un párrafo a la prensa, a la que le piden que promueva debates y que cuando ejerza la crítica lo haga sin agravios personales.
Los magistrados alzaron su voz en el momento menos oportuno. Lo hicieron un puñado de horas antes de que la Cámara Civil diera su veredicto sobre la cautelar referida al famosísimo 7D, que se convirtió en cuestión de Estado cuando, en realidad, debería ser un tema más que preocupa al Gobierno. Ese reduccionismo al que apela el kirchnerismo termina siendo un bumerán. La impaciencia para respetar tiempos e instituciones pondrían nervioso al mismísimo Confucio, aquel pensador chino que creía que la paciencia era el secreto para el éxito y que recomendaba: "no desees que las cosas se hagan de prisa. No te fijes en las pequeñas ventajas. Desear que las cosas se hagan de prisa impide que se hagan bien. Fijarse en las pequeñas ventajas impide realizar grandes empresas".
Otra denuncia
Es precisamente en esa Justicia dolorida, quejosa y timorata donde se dirimen cuestiones trascendentales de los tucumanos. No sólo la denuncia por enriquecimiento que hizo el letrado Oscar López contra Juan Manzur está en los Tribunales. El senador radical José Cano insiste -y embiste- con el comportamiento irregular de algunos funcionarios alperovichistas.
Es curioso; a principios de los 90, el gobernador, José Alperovich, formaba parte de uno de equipos de trabajo más fuertes de la política tucumana. Mientras en el peronismo se peleaban olijelistas vs. mirandistas, el radicalismo se apoyaba en el Ateneo de la Libertad. Ese equipo de trabajo del que formaba parte Alperovich le hizo la vida imposible al ex intendente bussista Rafael Bulacio. Distintos miembros de esa agrupación investigaron a fondo a funcionarios de aquella gestión y fueron varias veces a Tribunales a elevar denuncias. El tiempo fue una bomba que hizo añicos a aquel equipo de trabajo. Sin embargo, muchos merodean y dan vueltas alrededor del senador José Cano y de la legisladora Silvia Elías de Pérez, que ya tuvieron a mal traer a algunos alperovichistas. El ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo Miguel Brito bebió de esa medicina y la está padeciendo. En la última semana, Elías de Pérez y Cano llevaron a la Justicia un pedido de investigación en el que apuntan centralmente contra el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, al que responsabilizan, entre otras cuestiones, por haber presentado un presupuesto que correspondería a la Estación Transformadora de Ayacucho al 200 como si fuera de Loreto (Santiago del Estero), ya que ese es el título que lleva la hoja presentada en Tribunales. El senador y la legisladora advirtieron además que la hoja lleva la leyenda de un sello de la Dirección de Energía de la provincia vecina, que no tiene nada que ver con Tucumán a primera vista. Serán los funcionarios judiciales -los mismos que señalaron que no se sienten con la independencia debida- los que deberán dilucidar la verdad sobre esta denuncia, que suma otras irregularidades más fuertes que la incongruencia geográfica descrita.
La aparición de estas faltas en algunos funcionarios no se debe a la habilidad de aquellos hombres que alguna vez integraban un equipo de trabajo en el Ateneo de la Libertad. Está mostrando un desgaste en el funcionamiento y en los engranajes de la gestión alperovichista. No son grandes sabuesos que investigan donde nadie lo hace, sino miembros de la misma administración, que están dispuestos a mostrar y a dejar ver papeles, y que antes no lo hubieran hecho. Después de nueve años de administración, el gobernador debería estar al tanto de que están haciendo falta tareas de racauchutaje en su estructura. Con minimizar y defenestrar a los denunciantes no alcanza, menos cuando aún tiene ilusiones reeleccionistas.
Otra "re-re"
Algo parecido le está ocurriendo a la Universidad Nacional de Tucumán, donde en los últimos días ha crecido el rumor de intentar forzar una "re-re" para que Juan Alberto Cerisola haga lo mismo que otros. Los "sicerisolistas" tienen conciencia de que si bien pueden contar con el número de oficialistas en el Consejo Superior de la UNT para forzar las normas va a ser muy difícil que algunos hombres que dependen de decanos con ambiciones -Medicina y Derecho- vayan a terminar jugando en favor del rector. Por eso, resulta más seguro que los rumores sean ventilados por el entorno más íntimo de Cerisola, con la ilusión de no perder poder y de darle autonomía sobre su futuro. De lo contrario, se convertirá en un títere de otros que administran más poder en la UNT. Una película que se viene viendo hace décadas en esos claustros.
Otra división
Las fisuras políticas no tienen propiedad intelectual en el Ejecutivo ni en la UNT. Apenas juró el nuevo presidente en el Colegio de Abogados, los disidentes ya hicieron un asado en el que no faltó ni el vino ni el champán. Con la idea de despedir el año se reunieron en un country de Yerba Buena. A la vuelta de Fernando Rogel estaban figuras del ámbito político y de Tribunales que en otras circunstancias hubieran actuado como el agua y el aceite. Junto a Esteban Carracedo y Amancio Petray se lo vio a Enrique Sancho Miñano del Partido del Centro y a Walter Berarducci, quien fuera funcionario muy cercano a Germán Alfaro, uno de los amayistas a los que no puede ver Alperovich. La presencia más llamativa fue la de un abogado que suele acodarse en los mostradores para denunciar al oficialismo. Nada menos que Oscar López estuvo junto a algunos alperovichistas y a una decena de letrados de La Cámpora. Entre otros no faltaron la funcionaria Lorena Cuba y el "pirinchista" Carlos Cattáneo. Brindaron por el año y por la elección en el colegio de abogados y dejaron abierta la semilla para crear un nueva institución que nuclee a los abogados. El año que viene será complicado y de negociaciones para el flamante presidente Francisco García Posse si quiere evitar fracturas.
La Argentina que está por entrar en el año 30 de democracia ininterrumpida sabe de estas cuestiones. Corría la segunda mitad de los años 80 cuando los organismos de derechos humanos y los familiares de desparecidos recibían en voz baja el dato -en categoría de rumor y no de certeza- de que desde el Poder Ejecutivo se había ordenado estirar las causas como chicle. Pasaron los años y llegaron la obediencia debida, el punto final y los indultos menemistas. Ahora la corriente es diferente. En síntesis, los años pasan, los gobiernos cambian y la Justicia y sus hombres y mujeres bailan la música que sale del winco, de la casetera, del CD o del mp3 de la Rosada. Nuestro país, aunque ya sienta la madurez de una señora de tres décadas, seguirá siendo un adolescente. Si la Justicia hubiera podido -o le hubieran permitido- actuar con independencia hoy la Argentina habría estado discutiendo otros temas; no los mismos que se ponían sobre la mesa en 1984 o en 1985.
La Justicia es el poder capaz de poner quicio en medio de las pasiones que sacuden y hacen bailar a los otros poderes. Por eso, imaginar una Argentina sin Justicia independiente es hundir al país en la desconfianza; lo que, parafraseando al venezolano Bolívar, implicaría no tener paz.
Esta semana un importante número de jueces cobró valor y sentenció: "El Poder Ejecutivo debe cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y ejercer sus facultades dentro del marco de las reglas procesales evitando el uso de mecanismo directos e indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia". El artículo 109 indica: "En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".
El pronunciamiento que se hizo a través del comunicado 116 de la Asociación de Magistrados de todo el país surgió luego de haber recibido "la preocupación de una importante cantidad de jueces y juezas de todo el país", que se refieren "a hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la justicia es para todos". Esta generalización de los magistrados ha envuelto también a los magistrados tucumanos en cuyos escritorios hay causas centrales y complicadas no sólo sobre derechos humanos, sino también que inmiscuye a funcionarios nacionales, como el mismísimo ministro de Salud de la Nación que, a la vez, es vicegobernador de la provincia.
Los magistrados en este documento histórico también le dedican un párrafo a la prensa, a la que le piden que promueva debates y que cuando ejerza la crítica lo haga sin agravios personales.
Los magistrados alzaron su voz en el momento menos oportuno. Lo hicieron un puñado de horas antes de que la Cámara Civil diera su veredicto sobre la cautelar referida al famosísimo 7D, que se convirtió en cuestión de Estado cuando, en realidad, debería ser un tema más que preocupa al Gobierno. Ese reduccionismo al que apela el kirchnerismo termina siendo un bumerán. La impaciencia para respetar tiempos e instituciones pondrían nervioso al mismísimo Confucio, aquel pensador chino que creía que la paciencia era el secreto para el éxito y que recomendaba: "no desees que las cosas se hagan de prisa. No te fijes en las pequeñas ventajas. Desear que las cosas se hagan de prisa impide que se hagan bien. Fijarse en las pequeñas ventajas impide realizar grandes empresas".
Otra denuncia
Es precisamente en esa Justicia dolorida, quejosa y timorata donde se dirimen cuestiones trascendentales de los tucumanos. No sólo la denuncia por enriquecimiento que hizo el letrado Oscar López contra Juan Manzur está en los Tribunales. El senador radical José Cano insiste -y embiste- con el comportamiento irregular de algunos funcionarios alperovichistas.
Es curioso; a principios de los 90, el gobernador, José Alperovich, formaba parte de uno de equipos de trabajo más fuertes de la política tucumana. Mientras en el peronismo se peleaban olijelistas vs. mirandistas, el radicalismo se apoyaba en el Ateneo de la Libertad. Ese equipo de trabajo del que formaba parte Alperovich le hizo la vida imposible al ex intendente bussista Rafael Bulacio. Distintos miembros de esa agrupación investigaron a fondo a funcionarios de aquella gestión y fueron varias veces a Tribunales a elevar denuncias. El tiempo fue una bomba que hizo añicos a aquel equipo de trabajo. Sin embargo, muchos merodean y dan vueltas alrededor del senador José Cano y de la legisladora Silvia Elías de Pérez, que ya tuvieron a mal traer a algunos alperovichistas. El ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo Miguel Brito bebió de esa medicina y la está padeciendo. En la última semana, Elías de Pérez y Cano llevaron a la Justicia un pedido de investigación en el que apuntan centralmente contra el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, al que responsabilizan, entre otras cuestiones, por haber presentado un presupuesto que correspondería a la Estación Transformadora de Ayacucho al 200 como si fuera de Loreto (Santiago del Estero), ya que ese es el título que lleva la hoja presentada en Tribunales. El senador y la legisladora advirtieron además que la hoja lleva la leyenda de un sello de la Dirección de Energía de la provincia vecina, que no tiene nada que ver con Tucumán a primera vista. Serán los funcionarios judiciales -los mismos que señalaron que no se sienten con la independencia debida- los que deberán dilucidar la verdad sobre esta denuncia, que suma otras irregularidades más fuertes que la incongruencia geográfica descrita.
La aparición de estas faltas en algunos funcionarios no se debe a la habilidad de aquellos hombres que alguna vez integraban un equipo de trabajo en el Ateneo de la Libertad. Está mostrando un desgaste en el funcionamiento y en los engranajes de la gestión alperovichista. No son grandes sabuesos que investigan donde nadie lo hace, sino miembros de la misma administración, que están dispuestos a mostrar y a dejar ver papeles, y que antes no lo hubieran hecho. Después de nueve años de administración, el gobernador debería estar al tanto de que están haciendo falta tareas de racauchutaje en su estructura. Con minimizar y defenestrar a los denunciantes no alcanza, menos cuando aún tiene ilusiones reeleccionistas.
Otra "re-re"
Algo parecido le está ocurriendo a la Universidad Nacional de Tucumán, donde en los últimos días ha crecido el rumor de intentar forzar una "re-re" para que Juan Alberto Cerisola haga lo mismo que otros. Los "sicerisolistas" tienen conciencia de que si bien pueden contar con el número de oficialistas en el Consejo Superior de la UNT para forzar las normas va a ser muy difícil que algunos hombres que dependen de decanos con ambiciones -Medicina y Derecho- vayan a terminar jugando en favor del rector. Por eso, resulta más seguro que los rumores sean ventilados por el entorno más íntimo de Cerisola, con la ilusión de no perder poder y de darle autonomía sobre su futuro. De lo contrario, se convertirá en un títere de otros que administran más poder en la UNT. Una película que se viene viendo hace décadas en esos claustros.
Otra división
Las fisuras políticas no tienen propiedad intelectual en el Ejecutivo ni en la UNT. Apenas juró el nuevo presidente en el Colegio de Abogados, los disidentes ya hicieron un asado en el que no faltó ni el vino ni el champán. Con la idea de despedir el año se reunieron en un country de Yerba Buena. A la vuelta de Fernando Rogel estaban figuras del ámbito político y de Tribunales que en otras circunstancias hubieran actuado como el agua y el aceite. Junto a Esteban Carracedo y Amancio Petray se lo vio a Enrique Sancho Miñano del Partido del Centro y a Walter Berarducci, quien fuera funcionario muy cercano a Germán Alfaro, uno de los amayistas a los que no puede ver Alperovich. La presencia más llamativa fue la de un abogado que suele acodarse en los mostradores para denunciar al oficialismo. Nada menos que Oscar López estuvo junto a algunos alperovichistas y a una decena de letrados de La Cámpora. Entre otros no faltaron la funcionaria Lorena Cuba y el "pirinchista" Carlos Cattáneo. Brindaron por el año y por la elección en el colegio de abogados y dejaron abierta la semilla para crear un nueva institución que nuclee a los abogados. El año que viene será complicado y de negociaciones para el flamante presidente Francisco García Posse si quiere evitar fracturas.
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