08 Diciembre 2012 Seguir en 
La economía de la Argentina tiende a concentrarse en su propia moneda, el peso. Desde hace poco más de un año, el Gobierno nacional profundizó las medidas restrictivas para operar con dólares, un refugio tradicional del ahorro de los argentinos y una divisa preferida en las transacciones comerciales y financieras en el mundo. La fuga de capitales puso en guardia a la gestión de la presidenta Cristina Fernández que ordenó, vía Banco Central y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), controlar la compra y la venta de dólares, así como extender la regulación oficial en el mercado. El cepo cambiario llevó a que algunas provincias que habían emitido títulos públicos nominados en dólares, bajo legislación nacional, cambiaran las reglas de juego establecidas originalmente.
Chaco fue el primer llamado de atención de un posible default técnico de bonos dolarizados. La onda expansiva llegó a afectar a los títulos de Formosa y, en última instancia, los de Tucumán. Tras conocer la decisión chaqueña, la gestión del gobernador José Alperovich trató de diferenciarse y el ministro de Economía dijo -hace dos meses- que la Provincia pagaría regularmente los vencimientos semestrales de los bonos para la Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep). Se trata de dos de las tres series emitidas por la Provincia -la primera en pesos-, con las cuales el Poder Ejecutivo hace frente a los juicios con sentencia firme iniciados contra el Estado.
Los que invirtieron en este tipo de títulos confiaron en obtener una renta de acuerdo con las características ofrecidas por el Gobierno en el prospecto del instrumento. La afectación de un porcentaje de la coparticipación federal -convertido a dólares- era un aval más que suficiente para tentar a los ahorristas y a entidades que suelen operar con títulos públicos.
Sin embargo, las restricciones al dólar fueron aumentando y, así, las provincias perdieron toda posibilidad de atesorar la divisa estadounidense para abonarles a los acreedores. Ante la posibilidad de incumplimientos, el gobernador José Alperovich instrumentó una serie de leyes que implicaron el canje directo de Consadep por dólares, pero con una quita cercana a la mitad del valor del título. Además, suspendió por 90 días el pago de los cupones, algo que sucedió el miércoles último. Las autoridades negaron, no obstante, que Tucumán haya ingresado en un default técnico (por el no pago del cupón), sino que adujo que hizo una oferta previa a los tenedores de rescatarlos anticipadamente.
Sin embargo, el cambio de las condiciones de los bonos dolarizados no fue una buena señal para los mercados, mucho menos para los tenedores. Como sucedió en otras oportunidades, cuando los ciclos económicos eran recesivos, el Estado modifica el escenario y, según los expertos, incrementa el riesgo provincia y encarece el crédito para el Estado y también para las empresas.
La experiencia de fines de 2001 debe servir como enseñanza acerca de lo que no se debe hacer en materia financiera, como es incumplir los compromisos que se asumen. Antes de ordenar nuevas emisiones de títulos públicos, el Gobierno debe garantizarles a los acreedores que el instrumento tendrá el valor efectivo que ofrece y que, por más que las condiciones del mercado se modifiquen, no se cambiará la letra de las normas que dispongan aquellas emisiones. Eso, en suma, se llama seguridad jurídica para los inversores y para los acreedores.
Chaco fue el primer llamado de atención de un posible default técnico de bonos dolarizados. La onda expansiva llegó a afectar a los títulos de Formosa y, en última instancia, los de Tucumán. Tras conocer la decisión chaqueña, la gestión del gobernador José Alperovich trató de diferenciarse y el ministro de Economía dijo -hace dos meses- que la Provincia pagaría regularmente los vencimientos semestrales de los bonos para la Conversión y Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep). Se trata de dos de las tres series emitidas por la Provincia -la primera en pesos-, con las cuales el Poder Ejecutivo hace frente a los juicios con sentencia firme iniciados contra el Estado.
Los que invirtieron en este tipo de títulos confiaron en obtener una renta de acuerdo con las características ofrecidas por el Gobierno en el prospecto del instrumento. La afectación de un porcentaje de la coparticipación federal -convertido a dólares- era un aval más que suficiente para tentar a los ahorristas y a entidades que suelen operar con títulos públicos.
Sin embargo, las restricciones al dólar fueron aumentando y, así, las provincias perdieron toda posibilidad de atesorar la divisa estadounidense para abonarles a los acreedores. Ante la posibilidad de incumplimientos, el gobernador José Alperovich instrumentó una serie de leyes que implicaron el canje directo de Consadep por dólares, pero con una quita cercana a la mitad del valor del título. Además, suspendió por 90 días el pago de los cupones, algo que sucedió el miércoles último. Las autoridades negaron, no obstante, que Tucumán haya ingresado en un default técnico (por el no pago del cupón), sino que adujo que hizo una oferta previa a los tenedores de rescatarlos anticipadamente.
Sin embargo, el cambio de las condiciones de los bonos dolarizados no fue una buena señal para los mercados, mucho menos para los tenedores. Como sucedió en otras oportunidades, cuando los ciclos económicos eran recesivos, el Estado modifica el escenario y, según los expertos, incrementa el riesgo provincia y encarece el crédito para el Estado y también para las empresas.
La experiencia de fines de 2001 debe servir como enseñanza acerca de lo que no se debe hacer en materia financiera, como es incumplir los compromisos que se asumen. Antes de ordenar nuevas emisiones de títulos públicos, el Gobierno debe garantizarles a los acreedores que el instrumento tendrá el valor efectivo que ofrece y que, por más que las condiciones del mercado se modifiquen, no se cambiará la letra de las normas que dispongan aquellas emisiones. Eso, en suma, se llama seguridad jurídica para los inversores y para los acreedores.
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