Las subas de tasas, impuestos y tarifas

Como consecuencia de una reforma del Código Tributario Municipal de San Miguel de Tucumán un amplio número de contribuyentes deberá enfrentar a partir de 2013 un incremento en sus gastos y erogaciones. Con el argumento de que las valuaciones fiscales de las propiedades están rezagadas, las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI) deberán ser actualizadas en un promedio de $30 mensuales, aunque una cantidad importante de contribuyentes podrá llegar a pagar hasta unos $100 más por mes. Este aumento se debe sumar a otras subas en la tarifa de los servicios (agua, luz), a los aumentos de impuestos ya anticipado (Inmobiliario, Automotor, etcétera) por el Gobierno y a los mayores costos que agrega la escalada inflacionaria que golpea la economía argentina, además de previsibles reajustes en los precios de muchos rubros (cuota de los colegios, por ejemplo) que comienzan a impactar tras las vacaciones.

Para justificar la agenda de incrementos, desde el jefe del Poder Ejecutivo provincial aseguraron que estos están merituados por la necesidad de poner al día los valores de las propiedades censadas por la Dirección de Catastro, por los mayores costos que demanda la gestión del servicio de agua o por el impacto que tendrán en los otras actividades y prestaciones algunas decisiones tomadas por el Gobierno nacional.

La mayor parte de estas nuevas erogaciones aparecerán luego de diciembre, un mes tradicionalmente con un mayor nivel de gastos de las familias, a raíz de las Fiestas Navideñas y de Fin de Año en los que los Estados nacional, provinciales y municipales, y distintos organismos público y las empresas, pagan por lo menos un sueldo y el medio aguinaldo.

Aunque podría darse por entendida la necesidad de que las variables económicas tuvieran un progresivo sinceramiento en un país donde el retraso cambiario, la pérdida de capacidad adquisitiva, la caída de la competitividad, las subestimaciones presupuestarias, los mayores costos y el mantenimiento de un gasto público en niveles récords están a la orden del día, no es menos cierto que esta perspectiva de actualizaciones impactará de lleno en el bolsillo de contribuyentes y usuarios que mayormente son los mismos que vienen cumpliendo religiosamente con sus obligaciones fiscales. Así, da la impresión de que ninguna área de gobierno o funcionarios de jerarquía han reparado en la implicancia negativa que podría tener para la evolución de la economía en general esta sobrecarga sobre los salarios, y tampoco si las familias estarán en condiciones de hacer frente a la multiplicidad de erogaciones.

Decisiones oficiales como estas muestran también otros costados críticos de una administración que se empeña en trasladar el ajuste de sus cuentas a gran parte de la población: las limitaciones para tomar deuda (la posibilidad de acceder a préstamos de la Argentina y las provincias están marcada por inseguridad jurídica y la tasa que deberían pagar es altísima) y la incapacidad para impulsar una estrategia de contención del gasto público en todas las jurisdicciones, estamentos y reparticiones.

Estragado por la continua alza de los precios (además, diciembre es un mes con mayor incidencia inflacionaria) los salarios de los trabajadores sobreviven con actualizaciones acordadas en un momento del año regido por otra realidad. A ese panorama se debe agregar el arrastre de una campaña que para Tucumán no fue buena en razón de los bajos del precios del azúcar y del limón y una claramente menor cosecha agrícola (en especial la sojera). Tanta evidencia deberían ser causa suficiente para replantear ese programa de compromisos impositivos, tarifarios y de otra índole o bien para reconsiderar políticas que de seguir podrían llevar a males mayores.