La reapertura del canje puede costar U$S 7.280 millones

Los inversores que demandaron a Argentina para recuperar las pérdidas derivadas de una cesación de pagos de deuda en 2002 pidieron a una corte de Estados Unidos que ordene al país depositar al menos U$S 250 millones antes del 10 de este mes, mientras se define una apelación a una orden de un tribunal menor. En una moción de emergencia presentada en la noche del viernes, los inversores que no reestructuraron su deuda instaron a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito a modificar su fallo del miércoles, que detuvo una orden para que Argentina deposite U$S 1.330 millones en una cuenta en custodia antes del 15 del corriente, consigna un cable de la agencia internacional Reuters. Ellos dicen que esto sólo da más tiempo a Argentina para tramar una forma de evadir los fallos de la corte.

Los tenedores de deuda no reestructurada buscan que se les pague el total de sus bonos soberanos argentinos incumplidos, luego de que rechazaron los canjes de deuda en 2005 y 2010 que cerca de un 93% de los demás inversores aceptaron. Argentina llama a los litigantes como "fondos buitre" y ha prometido que nunca les pagará.

La más reciente batalla se centra en un fallo que determinó que el país violó una provisión de los bonos, que exige un trato igualitario a todos los inversores, cuando pagó a quienes accedieron a reestructurar su deuda sin pagar a quienes rechazaron los canjes. Dos cortes de Estados Unidos se han expedido acerca de que debería pagárseles a todos simultáneamente.

El 21 de noviembre, el juez estadounidense Thomas Griesa ordenó a Argentina depositar U$S 1.330 millones en una cuenta en custodia para los inversores de deuda no reestructurada, que incluyen a los fondos NML Capital Ltd y Aurelius Capital Management, antes del 15. Es el mismo día en que Argentina tiene que pagar cerca de U$S 3.000 millones para los cupones atados al crecimiento de su economía, emitidos durante los canjes. La Argentina apeló a las órdenes y consiguió un aplazamiento de emergencia de la Corte del Segundo Circuito. Actualmente, existe una "cláusula cerrojo" que impide la reapertura del canje de deuda pública. La estrategia de la Argentina pasaría entonces por reabrir el canje, argumentando que el país "si tiene voluntad de pago". Argentina argumentaría que los holdouts son un grupo minoritario de inversionistas que quiere extorsionarla. Según estimaciones de la consultora Economía & Regiones, si se logra que los U$S 11.200 millones entren a un nuevo canje -con pautas similares a las previstas en 2010-, se le aplicaría una quita del 35%, que la dejaría en torno a los U$S 7.280 millones. Otras consultoras estiman que el costo de aquella reapertura podría ser menor.