La burocracia de las obras sociales

Una constatación que los afiliados a la mayoría de las obras sociales corroboran casi a diario es la decisión de esas instituciones de rechazar la cobertura de medicamentos muy específicos para atender las enfermedades más complejas, y, en muchos casos, hasta la negativa a cubrir integralmente determinados servicios de atención de la salud.

Aunque el sistema de cobertura médico está directamente relacionado con el aporte y el acceso a los planes que pueden pagar cada afiliado, al margen de la cobertura general que brinda el Plan Médico Obligatorio el (PMO), una especie de programa básico que viene a ser el piso de las prestaciones, llama cada vez más la atención el aumento de situaciones en los que los afiliados no encuentran respuestas a sus planteos en las obras sociales.

Los casos de pacientes afectados de esclerosis múltiple que requieren un régimen con una medicina específica y de costo elevado, además del tratamiento fisioterapéutico, apoyo psicológico y la terapia ocupacional han saltado a la opinión pública en esta semana.

No hay estadísticas ciertas en Tucumán respecto de la incidencia de esta enfermedad, pero se advierte un crecimiento de casos, en particular, entre las mujeres. En general, esta se presenta cuando los pacientes tienen entre 20 y 40 años, por eso, aunque la incidencia es relativamente baja en el contexto general del panorama de la salud, se trata del mayor agente de discapacidad entre gente joven, por lo que una vez diagnosticada, se impone una cobertura de largo tratamiento. Como no se conocen las causas de esta dolencia no se puede prevenir y, por ahora, no existe cura, aunque se puede tratar, por lo que el paciente demandará de una amplia y a la vez prolongada atención médica y la consecuente administración de medicamentos.

Así, para los pacientes y sus familiares, tras el diagnóstico médico, les espera un largo, tedioso y complicado camino burocrático que sortear para que su obra social le resuelva el problema, cuando el panorama podría estar resuelto de antemano, con un agregado puntual donde se defina el compromiso y la responsabilidad de la organización. Otro tanto -se conoce- ocurre en el mundo de las empresa de medicina prepaga, cuando los socios se enfrentan a ciertos casos como el comentado y que deben buscar respuesta. Y son cada vez más los pacientes que se ven obligados a recurrir a la Justicia en demanda de un amparo para enfrentar el drama de salud que los envuelve, ante la falta de respuesta positiva o frente a una demora excesiva en la atención.

Específicamente, los jubilados del PAMI deben armarse de una meticulosa paciencia también para obtener algún tipo de solución a sus requerimientos que presentan ante las oficinas. Personas mayores de edad, muchas de ellas con serios achaques de salud, a veces en medio de la soledad y el desamparo, se encuentran con que el sanatorio al que acudían ha dejado de prestar servicios para la institución, que el médico que los atendía renunció a la obra social, que los cuidadores que disponían dejaron de trabajar ante la tardanza en cobrar sus honorarios, que algunos remedios de entrega gratuita demoran en llegar, que los anteojos o audífonos que necesita no se ajustan a necesidad, entre otros muchos reclamos colectados. Lo que surge a primera vista ante este cuadro es la falta de control y compromiso del Estado y de sus organismos en la gestión, en vista a garantizar ciertos servicios, por más complejos que resultaran. Pero si en el ámbito privado, la falta de una administración eficaz es un hecho alarmante, es realmente injurioso lo que surge de las coberturas del PAMI, un organismo que pertenece a las entrañas del Estado y al que muchas veces cedió fondos en detrimento de sus propias prestaciones.