Las contrataciones sin licitación pública

Finalmente y en un trámite veloz, la Legislatura aprobó el proyecto de ley para habilitar al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) a efectuar contrataciones directas para gastar los $ 7,4 millones que otorgó el Ministerio de Salud de la Nación, a modo de subsidio, para la refacción del segundo piso del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes. El atajo legal para utilizar estos recursos sin tomar en cuenta el trámite de una licitación pública fue impulsado por el propio Poder Ejecutivo provincial y ratificado por la bancada del oficialismo legislativo.

El procedimiento del llamado a licitación para la compra de bienes, servicios y gastos en general por montos millonarios tiene rango constitucional en la provincia, por lo que con esta iniciativa el Gobierno ha buscado sortear esa disposición. Los argumentos de que el trámite licitatorio demanda varios meses de seguimientos administrativos, en especial por el armado de los pliegos, o que la institución a los que se destinarán los fondos necesita reparaciones edilicias urgentes y que estos recursos que llegaron a la provincia en carácter de donación por parte del Ministerio de Salud de la Nación corren el riesgo de perderse (podrían haberse gestionado con antelación, la época de las reparaciones puede estar perfectamente prevista, entre otras cosas), suenan más a justificaciones de ocasión que a un descargo de suficiente peso, como para dejar de lado el cumplimiento estricto de la Carta Magna. Pero, no es la primera vez que la administración provincial echa mano a alternativas como estas para imponer un cambio en las reglas que por ley está obligado a respetar.

Así, con propuestas que no difieren mucho entre uno y otro caso promovido y que suenan más a excusas que a otra cosa, el Gobierno obtiene normalmente el apoyo legislativo que le garantiza la mayoría abrumadora del oficialismo en la Cámara.

Hubo casos de sobreprecios y de reparos administrativos y jurídicos que motivaron una marcha atrás del proceso y denuncias judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes, pero también se registraron otros episodios, como los detectados por el Tribunal de Cuentas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de la provincia que por sus características escandalosas debieran servir de alerta para tomar renovados recaudos de responsabilidad en la gestión pública.

Ocurre que las contrataciones y las compras que realiza el Estado constituyen un factor clave para que sus instituciones y organismos puedan cumplir con las importantes misiones asignadas por la Constitución en la división de los poderes (educación, salud, justicia, defensa, construcción de obras, etc). Por este motivo, y frente a la gran incidencia que esas adquisiciones tienen en el desarrollo del gasto del Estado, resulta fundamental que se promueva la transparencia en esos procedimientos, no sólo para investigar y sancionar eventuales hechos de corrupción sino también, con la intención de prevenir que esos hechos puedan suceder. Se trata entonces de garantizar la transparencia y la credibilidad del orden y la seguridad jurídica en la instrucción de los actos administrativos y no de buscar alternativas que alienten las sospechas o los desmanejos. Aunque un eventual daño al fisco y al patrimonio del Estado lo debe resolver la Justicia, los servidores públicos deberían asumir que su trabajo antes que nada pasa por cumplir con la ley y la Constitución.