"Necesito", "dame", "regalame". Hay personas que sostienen que las calles están repletas de individuos que quieren vivir a costa suya. Son los mismos que en el semáforo cierran la ventanilla cuando les piden una moneda o que se niegan rotundamente a dar una propina, como si un billete menos de $ 2 en la billetera los hiciese más pobres.
El barrio Néstor Kirchner está al sur, junto al canal y donde el cemento empieza a desdibujarse en el campo. En el asentamiento donde vive Barbarita Flores muchas de las más de 600 casillas permanecen cerradas durante la mañana, porque sus dueños se van a trabajar (a trabajar, no a pedir). Es el caso de Fátima Costilla: por la mañana limpia un estudio jurídico y por la tarde asiste a clases para convertirse en maestra jardinera. O el del esposo de otra vecina, Fabiana Rodríguez, que todas las mañanas sale a vender repasadores puerta a puerta. Los ejemplos sobran. Es que ahí no sólo hace falta dinero para comer. En los asentamientos todo se paga: un lote de no más de 3 x 5 metros puede costar desde $ 800 hasta mucho más de $ 1.000 (a la letrina la llegan a compartir entre cinco familias); una casilla vieja de madera, arriba de $600, y un tanque plástico cortado a la mitad para acumular algo de agua, $ 100. A eso hay que sumarle otros gastos infames, como lo que los punteros políticos les cobran para gestionarles alguna ayuda oficial, por ejemplo.
Decir que todas las personas que ocupan un lote en un asentamiento (es decir, en un pedazo de tierra que legalmente no les pertenece) quieren vivir a costa de los que pagan los impuestos suena a reduccionismo discriminatorio. Es innegable que existe un ejército que, al calor de los planes sociales, no está dispuesto a mover un dedo por progresar. Pero no siempre es así. A aquellos que así lo creen quizás les haga falta un viaje a alguna de esas zonas que están dentro de la ciudad pero que, a fuerza de carencias, parecen haber quedado afuera.
El barrio Néstor Kirchner está al sur, junto al canal y donde el cemento empieza a desdibujarse en el campo. En el asentamiento donde vive Barbarita Flores muchas de las más de 600 casillas permanecen cerradas durante la mañana, porque sus dueños se van a trabajar (a trabajar, no a pedir). Es el caso de Fátima Costilla: por la mañana limpia un estudio jurídico y por la tarde asiste a clases para convertirse en maestra jardinera. O el del esposo de otra vecina, Fabiana Rodríguez, que todas las mañanas sale a vender repasadores puerta a puerta. Los ejemplos sobran. Es que ahí no sólo hace falta dinero para comer. En los asentamientos todo se paga: un lote de no más de 3 x 5 metros puede costar desde $ 800 hasta mucho más de $ 1.000 (a la letrina la llegan a compartir entre cinco familias); una casilla vieja de madera, arriba de $600, y un tanque plástico cortado a la mitad para acumular algo de agua, $ 100. A eso hay que sumarle otros gastos infames, como lo que los punteros políticos les cobran para gestionarles alguna ayuda oficial, por ejemplo.
Decir que todas las personas que ocupan un lote en un asentamiento (es decir, en un pedazo de tierra que legalmente no les pertenece) quieren vivir a costa de los que pagan los impuestos suena a reduccionismo discriminatorio. Es innegable que existe un ejército que, al calor de los planes sociales, no está dispuesto a mover un dedo por progresar. Pero no siempre es así. A aquellos que así lo creen quizás les haga falta un viaje a alguna de esas zonas que están dentro de la ciudad pero que, a fuerza de carencias, parecen haber quedado afuera.
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