Por Álvaro José Aurane
10 Noviembre 2012
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Fue de una masividad descomunal. Y tan multitudinario como heterogéneo. Y tan pacífico como legítimo. En las cacerolas del 8 de noviembre hirvieron reclamos económicos y financieros, como el repudio contra el cepo cambiario, la inflación absurdamente negada por el Estado y las restricciones a las importaciones. Pero también hubo ingredientes sociales, como el repudio contra la inseguridad. Y, lo notable, también se cocinaron las demandas de división de poderes, respeto por la Constitución y alternancia de gobernantes sin reelección indefinida. La calidad institucional no es una entelequia teórica: la porción del pueblo que marchó la pidió con gritos y carteles.
Fue una jornada de democracia. Y en nombre de esa democracia, es tan válido estar en favor de esa protesta como estar en contra. Para que haya disenso y pluralismo, deben ser consideradas atendibles tanto las razones de los que cuestionan el "modelo" como las de quienes lo defienden. Lo dijo la propia Presidenta: no todos tienen que pensar lo mismo. Y así como unos demandan un cambio en las políticas oficiales, ella, en nombre de otros, no torcerá el rumbo de la gestión.
El Estado garantizó la seguridad de los ciudadanos y los ciudadanos no protagonizaron incidentes. El oficialismo dejó marchar en paz, y los que marcharon no convocaron rebeliones fiscales ni tomaron edificios públicos: se hicieron escuchar y se fueron a dormir. ¿Por qué, entonces, el esfuerzo de importantes sectores del kirchnerismo por seguir pregonando en los medios y en las redes sociales que se trata de manifestaciones destituyentes, gorilas, golpistas y demás demonios? Porque, en términos políticos, lo que preocupa al oficialismo no es el contenido de la manifestación sino lo que la materialización de la protesta en sí misma enseña.
Lo aprendido
La lección es que buena parte de la sociedad aprendió, en tres décadas de continuidad institucional, que en democracia se puede castigar al poder sin desestabilizar. Y no lo entendió en los cacerolazos sino en las urnas. Fue en 2009. En los comicios parlamentarios nacionales que se dan en la mitad del mandato presidencial. En la elección que perdió Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Dos años después, Cristina Fernádez fue reelecta con el 54% de los votos.
En octubre, dentro de 50 semanas, se celebran los próximos comicios parlamentarios de mitad de mandato presidencial. Y por eso, el kirchnerista que no repite el estribillo de los "destituyentes" se inscribe en el nuevo lugar común "K": los que cacerolean no tienen quién los represente. No debe sorprender que un Gobierno que declara inflaciones mensuales del 0,8% lea que la multitud apiñada en Olivos no estaba repudiando las políticas oficiales sino reclamando un líder opositor. Pero tampoco hay que olvidar que hace tres años, Francisco de Narváez no era "señor representación" (hoy, menos) y sin embargo fue elegido como instrumento del voto castigo en Buenos Aires, donde vive medio país.
Lo especulado
El fantasma de 2009 todavía no espanta a los oficialistas tucumanos, pero sí los hace reflexionar. Y especular. Hasta tal punto que, si hubiera que definir mañana los candidatos a diputados para 2013, no están tan seguros de que la Presidenta fuera a imponer algún nombre en la nómina. Afirman, al respecto, que luego de que en 2005 el alperovichismo se llevara las cuatro bancas en juego, la Casa Rosada pidió lugares en las listas porque en Tucumán ganaban cómodos. Pero "si no hay margen"...
Justamente, el análisis de escenarios en la Casa de Gobierno tucumana no se agota en la elección de parlamentarios. La palabra "margen" mantiene encendido el proyecto vernáculo de reforma constitucional. Resulta tan azaroso como baladí determinar si el gobernador quiere o no más mandatos consecutivos: lo cierto es que habilitar más reelecciones le conviene. Porque aunque él decida no buscar un cuarto período seguido, sí lo intentarán los legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales que, de otro modo, deberán pelear por otro cargo público... por dentro o por fuera del oficialismo. El status quo pacifica las huestes.
La continuidad del alperovichismo (con o sin "José"), entonces, se teje con una certeza, con una especulación y con un temor. Ahí dentro, no tienen dudas de que Cristina dirá la última palabra sobre una reforma local. ¿Qué calculan? Que ella puede decir "no", esencialmente, si tiene "margen" para que la provincia siga en manos kirchneristas. Ese miedo (con Beatriz Rojkés reducida literalmente a la mínima expresión desde hace meses) se llama Domingo Amaya.
Lo perdido
José Alperovich eligió ver el cacerolazo por TV y desde Dubai. Por un lado, seguramente, para no presenciar en vivo y en directo las cantatas en su contra en la plaza saturada de ciudadanos que no fueron movilizados con las promesas y los colectivos del aparato político. Por otro, acaso, porque la protesta es de naturaleza nacional y debe resultarle duro poner la cara por un Gobierno central que, en los hechos, dice hacerle a la Provincia "mimos" que sólo se ven por TV.
El kirchnerismo le sale caro al alperovichismo, y por mucho -pero mucho- más que los $ 750 millones en fondos discrecionales que llegaban todos los años, menos este, y que -como ya se ha dicho- se convirtieron en el "déficit de arranque" del ejercicio presupuestario provincial.
En lo que va de este año, el "cariño" del cristinismo ha consistido en que la Nación le cobra a Tucumán lo que no debiera, mientras incumple con pagar lo comprometido. Y todo en el marco de una misma normativa: el Pacto Fiscal de los tiempos de De la Rúa, que dejó de ser ratificado por las provincias en 2006.
En virtud de ese acuerdo, las provincias ceden el 15% de la Coparticipación Federal de Impuestos para evitar el desfinanciamiento... de las AFJP. Aunque estas administradoras dejaron de existir, la Nación sigue quedándose con los fondos tucumanos: este año, unos $ 550 millones.
Pero ese mismo pacto es también una garantía firmada por la Nación de que distribuiría entre las provincias nunca menos del 34% de los recursos que administrase: en lo que va de este año, ese reparto no alcanza ni siquiera el 27%. Es decir, unos $ 200 millones menos para Tucumán.
Y falta el Impuesto al Cheque.
Lo resignado
Mientras del IVA se distribuye el 44,5% a las provincias (la Nación toma el 31,2% y el 24,3% restante va a la Anses), del tributo a los créditos y a los débitos bancarios sólo se coparticipa el 15% a las provincias (el 4,5% le toca a la Anses y el 80,5% a la Casa Rosada). ¿Cómo se traduce esto en cifras? En octubre, la Nación recaudó $ 3.700 millones por el Impuesto al Cheque, de los que fueron $ 550 millones a las provincias y a Tucumán le tocaron unos $ 27 millones, por el 4,89% que es el porcentaje de Coparticipación asignado.
Si la Nación repartiera ese tributo igual que el IVA, el mes pasado hubiera girado $ 1.646,5 millones a las provincias. Y Tucumán habría recibido $ 80,5 millones: $ 53,4 millones más. O $ 2,4 millones más por día hábil.
Es una cifra constante. En marzo, la recaudación nacional por Impuesto al Cheque fue de $ 3.400 millones. A Tucumán, con el esquema actual, le tocaron $ 25 millones. Pero si repartieran los fondos de ese tributo con los porcentajes del IVA, la provincia hubiera recibido $ 74 millones. O sea, $ 49 millones más. Es decir, 2,2 millones más por día hábil.
A $ 2,3 millones promedio por día hábil, si la Nación liquidara entre las provincias el Impuesto al Cheque igual que el IVA, en este año de 244 jornadas laborales, Tucumán habría recibido algo más de $ 560 millones extra. Sumados a lo que sí descuenta y a lo que no paga por el Pacto Fiscal, la primera impresión es que la Casa Rosada le debe a la Provincia más de $ 1.300 millones.
Pero no es así.
Lo que la Nación le debe a los tucumanos equivale a 94 kilómetros de asfalto de la traza alternativa de la Ruta 38: el último costo oficialmente reconocido es $ 14 millones por kilómetro. O sea, la autopista prometida, cuya ausencia los comprovincianos pagan con su vida. Si gustan más los hospitales como el ex ADOS, por el que el PAMI invertirá $ 36 millones, son 36 hospitales como el Néstor Kirchner: dos por cada municipalidad del interior tucumano... Y eso es sólo por 2012.
Lo devuelto
El alperovichismo con plata tampoco es mejor. Esto se vio en el arranque de noviembre, luego de que octubre fuera el mejor mes del año para Tucumán en materia de la Coparticipación: llegaron $ 40 millones más que de costumbre. ¿La razón? La recaudación nacional del Impuesto a las Ganancias (tributo que pagan los argentinos por trabajar, esa práctica oligarca que desemboca en un lujo suntuario llamado salario): reportó $ 12.500 millones, o sea un alza interanual de 40%. Sumado a que el Gobierno central no está liquidando los derechos de exportación.
Con esos fondos, la Nación terminó de compensar los $ 55 millones por debajo de lo presupuestado que giró entre enero y julio, período durante el cual el alperovichismo pasó de certificar obras por $ 60 millones por mes a sólo hacerlo por $ 14 millones.
¿Qué hizo el alperovichismo con plata? A microescala, cerrar su organismo crediticio. Aunque cueste imaginar un banco privado cerrando un día hábil por desinfección, eso ocurrió este lunes con la Caja Popular de Ahorros. Ese mismo día, el secretario de Hacienda de la Provincia, Rolando Steimberg, el gerente financiero de la Caja, Arnaldo Orellana, y el auditor general interno, Luis Zelaya, concretaron en el Banco del Tucumán la devolución del 10% de los $ 172 millones que el Gobierno tomó de los fondos de garantía de seguros de la CPA. Se debitaron $ 17 millones de la cuenta 20097091-8 del Poder Ejecutivo, y se acreditaron en la cuenta 20097313-9, de la Caja.
¿Por qué esta devolución, a pocos días del manotazo? ¿No era que la plata que se le tomaba del fondo de garantía no afectaba para nada a la Caja, que iba a poder funcionar perfectamente?
Lo disfrazado
A macroescala, en la Legislatura, el alperovichismo decidió tercerizar la adjudicación de obras públicas. El oficialismo aprobó en mayo la Ley 8.500, por la cual autorizó al Instituto de Vivienda a adjudicar de manera directa las obras para el "Emprendimiento Manantial Sur", de lotes con infraestructura. Y el miércoles pasado aprobó otra ley, que ordena a las empresas que resulten adjudicatarias a subcontratar el 30% de los trabajos.
En otras palabras: cuando el Estado contrate, lo hará mediante instrumento público y se conocerá a quién otorga los contratos. Cuando esas empresas subcontraten, los harán por instrumento privado. Podrán pagarle con plata del Estado a cualquier empresa, sea quien sea su propietario, sin que nadie lo averigüe.
A renglón seguido, y amordazando a la oposición, el oficialismo modificó el orden del día y, junto con esa ley, hizo votar otra: autoriza de nuevo al Ipvdu a contratar otra vez de manera directa a las empresas que harán "soluciones habitacionales". ¿En seis meses votará otra norma ordenando la subcontratación?
La política del oficialismo es el principal problema económico de esta provincia.
Fue una jornada de democracia. Y en nombre de esa democracia, es tan válido estar en favor de esa protesta como estar en contra. Para que haya disenso y pluralismo, deben ser consideradas atendibles tanto las razones de los que cuestionan el "modelo" como las de quienes lo defienden. Lo dijo la propia Presidenta: no todos tienen que pensar lo mismo. Y así como unos demandan un cambio en las políticas oficiales, ella, en nombre de otros, no torcerá el rumbo de la gestión.
El Estado garantizó la seguridad de los ciudadanos y los ciudadanos no protagonizaron incidentes. El oficialismo dejó marchar en paz, y los que marcharon no convocaron rebeliones fiscales ni tomaron edificios públicos: se hicieron escuchar y se fueron a dormir. ¿Por qué, entonces, el esfuerzo de importantes sectores del kirchnerismo por seguir pregonando en los medios y en las redes sociales que se trata de manifestaciones destituyentes, gorilas, golpistas y demás demonios? Porque, en términos políticos, lo que preocupa al oficialismo no es el contenido de la manifestación sino lo que la materialización de la protesta en sí misma enseña.
Lo aprendido
La lección es que buena parte de la sociedad aprendió, en tres décadas de continuidad institucional, que en democracia se puede castigar al poder sin desestabilizar. Y no lo entendió en los cacerolazos sino en las urnas. Fue en 2009. En los comicios parlamentarios nacionales que se dan en la mitad del mandato presidencial. En la elección que perdió Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Dos años después, Cristina Fernádez fue reelecta con el 54% de los votos.
En octubre, dentro de 50 semanas, se celebran los próximos comicios parlamentarios de mitad de mandato presidencial. Y por eso, el kirchnerista que no repite el estribillo de los "destituyentes" se inscribe en el nuevo lugar común "K": los que cacerolean no tienen quién los represente. No debe sorprender que un Gobierno que declara inflaciones mensuales del 0,8% lea que la multitud apiñada en Olivos no estaba repudiando las políticas oficiales sino reclamando un líder opositor. Pero tampoco hay que olvidar que hace tres años, Francisco de Narváez no era "señor representación" (hoy, menos) y sin embargo fue elegido como instrumento del voto castigo en Buenos Aires, donde vive medio país.
Lo especulado
El fantasma de 2009 todavía no espanta a los oficialistas tucumanos, pero sí los hace reflexionar. Y especular. Hasta tal punto que, si hubiera que definir mañana los candidatos a diputados para 2013, no están tan seguros de que la Presidenta fuera a imponer algún nombre en la nómina. Afirman, al respecto, que luego de que en 2005 el alperovichismo se llevara las cuatro bancas en juego, la Casa Rosada pidió lugares en las listas porque en Tucumán ganaban cómodos. Pero "si no hay margen"...
Justamente, el análisis de escenarios en la Casa de Gobierno tucumana no se agota en la elección de parlamentarios. La palabra "margen" mantiene encendido el proyecto vernáculo de reforma constitucional. Resulta tan azaroso como baladí determinar si el gobernador quiere o no más mandatos consecutivos: lo cierto es que habilitar más reelecciones le conviene. Porque aunque él decida no buscar un cuarto período seguido, sí lo intentarán los legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales que, de otro modo, deberán pelear por otro cargo público... por dentro o por fuera del oficialismo. El status quo pacifica las huestes.
La continuidad del alperovichismo (con o sin "José"), entonces, se teje con una certeza, con una especulación y con un temor. Ahí dentro, no tienen dudas de que Cristina dirá la última palabra sobre una reforma local. ¿Qué calculan? Que ella puede decir "no", esencialmente, si tiene "margen" para que la provincia siga en manos kirchneristas. Ese miedo (con Beatriz Rojkés reducida literalmente a la mínima expresión desde hace meses) se llama Domingo Amaya.
Lo perdido
José Alperovich eligió ver el cacerolazo por TV y desde Dubai. Por un lado, seguramente, para no presenciar en vivo y en directo las cantatas en su contra en la plaza saturada de ciudadanos que no fueron movilizados con las promesas y los colectivos del aparato político. Por otro, acaso, porque la protesta es de naturaleza nacional y debe resultarle duro poner la cara por un Gobierno central que, en los hechos, dice hacerle a la Provincia "mimos" que sólo se ven por TV.
El kirchnerismo le sale caro al alperovichismo, y por mucho -pero mucho- más que los $ 750 millones en fondos discrecionales que llegaban todos los años, menos este, y que -como ya se ha dicho- se convirtieron en el "déficit de arranque" del ejercicio presupuestario provincial.
En lo que va de este año, el "cariño" del cristinismo ha consistido en que la Nación le cobra a Tucumán lo que no debiera, mientras incumple con pagar lo comprometido. Y todo en el marco de una misma normativa: el Pacto Fiscal de los tiempos de De la Rúa, que dejó de ser ratificado por las provincias en 2006.
En virtud de ese acuerdo, las provincias ceden el 15% de la Coparticipación Federal de Impuestos para evitar el desfinanciamiento... de las AFJP. Aunque estas administradoras dejaron de existir, la Nación sigue quedándose con los fondos tucumanos: este año, unos $ 550 millones.
Pero ese mismo pacto es también una garantía firmada por la Nación de que distribuiría entre las provincias nunca menos del 34% de los recursos que administrase: en lo que va de este año, ese reparto no alcanza ni siquiera el 27%. Es decir, unos $ 200 millones menos para Tucumán.
Y falta el Impuesto al Cheque.
Lo resignado
Mientras del IVA se distribuye el 44,5% a las provincias (la Nación toma el 31,2% y el 24,3% restante va a la Anses), del tributo a los créditos y a los débitos bancarios sólo se coparticipa el 15% a las provincias (el 4,5% le toca a la Anses y el 80,5% a la Casa Rosada). ¿Cómo se traduce esto en cifras? En octubre, la Nación recaudó $ 3.700 millones por el Impuesto al Cheque, de los que fueron $ 550 millones a las provincias y a Tucumán le tocaron unos $ 27 millones, por el 4,89% que es el porcentaje de Coparticipación asignado.
Si la Nación repartiera ese tributo igual que el IVA, el mes pasado hubiera girado $ 1.646,5 millones a las provincias. Y Tucumán habría recibido $ 80,5 millones: $ 53,4 millones más. O $ 2,4 millones más por día hábil.
Es una cifra constante. En marzo, la recaudación nacional por Impuesto al Cheque fue de $ 3.400 millones. A Tucumán, con el esquema actual, le tocaron $ 25 millones. Pero si repartieran los fondos de ese tributo con los porcentajes del IVA, la provincia hubiera recibido $ 74 millones. O sea, $ 49 millones más. Es decir, 2,2 millones más por día hábil.
A $ 2,3 millones promedio por día hábil, si la Nación liquidara entre las provincias el Impuesto al Cheque igual que el IVA, en este año de 244 jornadas laborales, Tucumán habría recibido algo más de $ 560 millones extra. Sumados a lo que sí descuenta y a lo que no paga por el Pacto Fiscal, la primera impresión es que la Casa Rosada le debe a la Provincia más de $ 1.300 millones.
Pero no es así.
Lo que la Nación le debe a los tucumanos equivale a 94 kilómetros de asfalto de la traza alternativa de la Ruta 38: el último costo oficialmente reconocido es $ 14 millones por kilómetro. O sea, la autopista prometida, cuya ausencia los comprovincianos pagan con su vida. Si gustan más los hospitales como el ex ADOS, por el que el PAMI invertirá $ 36 millones, son 36 hospitales como el Néstor Kirchner: dos por cada municipalidad del interior tucumano... Y eso es sólo por 2012.
Lo devuelto
El alperovichismo con plata tampoco es mejor. Esto se vio en el arranque de noviembre, luego de que octubre fuera el mejor mes del año para Tucumán en materia de la Coparticipación: llegaron $ 40 millones más que de costumbre. ¿La razón? La recaudación nacional del Impuesto a las Ganancias (tributo que pagan los argentinos por trabajar, esa práctica oligarca que desemboca en un lujo suntuario llamado salario): reportó $ 12.500 millones, o sea un alza interanual de 40%. Sumado a que el Gobierno central no está liquidando los derechos de exportación.
Con esos fondos, la Nación terminó de compensar los $ 55 millones por debajo de lo presupuestado que giró entre enero y julio, período durante el cual el alperovichismo pasó de certificar obras por $ 60 millones por mes a sólo hacerlo por $ 14 millones.
¿Qué hizo el alperovichismo con plata? A microescala, cerrar su organismo crediticio. Aunque cueste imaginar un banco privado cerrando un día hábil por desinfección, eso ocurrió este lunes con la Caja Popular de Ahorros. Ese mismo día, el secretario de Hacienda de la Provincia, Rolando Steimberg, el gerente financiero de la Caja, Arnaldo Orellana, y el auditor general interno, Luis Zelaya, concretaron en el Banco del Tucumán la devolución del 10% de los $ 172 millones que el Gobierno tomó de los fondos de garantía de seguros de la CPA. Se debitaron $ 17 millones de la cuenta 20097091-8 del Poder Ejecutivo, y se acreditaron en la cuenta 20097313-9, de la Caja.
¿Por qué esta devolución, a pocos días del manotazo? ¿No era que la plata que se le tomaba del fondo de garantía no afectaba para nada a la Caja, que iba a poder funcionar perfectamente?
Lo disfrazado
A macroescala, en la Legislatura, el alperovichismo decidió tercerizar la adjudicación de obras públicas. El oficialismo aprobó en mayo la Ley 8.500, por la cual autorizó al Instituto de Vivienda a adjudicar de manera directa las obras para el "Emprendimiento Manantial Sur", de lotes con infraestructura. Y el miércoles pasado aprobó otra ley, que ordena a las empresas que resulten adjudicatarias a subcontratar el 30% de los trabajos.
En otras palabras: cuando el Estado contrate, lo hará mediante instrumento público y se conocerá a quién otorga los contratos. Cuando esas empresas subcontraten, los harán por instrumento privado. Podrán pagarle con plata del Estado a cualquier empresa, sea quien sea su propietario, sin que nadie lo averigüe.
A renglón seguido, y amordazando a la oposición, el oficialismo modificó el orden del día y, junto con esa ley, hizo votar otra: autoriza de nuevo al Ipvdu a contratar otra vez de manera directa a las empresas que harán "soluciones habitacionales". ¿En seis meses votará otra norma ordenando la subcontratación?
La política del oficialismo es el principal problema económico de esta provincia.
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