11 Noviembre 2012 Seguir en 
Argentina se enfrenta a la posibilidad de una nueva crisis de deuda, una década después de declarar la mayor cesación de pagos de su historia, luego de un fallo judicial en Estados Unidos que la obliga a remunerar a los acreedores de bonos impagos cada vez que paga sus títulos reestructurados.
Cerca de un 93% de los tenedores de bonos argentinos acordó participar en dos canjes de deuda en 2005 y en 2010, pero aquellos que se negaron continúan presionando en tribunales para cobrar. Hace dos semanas, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan avaló un fallo previo del juez Thomas Griesa, que indicó que Argentina violó la provisión en los bonos que estipula un trato igualitario a los acreedores, una cláusula conocida como "pari passu", al ignorar a los inversores que no aceptaron esas operaciones de canje. El fallo generó una ola de ventas de estos bonos.
Funcionarios dijeron que los fondos "buitres", como la Argentina llama a los inversores que no aceptaron reestructurar la deuda, no cobrarán nada y aseguraron que el país se defenderá en todas las instancias judiciales. Ahora está pendiente que Griesa, a pedido de la corte de apelaciones, expida pronto un dictamen sobre cómo compensar a esos acreedores.
La presidenta Cristina Kirchner dijo que el país seguirá honrando sus deudas con el 93% de los acreedores que participaron en las reestructuraciones de deuda impaga producto del incumplimiento del 2001/2002. Los acreedores -los fondos NML Capital Ltd y Aurelius Capital Management- buscan recuperar 1.400 millones de dólares.
A continuación, escenarios posibles que, según expertos, Argentina puede enfrentar tras el fallo de la corte de apelaciones de Nueva York:
Apelación ante la Corte
El Gobierno argentino podría llevar al máximo tribunal estadounidense su reclamo de fondo sobre la cláusula "pari passu" argumentando que no cometió ninguna discriminación debido a que los fondos "buitres" podrían haberse presentado a los dos canjes de deuda. Si aceptara estudiar el caso, la corte debería aclarar si esta decisión tiene efectos suspensivos sobre el proceso, lo que implica que, hasta que emita una sentencia, el fallo del tribunal de apelaciones no entra en vigencia. Pero, el país sudamericano está jugando una carrera contrarreloj. La corte de apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan le pidió a Griesa que defina una fórmula de pago para resarcir a los tenedores de deuda no reestructurada. El tribunal podría revisar rápidamente la propuesta para llevarla adelante en diciembre. Ese mes, Argentina enfrenta vencimientos de deuda bajo la ley de Nueva York por unos 3.300 millones de dólares. Si la corte de apelaciones ordena al agente de pagos argentino en Estados Unidos, el Bank of New York Mellon, retener parte de estos fondos para resarcir a los "buitres", los tenedores de deuda reestructurada recibirían menos de lo que les corresponde y Argentina entraría en una cesación de pagos.
Buenos Aires también podría apelar la decisión de Griesa para ganar tiempo. Como en el caso de la Corte Suprema, nuevamente la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan debería decidir si acepta revisar el caso con fines suspensivos. De lo contrario, la fórmula de pago de Griesa se aplicaría sin importar que las apelaciones hayan sido aceptadas.
Algunos expertos consultados, como el abogado especializado Eugenio Bruno, creen que el caso sería aceptado por la Corte Suprema debido a sus implicancias jurídicas para futuras reestructuraciones de deuda pública o privada. Por esas implicancias son varios los expertos, como el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen -uno de los arquitectos de la reestructuración de 2005-, que recomiendan a la Argentina buscar más que un apoyo retórico del Gobierno estadounidense. Pero el hecho de que Argentina se mantenga sin negociar por su deuda impaga con el Club de París, ni respete fallos del tribunal arbitral Ciadi, ni haya entablado un diálogo con la petrolera española Repsol para compensarla por la expropiación de YPF, dan pocas oportunidades al país para que sume apoyos de gobiernos para su causa. En el camino de su defensa, Argentina podría suspender la llamada "ley cerrojo" y reabrir el canje de deuda para apoyar el argumento de que no discrimina a acreedores en forma impropia. La norma impide al Gobierno lanzar un canje de deuda o negociar con tenedores de bonos no reestructurados sin la aprobación del Congreso. Pero, esa opción, rechazada hasta el momento por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, no asegura el fin de los litigios, ya que posiblemente los tenedores de bonos incumplidos ("holdouts") volverían a rechazar participar de un canje de deuda. Un nuevo incumplimiento aumentaría la inseguridad jurídica en Argentina, cuyo gobierno es criticado por inversores extranjeros por su control sobre la economía.
Ignorar el fallo
Si pierde su batalla tras las apelaciones, o la justicia no congela el proceso de pago mientras las estudia, Argentina podría negarse a aplicar la fórmula de compensación propuesta por Griesa. Esta posibilidad es vista como posible dado que el país ha disputado cada decisión judicial en favor de los "buitres" y se negó a acatar algunas sentencias que dispusieron que se los compense por daños.
Si la corte de apelaciones establece que parte de los fondos transferidos por Argentina a Nueva York para pagar vencimientos de deuda deben ir a los inversores que no aceptaron los canjes, el país sudamericano se enfrenta a la alternativa de enviar más dinero o permitir que se dispare un default.
Otra opción sería cambiar la forma de pago de los bonos para abonarlos fuera de EEUU. Pero varios expertos dicen que un cambio en el contrato implicaría una cesación de pagos técnica. Argentina podría tratar de obtener el apoyo de dos tercios de los acreedores para cambiar los términos de los títulos, pero es difícil que éstos acepten cobrar en el país. Los inversores también cederían garantías legales que tienen en EEUU si aceptaran recibir los pagos en Argentina.
Otro elemento clave es si terceras partes, como los bancos intermediarios estarán obligados a cumplir con la orden de la corte. Además del Bank of New York Mellon, en el proceso de pago participan entidades de clearing como DTCC, Euroclear y Clearstream, ninguna de las cuales debe estar entusiasmada de estar en el centro de una amarga disputa legal.
Pago a los "holdouts"
Aunque luce improbable, Argentina podría terminar pagándole a los "holdouts", ya sea cumpliendo con el fallo de la corte y haciéndoles desembolsos por sus tenencias, o llegando a algún acuerdo. Esto podría disparar demandas de acreedores que aceptaron participar de los canjes. Para resarcir a los tenedores de bonos incumplidos, el Gobierno debería primero suspender la "ley cerrojo". Abogados vinculados a esos fondos consideran que Argentina está cerca de un punto de no retorno, ya que debería optar pronto por buscar un acuerdo con los litigantes o empezar a remunerar sus tenencias.
Ese punto de no retorno fue alcanzado por Perú en 2000, cuando la firma matriz de NML, Elliott Associates, usó esta misma cláusula de "pari passu" para buscar bloquear un canje de deuda peruana. Entonces, Elliott convenció a una corte belga de que bajo esa cláusula todos los acreedores deberían ser tratados con igualdad. Perú llegó a un acuerdo con Elliot para evitar caer en default, pero los montos involucrados en la negociación eran mucho más bajos que los que se reclama a Argentina, que algunos analistas estiman en unos 11.000 millones de dólares por la deuda no reestructurada.
Cerca de un 93% de los tenedores de bonos argentinos acordó participar en dos canjes de deuda en 2005 y en 2010, pero aquellos que se negaron continúan presionando en tribunales para cobrar. Hace dos semanas, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan avaló un fallo previo del juez Thomas Griesa, que indicó que Argentina violó la provisión en los bonos que estipula un trato igualitario a los acreedores, una cláusula conocida como "pari passu", al ignorar a los inversores que no aceptaron esas operaciones de canje. El fallo generó una ola de ventas de estos bonos.
Funcionarios dijeron que los fondos "buitres", como la Argentina llama a los inversores que no aceptaron reestructurar la deuda, no cobrarán nada y aseguraron que el país se defenderá en todas las instancias judiciales. Ahora está pendiente que Griesa, a pedido de la corte de apelaciones, expida pronto un dictamen sobre cómo compensar a esos acreedores.
La presidenta Cristina Kirchner dijo que el país seguirá honrando sus deudas con el 93% de los acreedores que participaron en las reestructuraciones de deuda impaga producto del incumplimiento del 2001/2002. Los acreedores -los fondos NML Capital Ltd y Aurelius Capital Management- buscan recuperar 1.400 millones de dólares.
A continuación, escenarios posibles que, según expertos, Argentina puede enfrentar tras el fallo de la corte de apelaciones de Nueva York:
Apelación ante la Corte
El Gobierno argentino podría llevar al máximo tribunal estadounidense su reclamo de fondo sobre la cláusula "pari passu" argumentando que no cometió ninguna discriminación debido a que los fondos "buitres" podrían haberse presentado a los dos canjes de deuda. Si aceptara estudiar el caso, la corte debería aclarar si esta decisión tiene efectos suspensivos sobre el proceso, lo que implica que, hasta que emita una sentencia, el fallo del tribunal de apelaciones no entra en vigencia. Pero, el país sudamericano está jugando una carrera contrarreloj. La corte de apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan le pidió a Griesa que defina una fórmula de pago para resarcir a los tenedores de deuda no reestructurada. El tribunal podría revisar rápidamente la propuesta para llevarla adelante en diciembre. Ese mes, Argentina enfrenta vencimientos de deuda bajo la ley de Nueva York por unos 3.300 millones de dólares. Si la corte de apelaciones ordena al agente de pagos argentino en Estados Unidos, el Bank of New York Mellon, retener parte de estos fondos para resarcir a los "buitres", los tenedores de deuda reestructurada recibirían menos de lo que les corresponde y Argentina entraría en una cesación de pagos.
Buenos Aires también podría apelar la decisión de Griesa para ganar tiempo. Como en el caso de la Corte Suprema, nuevamente la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan debería decidir si acepta revisar el caso con fines suspensivos. De lo contrario, la fórmula de pago de Griesa se aplicaría sin importar que las apelaciones hayan sido aceptadas.
Algunos expertos consultados, como el abogado especializado Eugenio Bruno, creen que el caso sería aceptado por la Corte Suprema debido a sus implicancias jurídicas para futuras reestructuraciones de deuda pública o privada. Por esas implicancias son varios los expertos, como el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen -uno de los arquitectos de la reestructuración de 2005-, que recomiendan a la Argentina buscar más que un apoyo retórico del Gobierno estadounidense. Pero el hecho de que Argentina se mantenga sin negociar por su deuda impaga con el Club de París, ni respete fallos del tribunal arbitral Ciadi, ni haya entablado un diálogo con la petrolera española Repsol para compensarla por la expropiación de YPF, dan pocas oportunidades al país para que sume apoyos de gobiernos para su causa. En el camino de su defensa, Argentina podría suspender la llamada "ley cerrojo" y reabrir el canje de deuda para apoyar el argumento de que no discrimina a acreedores en forma impropia. La norma impide al Gobierno lanzar un canje de deuda o negociar con tenedores de bonos no reestructurados sin la aprobación del Congreso. Pero, esa opción, rechazada hasta el momento por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, no asegura el fin de los litigios, ya que posiblemente los tenedores de bonos incumplidos ("holdouts") volverían a rechazar participar de un canje de deuda. Un nuevo incumplimiento aumentaría la inseguridad jurídica en Argentina, cuyo gobierno es criticado por inversores extranjeros por su control sobre la economía.
Ignorar el fallo
Si pierde su batalla tras las apelaciones, o la justicia no congela el proceso de pago mientras las estudia, Argentina podría negarse a aplicar la fórmula de compensación propuesta por Griesa. Esta posibilidad es vista como posible dado que el país ha disputado cada decisión judicial en favor de los "buitres" y se negó a acatar algunas sentencias que dispusieron que se los compense por daños.
Si la corte de apelaciones establece que parte de los fondos transferidos por Argentina a Nueva York para pagar vencimientos de deuda deben ir a los inversores que no aceptaron los canjes, el país sudamericano se enfrenta a la alternativa de enviar más dinero o permitir que se dispare un default.
Otra opción sería cambiar la forma de pago de los bonos para abonarlos fuera de EEUU. Pero varios expertos dicen que un cambio en el contrato implicaría una cesación de pagos técnica. Argentina podría tratar de obtener el apoyo de dos tercios de los acreedores para cambiar los términos de los títulos, pero es difícil que éstos acepten cobrar en el país. Los inversores también cederían garantías legales que tienen en EEUU si aceptaran recibir los pagos en Argentina.
Otro elemento clave es si terceras partes, como los bancos intermediarios estarán obligados a cumplir con la orden de la corte. Además del Bank of New York Mellon, en el proceso de pago participan entidades de clearing como DTCC, Euroclear y Clearstream, ninguna de las cuales debe estar entusiasmada de estar en el centro de una amarga disputa legal.
Pago a los "holdouts"
Aunque luce improbable, Argentina podría terminar pagándole a los "holdouts", ya sea cumpliendo con el fallo de la corte y haciéndoles desembolsos por sus tenencias, o llegando a algún acuerdo. Esto podría disparar demandas de acreedores que aceptaron participar de los canjes. Para resarcir a los tenedores de bonos incumplidos, el Gobierno debería primero suspender la "ley cerrojo". Abogados vinculados a esos fondos consideran que Argentina está cerca de un punto de no retorno, ya que debería optar pronto por buscar un acuerdo con los litigantes o empezar a remunerar sus tenencias.
Ese punto de no retorno fue alcanzado por Perú en 2000, cuando la firma matriz de NML, Elliott Associates, usó esta misma cláusula de "pari passu" para buscar bloquear un canje de deuda peruana. Entonces, Elliott convenció a una corte belga de que bajo esa cláusula todos los acreedores deberían ser tratados con igualdad. Perú llegó a un acuerdo con Elliot para evitar caer en default, pero los montos involucrados en la negociación eran mucho más bajos que los que se reclama a Argentina, que algunos analistas estiman en unos 11.000 millones de dólares por la deuda no reestructurada.
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