Podrían darle a la prensa la cláusula de conciencia

BUENOS AIRES.- El oficialismo presentó ayer en mesa de entradas del Senado de la Nación un proyecto de ley para incorporar la cláusula de objeción de conciencia al Estatuto del Periodista Profesional, tal y como lo había solicitado la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto fue presentado por las senadoras del Frente para la Victoria (FPV), Liliana Fellner y Nanci Parrilli. El texto propone modificar la ley nacional Nº 12.908 para que los periodistas puedan "negarse a participar en la elaboración o propagación de informaciones contrarias a los principios de la comunicación".

La iniciativa señala que los periodistas tienen derecho a invocar la cláusula de conciencia ante una serie de circunstancias que podría plantearles la labor profesional.

Las situaciones previstas son:

• "cuando se consideren agraviados y en situación de despido indirecto";

• "cuando se produzca un cambio de orientación informativa o línea ideológica que suponga un riesgo para su independencia física e ideológica";

• "(cuando se) sientan presionados y obligados a participar en la obtención, elaboración y difusión de informaciones contrarias a los principios deontológicos de la profesión, sin que ello pueda suponer perjuicio alguno o sanción";

• "cuando la empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea editorial suponga una ruptura notoria con la orientación profesional del periodista o del medio en el que prestaba servicios";

• "(y cuando) sin su consentimiento (el del periodista) se inserte o retire su firma o autoría; o atribuyere la autoría de un trabajo propio a otro".

La iniciativa todavía no fue girada a ninguna comisión del Senado ni hay urgencia por tratarla, aunque a la Cámara alta todavía le quedan tres sesiones por delante antes de que finalice el año parlamentario.

Entre los fundamentos del proyecto, las senadoras plantearon la necesidad de que los periodistas empiecen a discutir y elaborar su propio "Código de Ética". "El periodista es el responsable de producir la información, por eso requiere una protección básica para asegurar su confianza y credibilidad ante la sociedad", afirmaron.

Semanas atrás, durante un acto en una planta de YPF, la jefa de Estado había pedido "una Ley de Ética Pública para el cuarto poder, para saber si quienes manejan la información pública reciben dinero de alguna empresa". En la Cámara de Diputados, el oficialista Héctor Recalde ha presentado en agosto un proyecto similar. (NA)