Acuden a la Justicia por los fondos de la Caja

Cano denunció al titular de la Superintendencia de Seguros por avalar un canje

Por Redacción Política 03 Noviembre 2012
La disputa por la cesión de unos $ 170 millones de la Caja Popular de Ahorros (CPA) al Poder Ejecutivo ya no involucra sólo al gremio bancario y al Gobierno provincial. El jueves, el senador nacional José Cano y el diputado nacional Manuel Garrido -ambos de la UCR- denunciaron ante la Justicia Federal al titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Juan Antonio Bontempo, por haber autorizado esa operatoria.

En esa presentación, los radicales responsabilizan a Bontempo por haber avalado -el 26 de septiembre- una sustitución de garantías del Departamento Seguros de la Caja Popular por Letras de Tesorería del Estado. La autorización cuestionada por los opositores, según la denuncia, está incluida en el expediente N° 57.871 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, firmada por Bontempo.

En el escrito, el presidente de la UCR tucumana y el ex fiscal de investigaciones administrativas alertaron que la normativa vigente aclara que para este tipo de inversiones se puede afectar sólo un 20% del capital que posee la entidad crediticia. En este sentido, los radicales afirmaron que el capital de la Caja Popular asciende a unos $ 233 millones, por lo que los $ 170 millones que fueron sustituidos por Letras de Tesorería superarían ampliamente el porcentaje autorizado por la Nación.

Por esta presunta irregularidad, los radicales pidieron que se investigue a Bontempo por el delito de abuso de autoridad. En la acusación, Cano y Garrido detallan que el titular de la Superintendencia de Seguros "habría emitido una decisión que es abiertamente contraria a las leyes nacionales y a su normativa reglamentaria". Además, el senador y el diputado dejaron abierta la posibilidad de denunciar a otros funcionarios públicos.

Dentro de la presentación de los opositores, también se le solicita a la Justicia Federal que allane las oficinas del organismo nacional a los fines de secuestrar el expediente N° 57.871, y que también se ordene una pericia contable a la Caja Popular de Ahorros, para determinar cuál es el volumen de inversiones que posee la única entidad crediticia estatal de la Provincia.

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