Por Miguel Ángel Rouco
04 Noviembre 2012
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BUENOS AIRES.- Una y mil veces, la administración Kirchner dijo desde cada tribuna que ocupó que este no sería el modelo del ajuste. Sin especificar a qué tipo de ajuste se refería, el kirchnerismo se ufanaba de llevar adelante una política de crecimiento económico basada en la redistribución del ingreso. La consigna era, en alguna ocasión, "ayudar a los que menos tienen" o, en otras oportunidades, "asegurar la mesa de los argentinos".
En cualquiera de los dos casos, el gobierno no consiguió alguno de los dos objetivos y ahora, inmerso en un callejón sin salida, se apresta a sumergirse en las aguas de un ajuste, tal vez no buscado, no querido, pero inevitable, fruto de su propia impericia para gobernar.
2013 se presenta como el año del ajuste debido a que los recursos con los que contaba el kirchnerismo se esfumaron y los gastos aumentaron de manera exponencial, a la par que aumenta la inflación.
En algún tiempo, hasta el congelamiento tarifario sirvió como redistribución del ingreso nacional. Sin embargo, hoy se ve agotado y oficia como un salvavidas de plomo para las empresas prestatarias de servicios esenciales que en la actualidad, enfrentan fuertes quebrantos operativos y financieros.
Esto se está traduciendo en términos más llanos en una disminución de los niveles de calidad de los servicios donde los cortes en el suministro y la falta de reposición de capital son moneda corriente.
Las advertencias de las empresas de servicios públicos, las críticas de los expertos y las miles de quejas de los clientes se replican diariamente en los despachos oficiales sin encontrar una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Pero a poco que se inicie 2013, todo va a cambiar. Habrá reajustes tarifarios en todos los servicios, lo que va a significar dos cosas: primero que impactará de manera negativa en la demanda agregada y segundo que esos aumentos serán trasladados a precios, lo que aumentará la velocidad inflacionaria.
Efecto neutralizado
El gobierno cree que esto mejorará sus niveles de ingresos dado que la suba tarifaria conlleva un alto componente impositivo que enriquecerá al Tesoro. Sin embargo, esa "supuesta" suba de ingresos se verá neutralizada con una baja de la demanda agregada que se traducirá en menores ingresos fiscales, con el agravante que la disminución del ritmo de actividad también podría afectar los niveles de empleo.
La otra cara del ajuste va a estar dada por la persistencia de altos niveles de imposición sobre los ingresos medios y bajos que provocarán mayor baja del consumo.
Lo que ocurre en las cuentas nacionales se manifiesta de manera más dramática en las jurisdicciones provinciales.
Un vendaval de ajustes impositivos lanzaron todos los distritos aumentando, en algunos casos, las alícuotas tributarias, en otros, incrementando los montos imponibles o incorporando actividades que no estaban gravadas. Todos estos aumentos de la presión fiscal se cristalizarán en 2013 provocando una fuerte caída de la demanda global de bienes y servicios.
Como queda explícito, si el ajuste pega sobre la demanda, el ingreso y el consumo son los términos más afectados de la ecuación económica y donde el empleo aparecería como el bien social más dañado.
El modelo kirchnerista, tras una década de despilfarro, default, estatizaciones e inflación, termina su gestión aumentando impuestos, tarifas y afectando el empleo y la calidad de vida de los sectores más desprotegidos de la población. Si el ambiente doméstico va camino a un ajuste, el frente externo golpea por doquier.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, además de dar la razón, en un todo, a los demandantes, los puso en paridad con el resto de los bonistas a los que la Argentina está pagando regularmente. La resolución del tribunal estipula que cada vez que la Argentina pague, en Nueva York, sus compromisos a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 deberá saldar la deuda con los holdouts.
Los riesgos
El camino más suave que le queda por delante al gobierno es acatar el fallo y pagar a los denominados "fondos buitres", a menos que quiera seguir corriendo riesgos. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha ratificado que pagará a los bonistas que entraron al canje. Pero si no cumple con el fallo y paga a los bonistas que aceptaron el canje, esos fondos podrían ser embargados, a menos que Fernández de Kirchner esté dispuesta a pagar a los bonistas en algún paraíso fiscal, a través de alguna banca off-shore.
En diciembre, la administración Kirchner debe abonar el capital de los bonos Global 2017, el Discount y los cupones atados al PBI.
Si los fondos buitres logran interceptar esos pagos y les traban embargos, el país caería nuevamente en default porque los que no cobrarían esta vez serían los bonistas que aceptaron el canje.
Este escenario, potencial todavía, dispararía el riesgo país y el costo del seguro ante un eventual default a niveles insostenibles. Sólo con la baja de la nota de la deuda soberana por parte de S&P y Fitch, el riesgo país se ubicó por encima de los 1.000 puntos básicos (pb) y el seguro de default en 1.500 pb.
En rigor, y más allá de estos escenarios, la administración Kirchner nunca se apartó del default. Los fondos buitres y la deuda con el Club de París, más las sentencias en el Centro Internacional de Arreglos de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi) así lo atestiguan. Tampoco las provincias dejaron el default de lado. Los casos de Chaco y el llamado a pesificar por parte de Formosa y Tucumán abonan la especie.
Atrás quedan las bravatas del gobierno para no pagar a los fondos buitres. Atrás quedan los intentos de "malvinizar" la deuda. El mundo financiero ha enviado un claro mensaje: se acabaron los tiempos para la Argentina y hasta es muy probable que el país deba dejar el nucleamiento del G-20 debido al incumplimiento de los fallos y de los compromisos asumidos con el FMI. Y si algún problema le faltaba a la Casa Rosada, otro mensaje llegó también desde Nueva York: la demanda que entabló Repsol contra la Argentina por la confiscación de YPF cayó en manos del juez Thomas Griesa.
En cualquiera de los dos casos, el gobierno no consiguió alguno de los dos objetivos y ahora, inmerso en un callejón sin salida, se apresta a sumergirse en las aguas de un ajuste, tal vez no buscado, no querido, pero inevitable, fruto de su propia impericia para gobernar.
2013 se presenta como el año del ajuste debido a que los recursos con los que contaba el kirchnerismo se esfumaron y los gastos aumentaron de manera exponencial, a la par que aumenta la inflación.
En algún tiempo, hasta el congelamiento tarifario sirvió como redistribución del ingreso nacional. Sin embargo, hoy se ve agotado y oficia como un salvavidas de plomo para las empresas prestatarias de servicios esenciales que en la actualidad, enfrentan fuertes quebrantos operativos y financieros.
Esto se está traduciendo en términos más llanos en una disminución de los niveles de calidad de los servicios donde los cortes en el suministro y la falta de reposición de capital son moneda corriente.
Las advertencias de las empresas de servicios públicos, las críticas de los expertos y las miles de quejas de los clientes se replican diariamente en los despachos oficiales sin encontrar una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Pero a poco que se inicie 2013, todo va a cambiar. Habrá reajustes tarifarios en todos los servicios, lo que va a significar dos cosas: primero que impactará de manera negativa en la demanda agregada y segundo que esos aumentos serán trasladados a precios, lo que aumentará la velocidad inflacionaria.
Efecto neutralizado
El gobierno cree que esto mejorará sus niveles de ingresos dado que la suba tarifaria conlleva un alto componente impositivo que enriquecerá al Tesoro. Sin embargo, esa "supuesta" suba de ingresos se verá neutralizada con una baja de la demanda agregada que se traducirá en menores ingresos fiscales, con el agravante que la disminución del ritmo de actividad también podría afectar los niveles de empleo.
La otra cara del ajuste va a estar dada por la persistencia de altos niveles de imposición sobre los ingresos medios y bajos que provocarán mayor baja del consumo.
Lo que ocurre en las cuentas nacionales se manifiesta de manera más dramática en las jurisdicciones provinciales.
Un vendaval de ajustes impositivos lanzaron todos los distritos aumentando, en algunos casos, las alícuotas tributarias, en otros, incrementando los montos imponibles o incorporando actividades que no estaban gravadas. Todos estos aumentos de la presión fiscal se cristalizarán en 2013 provocando una fuerte caída de la demanda global de bienes y servicios.
Como queda explícito, si el ajuste pega sobre la demanda, el ingreso y el consumo son los términos más afectados de la ecuación económica y donde el empleo aparecería como el bien social más dañado.
El modelo kirchnerista, tras una década de despilfarro, default, estatizaciones e inflación, termina su gestión aumentando impuestos, tarifas y afectando el empleo y la calidad de vida de los sectores más desprotegidos de la población. Si el ambiente doméstico va camino a un ajuste, el frente externo golpea por doquier.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, además de dar la razón, en un todo, a los demandantes, los puso en paridad con el resto de los bonistas a los que la Argentina está pagando regularmente. La resolución del tribunal estipula que cada vez que la Argentina pague, en Nueva York, sus compromisos a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 deberá saldar la deuda con los holdouts.
Los riesgos
El camino más suave que le queda por delante al gobierno es acatar el fallo y pagar a los denominados "fondos buitres", a menos que quiera seguir corriendo riesgos. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha ratificado que pagará a los bonistas que entraron al canje. Pero si no cumple con el fallo y paga a los bonistas que aceptaron el canje, esos fondos podrían ser embargados, a menos que Fernández de Kirchner esté dispuesta a pagar a los bonistas en algún paraíso fiscal, a través de alguna banca off-shore.
En diciembre, la administración Kirchner debe abonar el capital de los bonos Global 2017, el Discount y los cupones atados al PBI.
Si los fondos buitres logran interceptar esos pagos y les traban embargos, el país caería nuevamente en default porque los que no cobrarían esta vez serían los bonistas que aceptaron el canje.
Este escenario, potencial todavía, dispararía el riesgo país y el costo del seguro ante un eventual default a niveles insostenibles. Sólo con la baja de la nota de la deuda soberana por parte de S&P y Fitch, el riesgo país se ubicó por encima de los 1.000 puntos básicos (pb) y el seguro de default en 1.500 pb.
En rigor, y más allá de estos escenarios, la administración Kirchner nunca se apartó del default. Los fondos buitres y la deuda con el Club de París, más las sentencias en el Centro Internacional de Arreglos de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi) así lo atestiguan. Tampoco las provincias dejaron el default de lado. Los casos de Chaco y el llamado a pesificar por parte de Formosa y Tucumán abonan la especie.
Atrás quedan las bravatas del gobierno para no pagar a los fondos buitres. Atrás quedan los intentos de "malvinizar" la deuda. El mundo financiero ha enviado un claro mensaje: se acabaron los tiempos para la Argentina y hasta es muy probable que el país deba dejar el nucleamiento del G-20 debido al incumplimiento de los fallos y de los compromisos asumidos con el FMI. Y si algún problema le faltaba a la Casa Rosada, otro mensaje llegó también desde Nueva York: la demanda que entabló Repsol contra la Argentina por la confiscación de YPF cayó en manos del juez Thomas Griesa.
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