Suspenden a inspectores por una presunta estafa

Los dos inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) que fueron denunciados penalmente por gestionar -presuntamente- el cobro de tributos que nunca ingresaron a las arcas municipales recibirán una sanción administrativa: serán suspendidos por 60 días en sus cargos, hasta que la Justicia defina la situación legal de cada uno.

Según informaron desde el Departamento Ejecutivo, el intendente, Domingo Amaya, le ordenó a la Fiscalía Municipal que redacte el decreto correspondiente para suspender temporalmente a los empleados municipales denunciados. Previamente, le solicitó informes al fiscal de la Vª Nominación, Washington Navarro Dávila, sobre la situación judicial de los inspectores involucrados, debido a que impera el secreto de sumario en la causa.

Si bien todavía no está vigente la medida administrativa, los agentes de la Dipsa no se presentaron ayer a trabajar, según lo confirmó el titular de la repartición. Miguel Ángel Molins.

El martes,

Navarro Dávila ordenó un allanamiento en las oficinas de la Dipsa en busca de material probatorio para la investigación. El funcionario judicial indaga si se cometió una estafa en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en una causa penal que involucraría al gerente general de una distribuidora mayorista y a los dos inspectores del área. Según la denuncia, los trabajadores habrían hecho de gestores para el pago de tributos, pero los fondos nunca llegaron a las arcas municipales.

De acuerdo a los datos a los que pudo acceder LA GACETA, la empresa involucrada había solicitado, meses atrás, un informe de libre deuda impositiva a la Dirección de Ingresos Municipales, porque necesitaba realizar una operación comercial con otra firma mayorista del medio. Desde la repartición municipal respondieron que no podían otorgar el certificado, puesto que la empresa en cuestión adeudaba más de $ 1 millón en concepto del Tributo de Emergencia Municipal (TEM).

Luego de cruzar información con funcionarios municipales, el empresario pudo constatar que los recibos de pago que tenía su poder eran truchos, al igual que los sellos y las firmas.

Por estas horas, en la Dipsa reina el misterio sobre el futuro que les deparará a los trabajadores sospechados de estafa. Ayer, en los pasillos de la Dipsa y en las mesas de café, las "charlas de quincho" sobre el escándalo encabezaron el "orden del día" de los debates. En los corrillos aseguran que los inspectores denunciados ostentarían un nivel de vida superior al de sus compañeros que se desempeñan en tareas administrativas y con categorías similares y, cuyos salarios no logran superar los $ 5.000 mensuales. Incluso, algunos llegaron a afirmar que concurrían a sus puestos de trabajo en camionetas 4x4.

Sobre el allanamiento que el fiscal Navarro Dávila ordenó en las oficinas de la Dipsa, Molins aclaró que no se secuestró documentación, ni tampoco computadoras. "El resultado de la requisa fue negativo. Ahora debemos esperar que la Justicia actúe. No obstante, estamos a disposición de la Fiscalía Vª para lo que necesite", afirmó el titular de la Dipsa. Al ser consultado sobre si los inspectores sospechados cuentan con antecedentes de haber cometido alguna falta administrativa, expresó: "la verdad que no tienen antecedentes negativos. Sí hubo otros casos parecidos que detectamos y fueron denunciados y se ordenó una investigación administrativa". "Sobre los dos inspectores denunciados también vamos a iniciar una investigación interna, paralela a la que haga la Justicia", sostuvo Molins.