Por Redacción Política
01 Noviembre 2012
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El fiscal de la Vª Nominación de la Capital, Washington Navarro Dávila, investiga si se cometió una estafa en contra de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en una causa penal que involucraría al gerente general de una distribuidora mayorista y a dos inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa). Según la denuncia, los trabajadores habrían hecho de gestores para el pago de tributos, pero los fondos nunca llegaron a las arcas municipales.
El martes, Navarro Dávila ordenó un allanamiento en las oficinas de la Dipsa, donde cumplen funciones los dos agentes municipales sospechados, con el objetivo de sumar documentación probatoria a la causa. Según trascendió, luego de revisar computadoras y escritorios, la requisa habría dado resultados negativos.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir LA GACETA, la empresa involucrada había solicitado, meses atrás, un informe de libre deuda impositiva a la Dirección de Ingresos Municipales, porque necesitaba realizar una operación comercial con otra firma mayorista del medio. Desde la repartición municipal respondieron que no podían otorgar el certificado, puesto que la empresa en cuestión adeudaba más de $ 1 millón en concepto del Tributo de Emergencia Municipal (TEM).
Según informaron extraoficialmente desde el Departamento Ejecutivo, cuando el propietario de la distribuidora cotejó su documentación de pago con la de los estamentos municipales, advirtieron que los recibos, sellos y firmas de encargados de área habían sido falsificados. El dueño de la firma también concurrió a la entidad bancaria que realiza el cobro de tributos para verificar si allí había sido depositado el dinero. La respuesta del banco fue negativa. Advertido de la maniobra, el propietario de la distribuidora mayorista decidió denunciar penalmente a su gerente general y a dos inspectores de la Dipsa que estarían involucrados en la presunta maniobra delictiva. El fiscal de la causa también investiga si habría alguna conexión desde la entidad financiera, puesto que la empresa mayorista habría librado cheques a la orden y cruzados como forma de pago de los tributos.
El director de la Dipsa, Miguel Ángel Molins, dijo que la situación lo tomó de sorpresa, y afirmó que los empleados de la repartición que conduce no están autorizados a realizar trámites y gestiones a favor de terceros.
Durante la mañana de ayer, el intendente, Domingo Amaya, opinó sobre la polémica. "Quiero aclarar que la denuncia no está hecha en contra de la Dipsa. La denuncia nace de una empresa local que denunció haber pagado el TEM, pero cuyo dinero no llegó a las arcas municipales. Ellos tienen todo registrado pero la plata no entró a la Municipalidad", sostuvo el intendente. "Hubo un desfalco a una empresa, pero con una maniobra en la que implican al municipio. Una estafa muy organizada", agregó.
El martes, Navarro Dávila ordenó un allanamiento en las oficinas de la Dipsa, donde cumplen funciones los dos agentes municipales sospechados, con el objetivo de sumar documentación probatoria a la causa. Según trascendió, luego de revisar computadoras y escritorios, la requisa habría dado resultados negativos.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir LA GACETA, la empresa involucrada había solicitado, meses atrás, un informe de libre deuda impositiva a la Dirección de Ingresos Municipales, porque necesitaba realizar una operación comercial con otra firma mayorista del medio. Desde la repartición municipal respondieron que no podían otorgar el certificado, puesto que la empresa en cuestión adeudaba más de $ 1 millón en concepto del Tributo de Emergencia Municipal (TEM).
Según informaron extraoficialmente desde el Departamento Ejecutivo, cuando el propietario de la distribuidora cotejó su documentación de pago con la de los estamentos municipales, advirtieron que los recibos, sellos y firmas de encargados de área habían sido falsificados. El dueño de la firma también concurrió a la entidad bancaria que realiza el cobro de tributos para verificar si allí había sido depositado el dinero. La respuesta del banco fue negativa. Advertido de la maniobra, el propietario de la distribuidora mayorista decidió denunciar penalmente a su gerente general y a dos inspectores de la Dipsa que estarían involucrados en la presunta maniobra delictiva. El fiscal de la causa también investiga si habría alguna conexión desde la entidad financiera, puesto que la empresa mayorista habría librado cheques a la orden y cruzados como forma de pago de los tributos.
El director de la Dipsa, Miguel Ángel Molins, dijo que la situación lo tomó de sorpresa, y afirmó que los empleados de la repartición que conduce no están autorizados a realizar trámites y gestiones a favor de terceros.
Durante la mañana de ayer, el intendente, Domingo Amaya, opinó sobre la polémica. "Quiero aclarar que la denuncia no está hecha en contra de la Dipsa. La denuncia nace de una empresa local que denunció haber pagado el TEM, pero cuyo dinero no llegó a las arcas municipales. Ellos tienen todo registrado pero la plata no entró a la Municipalidad", sostuvo el intendente. "Hubo un desfalco a una empresa, pero con una maniobra en la que implican al municipio. Una estafa muy organizada", agregó.
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