Abogados, en pie de guerra por nuevos cambios a la mediación

El oficialismo presentó un proyecto para hacer nuevos cambios a la Ley de Mediación, y los letrados se mostraron indignados. Es que la iniciativa, firmada por seis alperovichistas, pretende habilitar a todos los demás profesionales que hayan terminado una carrera de grado para que puedan intervenir en los procesos alternativos de resolución de conflictos. El Círculo de Mediadores Judiciales de Tucumán (CMJT) y el Colegio de Abogados de la Capital criticaron esta posible modificación normativa, e incluso se repartieron panfletos frente al Palacio de Tribunales para alertar al sector.

La propuesta de Gregorio García Biagosch, a la que adhirieron Alfredo Quinteros, Ramón Graneros, José León, Fernando Juri y Marcelo Caponio prevé la nueva redacción de un artículo de la Ley 7.844, que instituye el carácter obligatorio de la mediación previa a todo juicio "como método alternativo de solución de controversias". Esta norma establece, además, los requisitos para ejercer este rol: poseer título de abogado con una antigüedad de dos años en la profesión; tener domicilio real en Tucumán; haber aprobado el nivel básico del plan de estudios de la Escuela de Mediadores del Ministerio de Justicia de la Nación u otros equivalentes dictados en jurisdicción provincial o nacional; no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión; y disponer de una oficina.

Igualdad

La idea del alperovichismo es cambiar algunas restricciones, para que la ley habilite a aquellos que posean "un título de grado de carreras con un mínimo de cuatro años de duración, extendido por universidad argentina, con antigüedad en el ejercicio profesional de tres años y matrícula activa en los respectivos colegios profesionales".

Además, se indica que el trabajador "deberá acreditar que ha aprobado los cursos introductorios, de entrenamiento y pasantías, que implica la conclusión del nivel básico del plan de estudios de la Escuela de Mediadores del Ministerio de Justicia de la Nación o su equivalente en la Jurisdicción Provincial, y constancia anual de actualización".

En los fundamentos, García Biagosch y los demás legisladores firmantes del oficialismo sostuvieron que la Constitución argentina "expresa que todos los habitantes de la Nación tienen derecho a trabajar y a ejercer industria lícita, y que el trabajo gozará de la protección de las leyes". "La actual redacción menoscaba la garantía constitucional de otros profesionales, que habiéndose capacitado para ser mediadores, no pueden ejercer en Tucumán porque la norma que rige la actividad limita el ejercicio a los abogados, sin fundamento técnico, científico o expreso", afirma el texto.

Y agrega que "enriquecer la mediación con el conocimiento académico de diversas profesiones aporta diversidad en un ámbito en donde se procura la conciliación por sobre la contienda". El proyecto ingresó a la Cámara el 12 de octubre pasado.

Quejas

La abogada Cecilia Rojo, secretaria del Círculo de Mediadores Judiciales, expresó que desde la instauración de este método de resolución de conflictos, en 2006, los letrados han obtenido resultados positivos como gestores de acuerdos entre partes.

"Incomprensiblemente, somos otra vez víctimas de un embate legislativo. El primero había sido cuando, por Ley 8.482/12, se resolvió cargar sobre las espaldas del ciudadano el costo de las mediaciones judiciales", remarcó Rojo. Y defendió la postura de que se trata de un ámbito laboral específico. "Así como en un hospital trabajan médicos y en una farmacia, farmacéuticos, algo similar sucede con la mediación judicial, que viene a ser una rama de los métodos pacíficos de resolución de conflictos.

"Si los señores legisladores permiten que un arquitecto venga a Tribunales a mediar en un conflicto de derechos, sería lo mismo que si los abogados fuéramos a operar pacientes en los hospitales", comparó Rojo. Eudoro Aráoz, titular del Colegio de Abogados de la Capital, agregó que el proyecto oficialista "es un ataque a los abogados, afecta sus incumbencias profesionales e implica una pérdida de trabajo" para el sector.

"Esta iniciativa terminará por destruir la mediación, instituto ya deteriorado por la última modificación que eximió al Poder Judicial de la obligación de pagar los honorarios de los mediadores en los juicios de menos de $ 10.000, afectando el derecho de miles de tucumanos de tener acceso a la justicia", afirmó el representante de los letrados.

Y advirtió que, si se sancionan los cambios, iniciarán "las acciones legales pertinentes a fin de defender el debido proceso legal, el derecho de los sectores más vulnerables de la sociedad a tener acceso a la justicia, nuestras incumbencias profesionales y nuestro trabajo".