27 Octubre 2012 Seguir en 
La decisión del Gobierno de promover una modificación de la legislación que regula el mercado de capitales y del sector asegurador ha generado renovadas incertidumbre y pesimismo sobre el rumbo de la economía argentina. Desde que la Presidenta de la Nación formuló el anuncio en la semana, no sólo la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sufrió caídas y desequilibrios vinculados directamente a la decisión, sino que el mercado, el ambiente empresario y el mundo inversor agregaron nuevas preocupaciones y temores sobre una realidad ya compleja y de perspectivas impredecibles.
Independientemente de la necesidad de que el manejo del mercado de capitales requiera modificaciones, lo que no se termina de entender es el apuro de la puesta en escena de una idea que no ha sido cabalmente consolidada y consultada con el sector y que hasta ayer iba construyéndose en borradores, en un trámite que no hace más que generar especulaciones y desánimos en las operaciones diarias y sin que todavía haya tomado estado parlamentario. Este trasiego, en sí mismo dañoso para un ambiente de sensibilidad extrema como es el mundo bursátil y el mercado de valores, muestra también un ramo de desprolijidades y desinterés con las sensibilidades de las operatorias y de los negocios del sector privado.
Este mercado es regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que se encarga del control, la supervisión y promoción del mercado de valores y que depende del Ministerio de Economía de la Nación. Entre las principales funciones está la de autorizar la oferta pública de títulos y valores, asesorar al Poder Ejecutivo sobre los pedidos de autorización de funcionamiento de las bolsas de comercio, llevar un índice de agentes de bolsa y el registro de personas físicas y jurídicas autorizadas para efectuar ofertas públicas de títulos y establecer las normas a las que deben ajustarse. Es decir cuando la CNV autoriza una cotización en bolsa, lo que está haciendo en la práctica es orientar el dinero de los inversores y ahorristas particulares a las empresas, a través de las operaciones bursátiles. Aunque el espacio y la penetración que tiene este mercado en la realidad de nuestro país es relativamente pequeño, también es cierto que se ha ido consolidando como una fuente alternativa de crédito y de apoyo financiero entre particulares. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, expuso el criterio del Gobierno: "Es necesario terminar con la autorregulación del sistema de capitales que generó conflictos en el mundo durante la última crisis; permitir el acceso de nuevos agentes y terminar con los errores y abusos de las calificadoras de riesgo, posibilitando el ingreso de nuevos actores, incluyendo a universidades, y dándole más herramientas de control a la CNV". Y en palabras del secretario de Finanza, Hernán Consentino, lo que se busca es "una reconfiguración integral del funcionamiento del mercado, en línea con los buenos ejemplos de promoción y regulación responsable". Aunque en las bolsas argentinas no cotizan las grandes compañías y tampoco las Pymes (por necesidades de volumen, razones requisitorias y costos) habría que ver si esta decidida intención oficial podrá modificar la matriz de este negocio. Muchos operadores estiman que estos cambios podrían agregar discrecionalidad a los controles y a los estándares de trabajo y que una eventual modificación de la reglamentación de las garantías traería aparejados más problemas que beneficios. Así, si finalmente se avanza en esa línea, estaríamos ante el riesgo de vivir con un mayor control sobre las actividades privadas por parte del Gobierno y de nuevos cambios de reglas. En suma, planes perjudiciales para el rumbo económico.
Independientemente de la necesidad de que el manejo del mercado de capitales requiera modificaciones, lo que no se termina de entender es el apuro de la puesta en escena de una idea que no ha sido cabalmente consolidada y consultada con el sector y que hasta ayer iba construyéndose en borradores, en un trámite que no hace más que generar especulaciones y desánimos en las operaciones diarias y sin que todavía haya tomado estado parlamentario. Este trasiego, en sí mismo dañoso para un ambiente de sensibilidad extrema como es el mundo bursátil y el mercado de valores, muestra también un ramo de desprolijidades y desinterés con las sensibilidades de las operatorias y de los negocios del sector privado.
Este mercado es regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que se encarga del control, la supervisión y promoción del mercado de valores y que depende del Ministerio de Economía de la Nación. Entre las principales funciones está la de autorizar la oferta pública de títulos y valores, asesorar al Poder Ejecutivo sobre los pedidos de autorización de funcionamiento de las bolsas de comercio, llevar un índice de agentes de bolsa y el registro de personas físicas y jurídicas autorizadas para efectuar ofertas públicas de títulos y establecer las normas a las que deben ajustarse. Es decir cuando la CNV autoriza una cotización en bolsa, lo que está haciendo en la práctica es orientar el dinero de los inversores y ahorristas particulares a las empresas, a través de las operaciones bursátiles. Aunque el espacio y la penetración que tiene este mercado en la realidad de nuestro país es relativamente pequeño, también es cierto que se ha ido consolidando como una fuente alternativa de crédito y de apoyo financiero entre particulares. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, expuso el criterio del Gobierno: "Es necesario terminar con la autorregulación del sistema de capitales que generó conflictos en el mundo durante la última crisis; permitir el acceso de nuevos agentes y terminar con los errores y abusos de las calificadoras de riesgo, posibilitando el ingreso de nuevos actores, incluyendo a universidades, y dándole más herramientas de control a la CNV". Y en palabras del secretario de Finanza, Hernán Consentino, lo que se busca es "una reconfiguración integral del funcionamiento del mercado, en línea con los buenos ejemplos de promoción y regulación responsable". Aunque en las bolsas argentinas no cotizan las grandes compañías y tampoco las Pymes (por necesidades de volumen, razones requisitorias y costos) habría que ver si esta decidida intención oficial podrá modificar la matriz de este negocio. Muchos operadores estiman que estos cambios podrían agregar discrecionalidad a los controles y a los estándares de trabajo y que una eventual modificación de la reglamentación de las garantías traería aparejados más problemas que beneficios. Así, si finalmente se avanza en esa línea, estaríamos ante el riesgo de vivir con un mayor control sobre las actividades privadas por parte del Gobierno y de nuevos cambios de reglas. En suma, planes perjudiciales para el rumbo económico.







