- El grupo Alberdi pide el fin de la intervención.- El Grupo Alberdi, conformado por intelectuales de la provincia, reclamó al Gobierno la normalización de la Caja Popular de Ahorros. Según la ley de creación, la entidad crediticia estatal debe ser conducida por un directorio designado por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, Clímaco de la Peña alertó que el Poder Ejecutivo sólo puede intervenirla como un modo excepcional designando un interventor, cuyas únicas facultades se limitan a las necesarias para normalizar a la institución y por el más breve tiempo posible. "La situación actual de la Caja es totalmente anormal, ya que se ha insumido en la intervención aproximadamente ocho largos años en que las funciones del directorio se ejercen, en los hechos, por el gobernador, sin que haya siquiera intentado alguna justificación por esta ilegal situación. Estaría incurso en usurpación de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que estuvo en sus manos dar por terminada la intervención y restituirle a la institución su propio Gobierno", afirmó el Grupo Alberdi. Paralelamente, este espacio consideró que la cesión del Fondo de Garantía de la Caja al Ejecutivo sólo podría haber sido autorizada por un directorio, mas no por un interventor.
- "Ha perdido su autonomía".- El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) presentó un proyecto de resolución mediante el que solicita al Poder Ejecutivo que cumpla con la Ley 5.115 y proponga a la Legislatura los nombres para el directorio de la Caja Popular de Ahorros. "Mientras ello no ocurra el gobernador deberá abstenerse de modificar o reemplazar a la intervención de dicho organismo", planteó Bussi. La Caja ha funcionado como un apéndice del Ejecutivo, y por lo tanto ha perdido su autonomía y su capacidad de decisión, lo que se ha visto materializado en la objetada transferencia del edificio del Casino a manos privadas, en la frustrada extensión por 20 años del contrato de explotación del hipódromo en favor del Jockey Club, y con la privación del Fondo de Garantía", ejemplificó.
- "Tucumán se encuentra en default".- "El manotazo a la Caja Popular demuestra que Tucumán se encuentra en cesación de pagos. La Asociación Bancaria, que denunció el desfalco, viene sufriendo el accionar del D2, que vigilan la sede sindical, los domicilios de los dirigentes y han irrumpido en algunas instalaciones de La Bancaria. Es obvio que Tucumán está en default", dijo Daniel Blanco (Partido Obrero).
- "Ha perdido su autonomía".- El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) presentó un proyecto de resolución mediante el que solicita al Poder Ejecutivo que cumpla con la Ley 5.115 y proponga a la Legislatura los nombres para el directorio de la Caja Popular de Ahorros. "Mientras ello no ocurra el gobernador deberá abstenerse de modificar o reemplazar a la intervención de dicho organismo", planteó Bussi. La Caja ha funcionado como un apéndice del Ejecutivo, y por lo tanto ha perdido su autonomía y su capacidad de decisión, lo que se ha visto materializado en la objetada transferencia del edificio del Casino a manos privadas, en la frustrada extensión por 20 años del contrato de explotación del hipódromo en favor del Jockey Club, y con la privación del Fondo de Garantía", ejemplificó.
- "Tucumán se encuentra en default".- "El manotazo a la Caja Popular demuestra que Tucumán se encuentra en cesación de pagos. La Asociación Bancaria, que denunció el desfalco, viene sufriendo el accionar del D2, que vigilan la sede sindical, los domicilios de los dirigentes y han irrumpido en algunas instalaciones de La Bancaria. Es obvio que Tucumán está en default", dijo Daniel Blanco (Partido Obrero).
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