02 Septiembre 2012
El ingenio kirchnerista, en materia electoral, no descansa. Este probado afán manipulador de la voluntad popular tiñe de sospecha toda iniciativa que en esta temática promueve el oficialismo. Años atrás logró modificar "por única vez" el Código Electoral Nacional para las elecciones legislativas de 2009. Previstas originariamente para el 25 de octubre, las adelantaron para el 28 de junio, imponiendo las llamadas "candidaturas testimoniales", verdadero escándalo de nuestra historia política. Estaba en juego la interpretación del art. 73 de la Constitución Nacional que impide que los gobernadores puedan ser candidatos para integrar el Congreso Nacional.
Scioli, gobernador de Buenos Aires, y Massa, entonces jefe de Gabinete de la Nación, se prestaron para esta repudiable maniobra para cosechar mayor cantidad de votos para "el modelo nacional, popular y progresista" del kirchnerismo, aún a costa de mentirle descaradamente al electorado.
Ahora, pensando en las elecciones de renovación parcial del Congreso en 2013, impulsan un proyecto para habilitar el voto optativo de los jóvenes de entre 16 y 18 años. Y propugnan el voto optativo para los extranjeros con dos años de residencia en el país. Piensan engrosar el padrón electoral, así, con unos 3 millones de nuevos electores que, suponen, apoyarán el "modelo" oficialista, posibilitando lograr la mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso para sancionar la reforma constitucional que habilite la re-reelección de Cristina Fernández.
Inviabilidad
La propuesta, tal como fue presentada, es constitucionalmente inviable. En la reforma constitucional federal de 1994 se dispuso la obligatoriedad del sufragio (art. 37). Lo expresó claramente el miembro informante del despacho de mayoría en la Convención Constituyente de Santa Fe-Paraná, el tucumano Antonio Guerrero: "Pretendemos declarar que el sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos".
Con el mismo significado, la Constitución de Tucumán consagra al sufragio "como un derecho y un deber" desde los 18 años de edad (art. 43). La única excepción, a nivel federal, concediendo el voto no obligatorio, estuvo dada por la llamada "consulta popular" convocada por el Congreso o el Presidente dentro de sus respectivas competencias (art. 40).
Los extranjeros
Debe también descartarse el voto de los extranjeros, por un doble argumento: a) el voto es, constitucionalmente obligatorio en nuestro país; b) los derechos políticos corresponden exclusivamente a los ciudadanos, que pueden ejercerlo en forma activa y pasiva. Solo es admisible la participación electoral de los extranjeros en el ámbito municipal.
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los derechos políticos están previstos expresamente para los ciudadanos (art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica; art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Si los extranjeros quieren participar en estas elecciones, la solución está a su alcance: deben naturalizarse como argentinos. Si no lo hacen es porque no les interesa participar en la comunidad política nacional, no justificándose concederles derechos políticos.
Segmento débil
Si el "relato" oficialista fuese sincero, debería explicar porque no se sanciona una Ley de Información Pública; por qué no se dicta una ley reglamentaria del reparto equitativo de los fondos en concepto de "pauta publicitaria oficial"; por qué se incumplen sentencias de la Corte en esta materia y en los millones de juicios por reajustes jubilatorios. Y por qué se niegan a discutir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos; y a restituir a las provincias el 15% de la coparticipación cedida a la Anses desde 1992; y a distribuir los millonarios Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos. Y por qué mantienen inalterable cláusulas del Código de Minería del menemismo, que impide al Estado explotar sus propias riquezas minerales. Y por qué se desentienden del problema ambiental, protegiendo a las multinacionales y su megaminería contaminante.
Pienso que quieren utilizar a los jóvenes en esta coyuntura electoral, sabiendo que conforman el segmento más débil de la sociedad. La mitad de ellos no estudia ni trabaja porque el mercado laboral no los puede incorporar. Proyectan usar fondos públicos para captar su voluntad electoral con exclusivos fines reeleccionistas.
Scioli, gobernador de Buenos Aires, y Massa, entonces jefe de Gabinete de la Nación, se prestaron para esta repudiable maniobra para cosechar mayor cantidad de votos para "el modelo nacional, popular y progresista" del kirchnerismo, aún a costa de mentirle descaradamente al electorado.
Ahora, pensando en las elecciones de renovación parcial del Congreso en 2013, impulsan un proyecto para habilitar el voto optativo de los jóvenes de entre 16 y 18 años. Y propugnan el voto optativo para los extranjeros con dos años de residencia en el país. Piensan engrosar el padrón electoral, así, con unos 3 millones de nuevos electores que, suponen, apoyarán el "modelo" oficialista, posibilitando lograr la mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso para sancionar la reforma constitucional que habilite la re-reelección de Cristina Fernández.
Inviabilidad
La propuesta, tal como fue presentada, es constitucionalmente inviable. En la reforma constitucional federal de 1994 se dispuso la obligatoriedad del sufragio (art. 37). Lo expresó claramente el miembro informante del despacho de mayoría en la Convención Constituyente de Santa Fe-Paraná, el tucumano Antonio Guerrero: "Pretendemos declarar que el sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos".
Con el mismo significado, la Constitución de Tucumán consagra al sufragio "como un derecho y un deber" desde los 18 años de edad (art. 43). La única excepción, a nivel federal, concediendo el voto no obligatorio, estuvo dada por la llamada "consulta popular" convocada por el Congreso o el Presidente dentro de sus respectivas competencias (art. 40).
Los extranjeros
Debe también descartarse el voto de los extranjeros, por un doble argumento: a) el voto es, constitucionalmente obligatorio en nuestro país; b) los derechos políticos corresponden exclusivamente a los ciudadanos, que pueden ejercerlo en forma activa y pasiva. Solo es admisible la participación electoral de los extranjeros en el ámbito municipal.
Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los derechos políticos están previstos expresamente para los ciudadanos (art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica; art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Si los extranjeros quieren participar en estas elecciones, la solución está a su alcance: deben naturalizarse como argentinos. Si no lo hacen es porque no les interesa participar en la comunidad política nacional, no justificándose concederles derechos políticos.
Segmento débil
Si el "relato" oficialista fuese sincero, debería explicar porque no se sanciona una Ley de Información Pública; por qué no se dicta una ley reglamentaria del reparto equitativo de los fondos en concepto de "pauta publicitaria oficial"; por qué se incumplen sentencias de la Corte en esta materia y en los millones de juicios por reajustes jubilatorios. Y por qué se niegan a discutir una nueva ley de coparticipación federal de impuestos; y a restituir a las provincias el 15% de la coparticipación cedida a la Anses desde 1992; y a distribuir los millonarios Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos. Y por qué mantienen inalterable cláusulas del Código de Minería del menemismo, que impide al Estado explotar sus propias riquezas minerales. Y por qué se desentienden del problema ambiental, protegiendo a las multinacionales y su megaminería contaminante.
Pienso que quieren utilizar a los jóvenes en esta coyuntura electoral, sabiendo que conforman el segmento más débil de la sociedad. La mitad de ellos no estudia ni trabaja porque el mercado laboral no los puede incorporar. Proyectan usar fondos públicos para captar su voluntad electoral con exclusivos fines reeleccionistas.
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