López trasladó sus quejas a la Corte de la Nación política y justicia

Carlos López, el aspirante a juez seis veces vetado por el Poder Ejecutivo, presentó una queja por recurso extraordinario denegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La finalidad de este escrito es que el máximo tribunal del país revise el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en el juicio que inició contra el Poder Ejecutivo, tras su sexta exclusión en la cobertura de un cargo judicial.

La queja es la última alternativa procesal que resta al concursante frustrado para tener acceso a la doble instancia jurisdiccional en los Tribunales argentinos. En forma previa, la Corte Suprema tucumana había rechazado esta posibilidad al declarar inadmisible el recurso extraordinario que interpuso el abogado López contra la sentencia del 28 de junio pasado, que rechazó su planteo de discriminación. Ese es, justamente, uno de los argumentos centrales de la queja: si el alto tribunal nacional no la admite, el amparista se verá privado de una garantía medular del debido proceso, como es el derecho a apelar una sentencia ante un tribunal superior.

Según López, este principio fue dejado de lado cuando la Corte tucumana, con los votos de los vocales René Goane, Antonio Gandur y Antonio Estofán (presidente), declaró su competencia exclusiva y originaria sobre el pleito previo pedido del Poder Ejecutivo. Hasta entonces, el amparo había tramitado en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo cuyo presidente, Rodolfo Novillo, concedió la medida cautelar que el 2 de junio paralizó el trámite de designación de Diego Alejo López Ávila como fiscal de Instrucción de la IV Nominación (juró finalmente en el cargo el martes pasado durante un acto en tribunales).

Si la CSJN no abre la queja o si la admite y confirma el pronunciamiento del alto tribunal provincial, López quedará habilitado para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.

El pleito fue iniciado por López en mayo, luego de su sexta exclusión por parte del gobernador, José Alperovich. Según el abogado, el PE lo discrimina por haber sido secretario de la extinta Fiscalía Anticorrupción a cargo de Esteban Jerez (ex diputado y ex legislador) que entre 2000 y 2003 investigó al mandatario; a su esposa, la presidenta provisional del Senado Beatriz Rojkés, y a su entorno.

Sigue la rueda

La cobertura de la Fiscalía de Instrucción de la IV Nominación del centro judicial de capital estaba destinada a terminar (al menos por un tiempo) con las vacantes en las diez oficinas de primera instancia del Ministerio Público Fiscal, pero nuevos hechos complicaron esa previsión.

Resulta que dos fiscalas, Teresita Marnero (Fiscalía III) y María de las Mercedes Carrizo (Fiscalía IX) iniciaron los trámites para jubilarse. En paralelo, también anunció su retiro la jueza Elva Graciela Jiménez, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de esta capital.