La controversia generada por un curso de actualización para médicos del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) sobre casos de abortos no punibles derivó ayer en la suspensión de la actividad.
La segunda y última jornada debía desarrollarse en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT), pero se decidió dejarla en suspenso, según informaron fuentes del área de Salud.
Ese mismo lugar había sido escenario el jueves tanto del inicio de la capacitación como de protestas. Mientras los profesionales participaban de las charlas, organizaciones que están en contra del aborto y dirigentes políticos opositores se manifestaron en los pasillos y en la puerta. La "Actualización profesional en salud sexual y reproductiva. Atención integral de abortos no punibles y a víctimas de violencia sexual" había sido organizada por los ministerios de Salud de la Provincia y de la Nación. Los destinatarios eran miembros del Instituto de Maternidad.
La polémica ardió luego de que en marzo, la Corte nacional exhortara a los otros poderes del Estado a implementar y hacer operativos "mediante normas del más alto nivel" protocolos hospitalarios para la atención de abortos no punibles.
Los grupos autodenominados "pro vida" celebraron ayer mediante las redes sociales que se haya pospuesto la iniciativa oficial.
Sin embargo, el escrache fue repudiado por otros organismos. Las sedes nacional y local del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (Cladem) rechazaron el reclamo al entender que se expresaron con modalidades "autoritarias y antidemocráticas". "Nos preocupa que entre las personas que obstaculizaron el desarrollo de las jornadas se encontraban legisladores que deberían respetar la cultura democrática de la discusión libre de ideas", consideró Margarita Espeche, referente en Tucumán.
Por su parte, la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres denunció que los manifestantes actuaron con "violencia". "Atentaron en contra del derecho humano a la libre expresión", cuestionaron. "La CSJN, como máximo interprete de la Constitución Nacional, puso en cabeza de los restantes poderes estatales la obligación de arbitrar los medios para garantizar el acceso al aborto en los casos en los que es legal", añadió el colectivo de letrados.
Entre los dirigentes políticos que participaron del escrache estuvieron el legislador José Páez (DC) y los concejales Claudio Viña (capital) y Dora Bianco (Yerba Buena).
La segunda y última jornada debía desarrollarse en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT), pero se decidió dejarla en suspenso, según informaron fuentes del área de Salud.
Ese mismo lugar había sido escenario el jueves tanto del inicio de la capacitación como de protestas. Mientras los profesionales participaban de las charlas, organizaciones que están en contra del aborto y dirigentes políticos opositores se manifestaron en los pasillos y en la puerta. La "Actualización profesional en salud sexual y reproductiva. Atención integral de abortos no punibles y a víctimas de violencia sexual" había sido organizada por los ministerios de Salud de la Provincia y de la Nación. Los destinatarios eran miembros del Instituto de Maternidad.
La polémica ardió luego de que en marzo, la Corte nacional exhortara a los otros poderes del Estado a implementar y hacer operativos "mediante normas del más alto nivel" protocolos hospitalarios para la atención de abortos no punibles.
Los grupos autodenominados "pro vida" celebraron ayer mediante las redes sociales que se haya pospuesto la iniciativa oficial.
Sin embargo, el escrache fue repudiado por otros organismos. Las sedes nacional y local del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (Cladem) rechazaron el reclamo al entender que se expresaron con modalidades "autoritarias y antidemocráticas". "Nos preocupa que entre las personas que obstaculizaron el desarrollo de las jornadas se encontraban legisladores que deberían respetar la cultura democrática de la discusión libre de ideas", consideró Margarita Espeche, referente en Tucumán.
Por su parte, la Alianza de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres denunció que los manifestantes actuaron con "violencia". "Atentaron en contra del derecho humano a la libre expresión", cuestionaron. "La CSJN, como máximo interprete de la Constitución Nacional, puso en cabeza de los restantes poderes estatales la obligación de arbitrar los medios para garantizar el acceso al aborto en los casos en los que es legal", añadió el colectivo de letrados.
Entre los dirigentes políticos que participaron del escrache estuvieron el legislador José Páez (DC) y los concejales Claudio Viña (capital) y Dora Bianco (Yerba Buena).







