Transparencia en la cesión de planes sociales

Son dos de las palabras más repetidas en la Argentina, por lo menos, desde hace un siglo. Corrupción y transparencia nunca se caen de la boca de la clase dirigente y abarca a la sociedad que denuncia una y pide la otra. Como siempre sucede, es la realidad -no las palabras ni las promesas- la encargada de reflejar el cumplimiento de ambas. Hace ya unos años, como un modo de paliar la desocupación, nacieron los planes sociales, cuyos beneficiarios debían, en general, efectuar una contraprestación a cambio del dinero recibido mensualmente. A tal efecto, debían organizarse en cooperativas.

El martes, el titular del programa nacional "Argentina trabaja" anunció el aumento de haberes y dijo que este iba a ser reestructurado: habrá mayores mecanismos de control con la idea de que los dirigentes políticos tengan menos injerencia en el funcionamiento. Señaló que los cooperativistas que perciban $1.200 mensuales de base, podrán recibir adicionales por productividad ($300), y por presentismo ($250), siempre y cuando cumplan con la asistencia; si las obras están avanzadas, cobrarán $ 1.750 por mes. La jornada laboral se reducirá de seis a cuatro horas, de manera que en el tiempo libre los trabajadores asistan a talleres de otras organizaciones para capacitarse o trabajar de manera autónoma. Informó que pondrán a disposición de cada organización un contador y un asistente técnico para mejorar el manejo administrativo.

En Tucumán, el programa que comenzó a implementarse en 2009, tiene 14.000 beneficiarios, nucleados en 250 cooperativas, de acuerdo con el censo de Instituto de Acción Cooperativa y Mutual. El Ministerio de Desarrollo recibe mensualmente de la Nación $35 millones. Desde 2009 hasta la actualidad, unas 1.000 personas dejaron de integrar el programa; inicialmente, eran 15.000 los beneficiarios. "Implica una vuelta cualitativa al programa. En su primera fase, fue de contención y de generación de espacios de trabajo para gente que no lo tenía. Ahora ya tenemos la gente capacitada y con experiencia. Queremos darles oportunidades superadoras", sostuvo el funcionario nacional.

Nos parece positiva si este anuncio de reestructuración de "Argentina trabaja" se concreta. El mayor control, así como la intención de mermar la intromisión de los políticos, implica la aceptación de la falta de transparencia en el manejo de los planes. Justamente, el hecho de que se haya desvirtuado en muchos casos la cesión de este beneficio, cuyo manejo los tengan políticos o punteros, está en la raíz. No se entiende por qué un programa nacional puede ser manejado por legisladores, concejales o punteros barriales.

Si el objetivo es la transparencia y no hacer política, el Estado debería esmerarse en que el objetivo se cumpla, es decir que los beneficiarios sean elegidos rigurosamente, cumpliendo todos los requisitos solicitados sin que haya intermediarios. De ese modo, quienes accedan a estos planes dejarán de ser rehenes de tal o cual dirigente ni se verán obligados a entregarles parte de sus haberes, como se ha denunciado públicamente en muchas oportunidades.

Sería positivo que no sólo en este programa se avanzara en el control estricto y en la transparencia porque sería un paso importante para erradicar todo viso de irregularidad o de corrupción, en un tema tan delicado como es la dignidad de las personas, en particular aquellas que están desocupadas y sin contención social.