Llegó desde la gélida tierra de los glaciares a los caldeados pagos tucumanos. El gobernador, José Alperovich, retornó a la provincia el viernes al anochecer de sus minivacaciones en la villa turística de El Calafate (Santa Cruz). A orillas del Lago Argentino, descansó durante seis días de un primer semestre de año movido, marcado por numerosos viajes a Buenos Aires y al exterior (Angola y Estados Unidos). Mientras, se preparó para el resto del año que, económicamente, se prevé como complejo.
El mandatario retomará el contacto con sus ministros y colaboradores mañana temprano, en la habitual reunión que lleva adelante a diario en su vivienda. Luego, partirá a su primera recorrida del día (durante la tarde está prevista otra).
La cuestión más complicada que deberá abordar Alperovich al retomar la actividad será la situación de las arcas provinciales. En su ausencia, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, confirmó algo que el propio mandatario esquivaba responder: que el sueldo para los empleados estatales está asegurado hasta fin de año. Tras una declaración al respecto del presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado (que estuvo a cargo del Ejecutivo), Jiménez también dio a conocer que la Casa de Gobierno le requirió permiso a la Nación para contraer una deuda privada. Sería de $ 200 millones y se destinaría a los salarios. El monto está comprendido por la ley 8.495 (sancionada en mayo), que le permite al PE endeudarse por $ 400 millones.
La información cayó como una bomba entre los miembros de la oposición parlamentaria. Tanto el radicalismo como la Democracia Cristiana, fustigaron el manejo de los fondos públicos y exigieron que se informe a la Legislatura el empleo que se le dará al dinero.
Los problemas en el área de seguridad tampoco le darán respiro a Alperovich. Se encontrará con la fuga de ayer de cinco presos de una comisaría de Los Pocitos que eran custodiados por un sólo agente y con los ecos del polémico caso de los ladrones que huyeron el lunes en Ranchillos porque a los policías se les acabaron las balas. Otro conflicto que rozará la agenda del mandatario será el del Sutrappa, por un pedido de aumento de tarifas y una investigación judicial en marcha por los taxis ilegales.
El mandatario retomará el contacto con sus ministros y colaboradores mañana temprano, en la habitual reunión que lleva adelante a diario en su vivienda. Luego, partirá a su primera recorrida del día (durante la tarde está prevista otra).
La cuestión más complicada que deberá abordar Alperovich al retomar la actividad será la situación de las arcas provinciales. En su ausencia, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, confirmó algo que el propio mandatario esquivaba responder: que el sueldo para los empleados estatales está asegurado hasta fin de año. Tras una declaración al respecto del presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado (que estuvo a cargo del Ejecutivo), Jiménez también dio a conocer que la Casa de Gobierno le requirió permiso a la Nación para contraer una deuda privada. Sería de $ 200 millones y se destinaría a los salarios. El monto está comprendido por la ley 8.495 (sancionada en mayo), que le permite al PE endeudarse por $ 400 millones.
La información cayó como una bomba entre los miembros de la oposición parlamentaria. Tanto el radicalismo como la Democracia Cristiana, fustigaron el manejo de los fondos públicos y exigieron que se informe a la Legislatura el empleo que se le dará al dinero.
Los problemas en el área de seguridad tampoco le darán respiro a Alperovich. Se encontrará con la fuga de ayer de cinco presos de una comisaría de Los Pocitos que eran custodiados por un sólo agente y con los ecos del polémico caso de los ladrones que huyeron el lunes en Ranchillos porque a los policías se les acabaron las balas. Otro conflicto que rozará la agenda del mandatario será el del Sutrappa, por un pedido de aumento de tarifas y una investigación judicial en marcha por los taxis ilegales.







