27 Agosto 2003 Seguir en 
Sandra Abascal, la esposa del empresario Pedro Tomas, presuntos involucrados en el caso de las camionetas 4x4, seguirá detenida en la sede de Gendarmería luego de que el juez Felipe Terán negó un pedido de detención domiciliaria realizado por la abogada de la mujer, Silvia Furque.
El juez Terán deberá resolver esta semana la situación de Tomas y del prosecretario judicial Hugo Tarifa, ya que se le vencen los términos. Ambos, al igual que Abascal, están acusados por el artículo 278 del Código Penal de la Nación, o sea Lavado de Activos con habitualidad, un delito que no es excarcelable. Esto significa que ellos entregaban bienes que no estaban en condiciones legales (en este caso las camionetas) otorgándoles permisos irregulares. Por este delito, la pena mínima de prisión serían 5 años de cárcel.
Furque había fundamentado su pedido en la situación familiar de Abascal, ya que sus dos pequeños hijos, de 12 y 8 años, quedaron sin la protección de sus padres por estar detenidos.
Tarifa, además, estaría acusado por el delito de falsificación de instrumento público, ya que habría firmado oficios autorizando la circulación de camionetas ilegales a favor de Tomas, quien a su vez las comercializaba en el mercado tucumano. Se trataba de rodados "mellizos" y hasta "trillizos", con chasis y número de motor adulterados o que no tenían pagados los impuestos, ya que habrían ingresado al país a través de la Aduana paralela.
Así, los tres detenidos estarían acusados por Lavado de Activos, agravado por el monto, delito no excarcelable que prevé una prisión mínima de cinco años. A pesar de que se avanza lentamente, no se descarta que se puedan producir nuevas detenciones en las próximas horas. Este hecho, además, le daría al juez la posibilidad de agregar la figura de asociación ilícita, por lo que la situación de los sospechosos se complicaría mucho más aún.
El juez Terán deberá resolver esta semana la situación de Tomas y del prosecretario judicial Hugo Tarifa, ya que se le vencen los términos. Ambos, al igual que Abascal, están acusados por el artículo 278 del Código Penal de la Nación, o sea Lavado de Activos con habitualidad, un delito que no es excarcelable. Esto significa que ellos entregaban bienes que no estaban en condiciones legales (en este caso las camionetas) otorgándoles permisos irregulares. Por este delito, la pena mínima de prisión serían 5 años de cárcel.
Furque había fundamentado su pedido en la situación familiar de Abascal, ya que sus dos pequeños hijos, de 12 y 8 años, quedaron sin la protección de sus padres por estar detenidos.
Tarifa, además, estaría acusado por el delito de falsificación de instrumento público, ya que habría firmado oficios autorizando la circulación de camionetas ilegales a favor de Tomas, quien a su vez las comercializaba en el mercado tucumano. Se trataba de rodados "mellizos" y hasta "trillizos", con chasis y número de motor adulterados o que no tenían pagados los impuestos, ya que habrían ingresado al país a través de la Aduana paralela.
Así, los tres detenidos estarían acusados por Lavado de Activos, agravado por el monto, delito no excarcelable que prevé una prisión mínima de cinco años. A pesar de que se avanza lentamente, no se descarta que se puedan producir nuevas detenciones en las próximas horas. Este hecho, además, le daría al juez la posibilidad de agregar la figura de asociación ilícita, por lo que la situación de los sospechosos se complicaría mucho más aún.
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