Por Redacción Política
11 Abril 2012
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El proyecto de ordenanza mediante el que el intendente, Domingo Amaya, pretende adherir al municipio a un párrafo del artículo 174 del Código Tributario provincial comenzó ayer a transitar por un camino despejado. Los concejales oficialistas que integran la comisión de Peticiones y Poderes dictaminaron en favor de la iniciativa municipal. Sólo el opositor José Luis Avignone (UCR) se pronunció en contra del expediente.
El jefe municipal busca adherir, a través del Concejo, al tercer párrafo del artículo 174 del Código Tributario provincial (Ley 5.121), que difiere al Gobierno provincial del pago de bonos y aportes a las cajas jubilatorias de los abogados que litigan en nombre del Estado. El proyecto es resistido por el titular de la Caja de Previsión Social para Abogados y Procuradores, Pedro Yane Mana, quien asegura que la medida provocará el desfinanciamiento de la entidad y ocasionará un perjuicio para los jubilados letrados. En igual sentido se manifestó el presidente del Colegio de Abogados de la capital, Eudoro Aráoz. El letrado anticipó que el organismo que preside presentará una acción de inconstitucionalidad si es que el proyecto oficialista es aprobado por los concejales y promulgado por Amaya.
Desde el Departamento Ejecutivo municipal salieron ayer a respaldar la iniciativa del intendente y refutaron los dichos de Yane Mana y Aráoz. "Con la adhesión al artículo 174 del Código Tributario no pretendemos eludir ningún pago que por ley le corresponden a los abogados que litigan para el Estado municipal. La intención es que dicho pago lo afronte el contribuyente moroso cuando finalice el juicio", señaló el fiscal municipal, Hernán Colombres. Respecto de la legalidad del proyecto de ordenanza, Colombres expresó: "no hay avance sobre ninguna ley. El municipio tiene autonomía financiera, económica, política e institucional. Se quiere menospreciar la función de la Municipalidad. Aquí no hay jerarquía superior o inferior. Las ordenanzas son como leyes y lo que nosotros hacemos es adherir a una ley". "Además, sería muy difícil que por diferir aportes de 20 abogados de Fiscalía Municipal se desfinancie a la caja previsional", concluyó.
El jefe municipal busca adherir, a través del Concejo, al tercer párrafo del artículo 174 del Código Tributario provincial (Ley 5.121), que difiere al Gobierno provincial del pago de bonos y aportes a las cajas jubilatorias de los abogados que litigan en nombre del Estado. El proyecto es resistido por el titular de la Caja de Previsión Social para Abogados y Procuradores, Pedro Yane Mana, quien asegura que la medida provocará el desfinanciamiento de la entidad y ocasionará un perjuicio para los jubilados letrados. En igual sentido se manifestó el presidente del Colegio de Abogados de la capital, Eudoro Aráoz. El letrado anticipó que el organismo que preside presentará una acción de inconstitucionalidad si es que el proyecto oficialista es aprobado por los concejales y promulgado por Amaya.
Desde el Departamento Ejecutivo municipal salieron ayer a respaldar la iniciativa del intendente y refutaron los dichos de Yane Mana y Aráoz. "Con la adhesión al artículo 174 del Código Tributario no pretendemos eludir ningún pago que por ley le corresponden a los abogados que litigan para el Estado municipal. La intención es que dicho pago lo afronte el contribuyente moroso cuando finalice el juicio", señaló el fiscal municipal, Hernán Colombres. Respecto de la legalidad del proyecto de ordenanza, Colombres expresó: "no hay avance sobre ninguna ley. El municipio tiene autonomía financiera, económica, política e institucional. Se quiere menospreciar la función de la Municipalidad. Aquí no hay jerarquía superior o inferior. Las ordenanzas son como leyes y lo que nosotros hacemos es adherir a una ley". "Además, sería muy difícil que por diferir aportes de 20 abogados de Fiscalía Municipal se desfinancie a la caja previsional", concluyó.
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