El Poder Ejecutivo debe designar a dos magistrados del fuero penal

Dos ternas de candidatos a magistrados aguardan desde el 12 de marzo la decisión discrecional que la normativa reserva al gobernador José Alperovich. En el ejercicio de esa potestad, el titular del Poder Ejecutivo (PE) de la provincia debe elegir a uno de los tres nombres respectivamente propuestos por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para cubrir los cargos de juez de Instrucción de la I Nominación de la capital y de fiscal de Instrucción en lo Penal de la II Nominación de Concepción.

Los movimientos del titular del PE tienen en vilo a los letrados Gustavo Aldo Simón Romagnoli, Carlos Eduardo López y Alejandro Javier Tomás en el caso del Juzgado de la capital, y a Fabián Edgardo Rojas, López y Leandro Eduardo Molinuevo en el proceso correspondiente a la Fiscalía del sur.

En el tramo político de la selección, el gobernador puede designar a cualquiera de los ternados prescindiendo de la posición que estos ocupen en la terna elevada por el órgano de selección de jueces. A posteriori, los pliegos deben ser sometidos al acuerdo de la Legislatura, trámite que no ha deparado sobresaltos al menos en la etapa que comenzó en 2009, con la creación del CAM.

De todos los postulantes involucrados en los dos concursos de marras, López es el que más veces estuvo cerca de convertirse en magistrado, pero jamás pudo conseguir la anuencia del alperovichismo. En convocatorias pasadas, el candidato (que fue secretario del ex fiscal anticorrupción y ex parlamentario opositor Esteban Jerez) encabezó ternas en dos oportunidades (para llenar las fiscalías de Instrucción de la II Nominación de Monteros y de la I Nominación de la capital) y una vez logró el tercer lugar (en la selección del titular de la Fiscalía de Instrucción de la III Nominación de Concepción).