Académicos piden una revisión impositiva integral

Entre los académicos hay inquietud respecto del avance de una nueva reforma parcial al Código Tributario. Tanto en los claustros como en las entidades que representan a los profesionales es pública una declaración efectuada por un grupo de docentes universitarios vinculados con las cuestiones tributarias y legales. Ellos hicieron conocer su "intranquilidad respecto de la sanción de la Ley 8.468, que modifica el Código Tributario Provincial". Pero, al trascender que el gobernador José Alperovich enviará a la Legislatura otro proyecto de modificación a la legislación impositiva, consideraron oportuno suspender la aplicación de la anterior reforma y, a la vez, efectuar una revisión integral del código "con la colaboración de todos los estamentos representativos de la ciudadanía", dice la nota a la que accedió LA GACETA.

"Sin ánimo de agotar el debate y sin recurrir a excesivos tecnicismos jurídicos, corresponde señalar que, al ponerse en discusión las libertades o derechos y el patrimonio de los ciudadanos, la enmienda incide directamente en la dignidad y prosperidad de los pueblos, pudiendo afectar gravemente el bienestar general", arranca el escrito firmado por los académicos.

La importancia y trascendencia ligadas a la sanción o reforma de un Código Tributario no han sido debidamente aprovechadas para promover el debate profundo y serio que el asunto merecía.

El tratamiento apresurado -continúan- enmarca la reforma dentro de una dudosa técnica de política legislativa, que desborda el delicado equilibrio de la relación tributaria sustancial entre Estado o autoridad pública y contribuyentes o pueblo. La aplicación lisa y llana de la nueva legislación puede llegar a cercenar y eliminar los derechos y garantías constitucionales del contribuyente, que estará subordinado a la merced de los funcionarios y empleados de la Dirección General de Rentas, advierten. Tal ha sido la postura que han asumido un grupo de entidades, entre ellas la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán (Feput), Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Sociedad Rural y Unión Industrial.

Los docentes, en la misiva, han señalado que la Legislatura ha ignorado la rica experiencia administrativa y jurisprudencial. "En este último caso, ha pasado por alto fallos de la Corte de Justicia de la Nación tanto en materia de la Ley Nacional de Procedimientos Tributarios (Ley 11.683) como de la codificación provincial", puntualizan. El máximo tribunal, en particular, se ha expedido en contra de la facultad de disponer embargos preventivos sin requisitos que demuestren su necesidad o que acrediten su procedencia.

Tampoco se ha considerado el peligro que, para la actividad económica en su conjunto, acarrea la posibilidad de embargar cuentas bancarias de modo discrecional. "La utilización del circuito bancario resulta vital y necesario para las personas y, en especial, por las exigencias que derivan de la legislación antievasión, que dispone que todo egreso de dinero o pago de más de $ 1.000 debe ser efectuado, entre otros, mediante el uso de esas cuentas bancarias", remarcan.