Por Redacción Política
14 Febrero 2012
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La reforma de la Ley de Mediación que impulsa el oficialismo legislativo puso en guardia a los abogados, muchos de los cuales vislumbran en la iniciativa un nuevo foco de conflicto entre los profesionales y el Gobierno.
Ayer, los parlamentarios de la comisión de Legislación General analizaron el borrador con los cambios a la Ley Nº 7.844. Sin embargo, no pudieron dar dictamen favorable por las diferencias que genera el texto. Incluso, de la reunión participaron miembros del Círculo de Mediadores Judiciales de Tucumán, que presiden Ricardo Mario Vitellini (presidente) y Leonor Cecilia Rojo (secretaria).
Tal como adelantó LA GACETA el sábado, el alperovichismo -con el guiño de la Corte Suprema de Justicia- proyecta modificar la norma que regula el sistema de mediación prejudicial obligatoria. La intención, incluso, es que la iniciativa sea tratada en la sesión prevista para el viernes, la última que se hará en el recinto de Rivadavia 25.
El pretexto de la modificación es la eliminación del articulado de la norma de la disposición por la que los honorarios profesionales son abonados por el Estado. Actualmente, los honorarios de los abogados que intervienen en un proceso de mediación son solventados con una partida denominada "Fondo de Financiamiento". Precisamente, el artículo 26 de la ley establece que el "el mediador y, en su caso, el comediador, percibirán por su tarea desempeñada, una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente". La intención es que los honorarios, a partir de la modificación de la norma, sean afrontados por las partes intervinientes en la mediación.
Sin embargo, el Círculo de Mediadores expresó ayer sus reparos a la iniciativa y cuestionó que el oficialismo no los haya convocado para discutir y consensuar las mejoras a la ley. Según consideraron, el sistema de mediación, implementado desde 2006 en Tucumán, funciona sin inconvenientes e, incluso, con mejores resultados que la media nacional. "La implementación importó la adopción de una política pública que mediante la inversión y el financiamiento estatal descongestionó los tribunales", advirtió Vitellini. Paralelamente, consideró que el argumento de reducir los gastos para que el Estado no afronte el pago de los honorarios no resulta convincente. "La mediación se sostiene con una mínima inversión. Los $ 2,6 millones afectados en el Presupuesto 2012 para el pago de honorarios representan una suma similar a la que se invierte en la planilla salarial de uno sólo de los 25 juzgados de la capital que derivan casos a mediación", comparó el presidente del Círculo.
La iniciativa será nuevamente analizada hoy en el seno de la comisión de Legislación General. "El resultado de la reforma será necesariamente el encarecimiento del servicio de justicia para las personas de menos recursos que no reúnan los requisitos para acceder a la gratuidad", advirtió Vitellini.
Ayer, los parlamentarios de la comisión de Legislación General analizaron el borrador con los cambios a la Ley Nº 7.844. Sin embargo, no pudieron dar dictamen favorable por las diferencias que genera el texto. Incluso, de la reunión participaron miembros del Círculo de Mediadores Judiciales de Tucumán, que presiden Ricardo Mario Vitellini (presidente) y Leonor Cecilia Rojo (secretaria).
Tal como adelantó LA GACETA el sábado, el alperovichismo -con el guiño de la Corte Suprema de Justicia- proyecta modificar la norma que regula el sistema de mediación prejudicial obligatoria. La intención, incluso, es que la iniciativa sea tratada en la sesión prevista para el viernes, la última que se hará en el recinto de Rivadavia 25.
El pretexto de la modificación es la eliminación del articulado de la norma de la disposición por la que los honorarios profesionales son abonados por el Estado. Actualmente, los honorarios de los abogados que intervienen en un proceso de mediación son solventados con una partida denominada "Fondo de Financiamiento". Precisamente, el artículo 26 de la ley establece que el "el mediador y, en su caso, el comediador, percibirán por su tarea desempeñada, una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente". La intención es que los honorarios, a partir de la modificación de la norma, sean afrontados por las partes intervinientes en la mediación.
Sin embargo, el Círculo de Mediadores expresó ayer sus reparos a la iniciativa y cuestionó que el oficialismo no los haya convocado para discutir y consensuar las mejoras a la ley. Según consideraron, el sistema de mediación, implementado desde 2006 en Tucumán, funciona sin inconvenientes e, incluso, con mejores resultados que la media nacional. "La implementación importó la adopción de una política pública que mediante la inversión y el financiamiento estatal descongestionó los tribunales", advirtió Vitellini. Paralelamente, consideró que el argumento de reducir los gastos para que el Estado no afronte el pago de los honorarios no resulta convincente. "La mediación se sostiene con una mínima inversión. Los $ 2,6 millones afectados en el Presupuesto 2012 para el pago de honorarios representan una suma similar a la que se invierte en la planilla salarial de uno sólo de los 25 juzgados de la capital que derivan casos a mediación", comparó el presidente del Círculo.
La iniciativa será nuevamente analizada hoy en el seno de la comisión de Legislación General. "El resultado de la reforma será necesariamente el encarecimiento del servicio de justicia para las personas de menos recursos que no reúnan los requisitos para acceder a la gratuidad", advirtió Vitellini.
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