30 Julio 2003 Seguir en 
CONCEPCION.- Los cinco policías que participaron el sábado a la noche en La Madrid en los enfrentamientos en que fueron abatidos cuatro presuntos "piratas del asfalto" se presentaron ayer ante la Justicia, pero se negaron a declarar.
"Quiero que las pruebas periciales que están en trámite hablen por mis defendidos. Además, ya existen instrumentos públicos labrados en la comisaría de la jurisdicción en que sucedieron los hechos y en los que están narrados los acontecimientos", dijo el abogado Pedro Nicolás Brito. El letrado patrocina al jefe de la Brigada Sur, subcomisario Juan Arnaldo Velárdez; a los oficiales Gustavo Gómez y Alfredo Pineda (herido en la balacera en la mano izquierda), y a los suboficiales Fabián Díaz y Antonio Leyes. Los uniformados permanecen en calidad de "detenidos comunicados" a disposición del juez José Alfredo Garzia.
Según Garzia, en el caso "algo huele mal". "Vamos a esperar los resultados periciales para ver si planteamos el cese de prisión", comentó Brito. Estimó que el viernes ya contaría con los resultados de algunas pruebas que estudian peritos de la Policía de la provincia y de la Federal.
Hasta el momento ninguno de los parientes de los cuatro abatidos en La Madrid formalizó planteos ante la fiscal. Graciela de Figueroa, esposa de Carlos Figueroa, aunque dijo que está convencida de que las circunstancias en que fue muerto su cónyuge "fueron inventadas", adelantó que no iniciará querella porque "contra la Policía no se puede". La fiscal Juana Juárez de Durand, en tanto, indicó que las pruebas periciales que aguarda serán decisivas para definir la caratulación de la causa y el rumbo procesal.
Distintas versiones
Según Brito, en las versiones que hasta ahora brindaron los policías no existen contradicciones. "Entre lo que se dijo en forma espontánea y ahora hay una gran similitud. Por eso esperamos que las documentaciones reinantes y las pruebas periciales corroboren todos los hechos", agregó. El letrado aclaró que el camión, de propiedad de Emilio Villafañe y que era custodiado por dos oficiales, llevaba $ 30.000 y no $ 45.000, como se dijo en un principio. Con ese dinero, el camionero Enrique Ríos iba a comprar 600 bolsas de harina desde Santa Fe. El monto, según la Policía, le fue devuelto a Villafañe luego del procedimiento, por lo que no fue secuestrado. La fiscal ahora está abocada a averiguar por qué el camión llevaba tal cantidad de dinero cuando, de acuerdo con los costos actuales de la bolsa de harina en Santa Fe, sólo requería unos $ 18.000. No tiene en claro tampoco si los uniformados sabían que iba a haber un asalto en La Madrid. El jefe de la Policía, Roberto Vallejo, ratificó en ese sentido que el enfrentamiento fue un episodio circunstancial que se suscitó cuando los uniformados, por pedido de Villafañe, custodiaban un camión que iba a salir de la provincia. Lo que además trascendió es que los oficiales Pineda y Gómez habían accedido a acompañar al camionero hasta Santa Fe, lo que no les está permitido, por lo que podrían ser sancionados administrativamente.
El abogado Brito, en tanto, denunció que ayer fue amenazado telefónicamente en su domicilio particular. "Atendió mi sobrino, y le dijeron que me cuidara, y que me aparte de la casa. Es un claro mensaje intimidatorio", aseguró. Por eso, desde ayer, tiene custodia policial personal y en su domicilio. (C)
"Quiero que las pruebas periciales que están en trámite hablen por mis defendidos. Además, ya existen instrumentos públicos labrados en la comisaría de la jurisdicción en que sucedieron los hechos y en los que están narrados los acontecimientos", dijo el abogado Pedro Nicolás Brito. El letrado patrocina al jefe de la Brigada Sur, subcomisario Juan Arnaldo Velárdez; a los oficiales Gustavo Gómez y Alfredo Pineda (herido en la balacera en la mano izquierda), y a los suboficiales Fabián Díaz y Antonio Leyes. Los uniformados permanecen en calidad de "detenidos comunicados" a disposición del juez José Alfredo Garzia.
Según Garzia, en el caso "algo huele mal". "Vamos a esperar los resultados periciales para ver si planteamos el cese de prisión", comentó Brito. Estimó que el viernes ya contaría con los resultados de algunas pruebas que estudian peritos de la Policía de la provincia y de la Federal.
Hasta el momento ninguno de los parientes de los cuatro abatidos en La Madrid formalizó planteos ante la fiscal. Graciela de Figueroa, esposa de Carlos Figueroa, aunque dijo que está convencida de que las circunstancias en que fue muerto su cónyuge "fueron inventadas", adelantó que no iniciará querella porque "contra la Policía no se puede". La fiscal Juana Juárez de Durand, en tanto, indicó que las pruebas periciales que aguarda serán decisivas para definir la caratulación de la causa y el rumbo procesal.
Distintas versiones
Según Brito, en las versiones que hasta ahora brindaron los policías no existen contradicciones. "Entre lo que se dijo en forma espontánea y ahora hay una gran similitud. Por eso esperamos que las documentaciones reinantes y las pruebas periciales corroboren todos los hechos", agregó. El letrado aclaró que el camión, de propiedad de Emilio Villafañe y que era custodiado por dos oficiales, llevaba $ 30.000 y no $ 45.000, como se dijo en un principio. Con ese dinero, el camionero Enrique Ríos iba a comprar 600 bolsas de harina desde Santa Fe. El monto, según la Policía, le fue devuelto a Villafañe luego del procedimiento, por lo que no fue secuestrado. La fiscal ahora está abocada a averiguar por qué el camión llevaba tal cantidad de dinero cuando, de acuerdo con los costos actuales de la bolsa de harina en Santa Fe, sólo requería unos $ 18.000. No tiene en claro tampoco si los uniformados sabían que iba a haber un asalto en La Madrid. El jefe de la Policía, Roberto Vallejo, ratificó en ese sentido que el enfrentamiento fue un episodio circunstancial que se suscitó cuando los uniformados, por pedido de Villafañe, custodiaban un camión que iba a salir de la provincia. Lo que además trascendió es que los oficiales Pineda y Gómez habían accedido a acompañar al camionero hasta Santa Fe, lo que no les está permitido, por lo que podrían ser sancionados administrativamente.
El abogado Brito, en tanto, denunció que ayer fue amenazado telefónicamente en su domicilio particular. "Atendió mi sobrino, y le dijeron que me cuidara, y que me aparte de la casa. Es un claro mensaje intimidatorio", aseguró. Por eso, desde ayer, tiene custodia policial personal y en su domicilio. (C)
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