Finalmente, el oficialismo logró sancionar un proyecto que venía promocionando desde el año pasado y por el que modifica el destino de los fondos depositados en cuentas judiciales inmovilizadas.
La presencia del presidente del Colegio de Abogados de la capital, Eudoro Aráoz, y del titular de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores, Pedro Yane Mana, en el recinto de sesiones no fue impedimento para que el alperovichismo derogara un inciso de la Ley 6.059. Este determinaba que, una vez cumplidos tres años sin movimiento, las cuentas intervenidas por la Justicia (se calcula que son alrededor de 68.000) sean administradas por la Caja de Previsión para su financiamiento, que podrá depositarlas en plazo fijo y gozar de los intereses hasta el dictado de un fallo que defina el destino del dinero.
Sisto Terán fue quien defendió la iniciativa, mediante la que los fondos de las cuentas judiciales inmovilizadas serán incluidos en cuentas oficiales del Gobierno provincial, "manteniendo todas las características que le son propias y a la orden del juzgado correspondiente".
"Es una idea que nos toma desprevenidos y por la que no se consultó a ninguna de las entidades que nuclean a los abogados", planteó el demócrata cristiano José Manuel Páez. "Hasta los 90 esos fondos se transferían a la Caja, que no se apropiaba de ellos. Ese fue el sistema que rigió pacíficamente, pero ahora se intenta que los dineros inmovilizados pasen a las cuentas de la Provincia. De pronto hay que preguntarse si se pueden pasar fondos privados, sin más ni menos, a la órbita pública", cuestionó el opositor antes de reclamar que la iniciativa volviera a comisión.
De inmediato, el oficialista Terán salió al cruce. "No me entendieron. Las cuentas estas no van a ser públicas. Se asignarán al régimen de cuentas oficiales", refutó el legislador oficialista. Luego, el proyecto fue aprobado en el recinto. Sin embargo, las entidades que reúnen a los abogados ya adelantaron que solicitarán el veto al gobernador, José Alperovich. Y, llegado el caso, que llevarán su reclamo a la Justicia.
"Esto genera un perjuicio enorme, porque pone en serio riesgo el futuro de la Caja Previsional. Fueron bastante lejos, no dimensionaron el gravísimo daño que le hacen al sistema previsional", se quejó Yane Mana.
El titular de la Caja Previsional de Abogados y Procuradores fue muy duro con los legisladores del oficialismo. "Esto es lamentable, por cuanto este tipo de avasallamiento, que en su momento fue un intento de desfinanciar al Colegio de Abogados, ahora es con la Caja. Siempre hay que estar atentos. No sé con qué saldrán el año que viene. Sobre esto no fueron consultados ni el Colegio ni la Caja", planteó Yane Mana.
La presencia del presidente del Colegio de Abogados de la capital, Eudoro Aráoz, y del titular de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores, Pedro Yane Mana, en el recinto de sesiones no fue impedimento para que el alperovichismo derogara un inciso de la Ley 6.059. Este determinaba que, una vez cumplidos tres años sin movimiento, las cuentas intervenidas por la Justicia (se calcula que son alrededor de 68.000) sean administradas por la Caja de Previsión para su financiamiento, que podrá depositarlas en plazo fijo y gozar de los intereses hasta el dictado de un fallo que defina el destino del dinero.
Sisto Terán fue quien defendió la iniciativa, mediante la que los fondos de las cuentas judiciales inmovilizadas serán incluidos en cuentas oficiales del Gobierno provincial, "manteniendo todas las características que le son propias y a la orden del juzgado correspondiente".
"Es una idea que nos toma desprevenidos y por la que no se consultó a ninguna de las entidades que nuclean a los abogados", planteó el demócrata cristiano José Manuel Páez. "Hasta los 90 esos fondos se transferían a la Caja, que no se apropiaba de ellos. Ese fue el sistema que rigió pacíficamente, pero ahora se intenta que los dineros inmovilizados pasen a las cuentas de la Provincia. De pronto hay que preguntarse si se pueden pasar fondos privados, sin más ni menos, a la órbita pública", cuestionó el opositor antes de reclamar que la iniciativa volviera a comisión.
De inmediato, el oficialista Terán salió al cruce. "No me entendieron. Las cuentas estas no van a ser públicas. Se asignarán al régimen de cuentas oficiales", refutó el legislador oficialista. Luego, el proyecto fue aprobado en el recinto. Sin embargo, las entidades que reúnen a los abogados ya adelantaron que solicitarán el veto al gobernador, José Alperovich. Y, llegado el caso, que llevarán su reclamo a la Justicia.
"Esto genera un perjuicio enorme, porque pone en serio riesgo el futuro de la Caja Previsional. Fueron bastante lejos, no dimensionaron el gravísimo daño que le hacen al sistema previsional", se quejó Yane Mana.
El titular de la Caja Previsional de Abogados y Procuradores fue muy duro con los legisladores del oficialismo. "Esto es lamentable, por cuanto este tipo de avasallamiento, que en su momento fue un intento de desfinanciar al Colegio de Abogados, ahora es con la Caja. Siempre hay que estar atentos. No sé con qué saldrán el año que viene. Sobre esto no fueron consultados ni el Colegio ni la Caja", planteó Yane Mana.
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