Las fuerzas de seguridad todavía no lograron encontrar a Juan Carlos Benedicto, el civil imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga. La fuga del escribano, concretada entre la noche del miércoles y la mañana del jueves de un hospital psiquiátrico, generó preocupación en agrupaciones de derechos humanos. "Benedicto es un hombre relativamente joven; no un octogenario que necesite de esos beneficios. Con todo lo que implica que un civil haya formado parte de un centro de detención clandestino, se deberían haber tomado las precauciones que merecen este tipo de causas. Estamos hablando de las pesadillas más tremendas que pueda vivir una persona", expresó Natalia Ariñez, de Hijos.
El juez federal Daniel Bejas está a cargo de la investigación de la causa "Arsenales", en la que están procesadas más de 20 personas; entre ellas, Benedicto.
El escribano, que en aquella época tenía unos 18 años, se desempeñaba como informante, y a la vez formaba parte de los grupos de tareas (las denominadas "patotas") que operaban en el centro de detención clandestino, según el informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Durante la última dictadura militar, cientos de personas fueron llevadas al Miguel de Azcuénaga; muchas de ellas aún continúan desaparecidas.
En diciembre de 2010, Benedicto fue llevado al penal de Villa Urquiza, bajo el régimen de prisión preventiva. "Ya había estado violando el arresto domiciliario. Debía permanecer en la cárcel", indicó Ariñez.
Sin embargo, hace unos dos meses, los médicos aconsejaron que fuera llevado a su casa, debido a que tenía que ser sometido a un tratamiento médico que no podía ser afrontado en la prisión.
Recientemente, estando en su vivienda, Benedicto sufrió una crisis nerviosa, indicaron fuentes judiciales; por eso, lo trasladaron a un neuropsiquiátrico.
De allí desapareció, pese a que estaba siendo custodiado por un uniformado de la Policía Federal, destacó Bejas. "No hay novedades hasta ahora", le dijo ayer a LA GACETA el juez federal sobre el paradero del escribano prófugo.
La fuga de Benedicto puso sobre el tapete una vieja polémica, que tiene en uno de sus polos a las agrupaciones de derechos humanos: si los imputados en causas sobre delitos de lesa humanidad deben o no recibir beneficios como el arresto domiciliario.
"Benedicto no es cualquier persona; como escribano, hizo clientes muy importantes y logró conseguir muchos contactos. Pero no se le asignó una vigilancia como la que ameritaba; en efecto, hubo una negligencia increíble y la Justicia es la principal responsable", destacó Ariñez.
Además, opinó que posiblemente la fuga del imputado no haya sido producto del azar. "Es evidente que hubo algo planificado desde hace tiempo para que llegara a ese centro médico y aprovechara para escapar. Él debería haber estado en Villa Urquiza. Y no es el único procesado por causas de este tipo que está prófugo", advirtió Ariñez.
El juez federal Daniel Bejas está a cargo de la investigación de la causa "Arsenales", en la que están procesadas más de 20 personas; entre ellas, Benedicto.
El escribano, que en aquella época tenía unos 18 años, se desempeñaba como informante, y a la vez formaba parte de los grupos de tareas (las denominadas "patotas") que operaban en el centro de detención clandestino, según el informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Durante la última dictadura militar, cientos de personas fueron llevadas al Miguel de Azcuénaga; muchas de ellas aún continúan desaparecidas.
En diciembre de 2010, Benedicto fue llevado al penal de Villa Urquiza, bajo el régimen de prisión preventiva. "Ya había estado violando el arresto domiciliario. Debía permanecer en la cárcel", indicó Ariñez.
Sin embargo, hace unos dos meses, los médicos aconsejaron que fuera llevado a su casa, debido a que tenía que ser sometido a un tratamiento médico que no podía ser afrontado en la prisión.
Recientemente, estando en su vivienda, Benedicto sufrió una crisis nerviosa, indicaron fuentes judiciales; por eso, lo trasladaron a un neuropsiquiátrico.
De allí desapareció, pese a que estaba siendo custodiado por un uniformado de la Policía Federal, destacó Bejas. "No hay novedades hasta ahora", le dijo ayer a LA GACETA el juez federal sobre el paradero del escribano prófugo.
La fuga de Benedicto puso sobre el tapete una vieja polémica, que tiene en uno de sus polos a las agrupaciones de derechos humanos: si los imputados en causas sobre delitos de lesa humanidad deben o no recibir beneficios como el arresto domiciliario.
"Benedicto no es cualquier persona; como escribano, hizo clientes muy importantes y logró conseguir muchos contactos. Pero no se le asignó una vigilancia como la que ameritaba; en efecto, hubo una negligencia increíble y la Justicia es la principal responsable", destacó Ariñez.
Además, opinó que posiblemente la fuga del imputado no haya sido producto del azar. "Es evidente que hubo algo planificado desde hace tiempo para que llegara a ese centro médico y aprovechara para escapar. Él debería haber estado en Villa Urquiza. Y no es el único procesado por causas de este tipo que está prófugo", advirtió Ariñez.
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