La primera incógnita que domina hoy Bolivia, en los primeros comicios para elegir magistrados en cuatro tribunales, es cuántos de los 5.243.375 ciudadanos habilitados (aproximadamente el 40% de la población) concurrirán a las 23.866 urnas dispuestas en todo el país y votarán afirmativamente por algún candidato.
Si bien el voto es obligatorio, lo que garantizaría una alta concurrencia a los centros de votación, la duda sobre a quién votar está generalizada. De los más de 500 postulantes inscriptos originalmente para 28 cargos (cada uno con su respectivo suplente) en cuatro tribunales nacionales, sólo sobrevivieron a la revisión de la Asamblea Legislativa 115 candidatos, ya que el resto no cumplía con alguna de las condiciones establecidas; el último de los cuestionados fue eliminado de la boleta única cuando ya estaba impresa, por una decisión judicial (última instancia de control). Por este motivo, su nombre aún figura, pero será inválido todo voto que obtenga.
Los candidatos no pudieron hacer campaña, como tampoco los partidos políticos, ya que las inscripciones son individuales y no por agrupación alguna; de hecho, no pueden estar afiliados. La difusión de sus antecedentes estuvo a cargo del Órgano Electoral Plurinacional, que distribuyó en forma idéntica espacios en radio y televisión (de 40 segundos de duración) para cada postulante e imprimió cartillas con los antecedentes individuales. La mayor intensidad en propaganda, incluso con afiches y gigantografías, está volcada en convocar al ciudadano a votar.
Precisamente, por la presunta violación de esta veda proselitista hay todavía 35 cuestionamientos en trámite, que deben ser resueltos hasta esta madrugada. Todo arroja más oscuridad a unos comicios que fueron fustigados por la oposición y que son supervisados por dos delegaciones internacionales de la Unasur y la OEA.
La difusión de los currículos de los postulantes fue, como mínimo, insuficiente, aspecto en el que coinciden todos los sectores involucrados, especialmente los votantes. La incertidumbre se transforma en desazón y llevaría a que haya una alta cantidad de votos en blanco o anulados. Desde las organizaciones civiles, se reclamó que, si el nivel de voto negativo (engloba estas dos posibilidades), la votación sea declarada nula, no se proclame a ningún electo y se redefina el mecanismo, lo que fue rechazado por las autoridades.
Una reciente encuesta arroja que el 92% de los consultados no conocía a ningún postulante, y que el 18% no sabía que los comicios iban a realizarse ni que eran obligatorios. Pero, hay un amplio consenso en exigir cambios en el funcionamiento del Poder Judicial.
Una decisión política
La elección de jueces superiores por el voto popular es una fuerte apuesta del presidente, Evo Morales, quien apuntó contra el poder del Estado más desprestigiado en la sociedad y con mayores cuestionamientos por su falta de transparencia. Hasta esta experiencia, los magistrados eran elegidos por los 130 miembros del Congreso Nacional, lo que le valió al vicepresidente, Alvaro García Linera, afirmar que si un candidato obtiene más de 130 votos (alusión a la cantidad de legisladores), ya tendría mayor legitimidad social que sus precedentes en el cargo.
Pero el mandatario está jaqueado por una economía que aún no puede controlar, presionado por los sectores más ricos del país y criticado por grupos ecologistas e indigenistas. Como principal respuesta, el oficialismo los acusa de estar al servicio de la oposición política y de tener vínculos con la poderosa embajada de Estados Unidos, la única que figura en los planos turísticos en los hoteles.
Ajeno a los cuestionamientos, los manifestantes siguen su marcha sobre la capital, adonde llegarían el miércoles para protestar contra la construcción de la ruta por una reserva ecológica. La caminata, que ya lleva dos meses, está demorada en los accesos a La Paz, donde deben superar los 4.200 metros de altura, y disputa las tapas de los diarios, palmo a palmo, con las elecciones. No habrá, entonces, tiempo para el festejo o la evaluación de los comicios para el Gobierno: apenas 72 horas después de la cita electoral, deberá vérselas con la marcha que más dolores de cabeza le causó, incluyendo la renuncia de dos ministros por la represión policial a los manifestantes. La expectativa está centrada si los marchistas podrán llegar a la Plaza Mayor donde aspiran a hacer el acto central.
Si bien el voto es obligatorio, lo que garantizaría una alta concurrencia a los centros de votación, la duda sobre a quién votar está generalizada. De los más de 500 postulantes inscriptos originalmente para 28 cargos (cada uno con su respectivo suplente) en cuatro tribunales nacionales, sólo sobrevivieron a la revisión de la Asamblea Legislativa 115 candidatos, ya que el resto no cumplía con alguna de las condiciones establecidas; el último de los cuestionados fue eliminado de la boleta única cuando ya estaba impresa, por una decisión judicial (última instancia de control). Por este motivo, su nombre aún figura, pero será inválido todo voto que obtenga.
Los candidatos no pudieron hacer campaña, como tampoco los partidos políticos, ya que las inscripciones son individuales y no por agrupación alguna; de hecho, no pueden estar afiliados. La difusión de sus antecedentes estuvo a cargo del Órgano Electoral Plurinacional, que distribuyó en forma idéntica espacios en radio y televisión (de 40 segundos de duración) para cada postulante e imprimió cartillas con los antecedentes individuales. La mayor intensidad en propaganda, incluso con afiches y gigantografías, está volcada en convocar al ciudadano a votar.
Precisamente, por la presunta violación de esta veda proselitista hay todavía 35 cuestionamientos en trámite, que deben ser resueltos hasta esta madrugada. Todo arroja más oscuridad a unos comicios que fueron fustigados por la oposición y que son supervisados por dos delegaciones internacionales de la Unasur y la OEA.
La difusión de los currículos de los postulantes fue, como mínimo, insuficiente, aspecto en el que coinciden todos los sectores involucrados, especialmente los votantes. La incertidumbre se transforma en desazón y llevaría a que haya una alta cantidad de votos en blanco o anulados. Desde las organizaciones civiles, se reclamó que, si el nivel de voto negativo (engloba estas dos posibilidades), la votación sea declarada nula, no se proclame a ningún electo y se redefina el mecanismo, lo que fue rechazado por las autoridades.
Una reciente encuesta arroja que el 92% de los consultados no conocía a ningún postulante, y que el 18% no sabía que los comicios iban a realizarse ni que eran obligatorios. Pero, hay un amplio consenso en exigir cambios en el funcionamiento del Poder Judicial.
Una decisión política
La elección de jueces superiores por el voto popular es una fuerte apuesta del presidente, Evo Morales, quien apuntó contra el poder del Estado más desprestigiado en la sociedad y con mayores cuestionamientos por su falta de transparencia. Hasta esta experiencia, los magistrados eran elegidos por los 130 miembros del Congreso Nacional, lo que le valió al vicepresidente, Alvaro García Linera, afirmar que si un candidato obtiene más de 130 votos (alusión a la cantidad de legisladores), ya tendría mayor legitimidad social que sus precedentes en el cargo.
Pero el mandatario está jaqueado por una economía que aún no puede controlar, presionado por los sectores más ricos del país y criticado por grupos ecologistas e indigenistas. Como principal respuesta, el oficialismo los acusa de estar al servicio de la oposición política y de tener vínculos con la poderosa embajada de Estados Unidos, la única que figura en los planos turísticos en los hoteles.
Ajeno a los cuestionamientos, los manifestantes siguen su marcha sobre la capital, adonde llegarían el miércoles para protestar contra la construcción de la ruta por una reserva ecológica. La caminata, que ya lleva dos meses, está demorada en los accesos a La Paz, donde deben superar los 4.200 metros de altura, y disputa las tapas de los diarios, palmo a palmo, con las elecciones. No habrá, entonces, tiempo para el festejo o la evaluación de los comicios para el Gobierno: apenas 72 horas después de la cita electoral, deberá vérselas con la marcha que más dolores de cabeza le causó, incluyendo la renuncia de dos ministros por la represión policial a los manifestantes. La expectativa está centrada si los marchistas podrán llegar a la Plaza Mayor donde aspiran a hacer el acto central.
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