La ley de contravenciones lleva un año de inconstitucionalidad

"Una detención preventiva de 48 horas, producida en el marco de un procedimiento contravencional tramitado ante la autoridad policial y sin intervención judicial ni notificación necesaria a terceros, no puede ser legitimada sin más ni más".

El 5 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se refirió de esta manera a la Ley de Contravenciones que rige en Tucumán. Y, aunque pasó un año del fallo que marcaba la inconstitucionalidad de la norma, todavía no se trató el tema en la Legislatura.

Así, en el primer semestre de 2011, la Policía arrestó cada día a 13 personas por faltas contravencionales. Y, según un estudio que están llevando a cabo organizaciones de derechos humanos, todos los detenidos realizaron declaraciones en su contra sin el asesoramiento de un defensor. "Esta ley se sigue aplicando de forma arbitraria. Es necesario que, cuanto antes, se trabaje sobre un proyecto ajustado a las pautas establecidas por la Corte", indicó el abogado Carlos Garmendia, del Observatorio de Derechos Humanos.

Discusión y al calabozo
En enero de 2004, José Núñez fue arrestado por discutir tras un partido de fútbol. Según el informe policial, había violado el artículo 15, inciso 4º, de la Ley de Contravenciones (alterar el orden público). Desde la Policía lo sancionaron a seis días de arresto, que Núñez debió purgar porque no tenía dinero. Un equipo de la ONG Andhes intervino en el caso, y se apeló el dictamen. Así, comenzó una pugna judicial que acabó en la Corte Suprema. Hace un año, el máximo tribunal remarcó que esta normativa "no está en condiciones de establecer el estándar constitucional mínimo".

Desde entonces, se creó un foro -que realizó varias actividades para explicar de qué se trata la ley- y se acercaron varios proyectos a diferentes estamentos oficiales. No hubo respuestas.

"Estábamos trabajando sobre la base de ideas muy interesantes, pero no se logró arribar a un consenso. Por eso, finalmente, no se terminó de sancionar. Sin embargo, el proyecto está ahí para que lo modifique la próxima Legislatura", señaló Daniel Heredia, titular saliente de la comisión de Seguridad.

Matías Lorenzo Pisarello, de Andhes, aclaró que hay expectativas por los trabajos que realicen los próximos integrantes de la Cámara. "Desde el año pasado, hemos notado un acercamiento de la sociedad hacia este tema. Sin embargo, no pasó lo mismo con los actores políticos, quienes son los principales responsables de la modificación de la ley. Luego del fallo de la Corte, hubiera sido importante que al menos se sentaran a dialogar sobre cuáles son los cambios que hacen falta", remarcó el letrado.

En la actualidad, un equipo de abogados de diferentes ONGs están analizando los expedientes iniciados en los Juzgados de Instrucción del Fuero Penal vinculados a apelaciones por detenciones contravencionales. Garmendia detalló que los números provisorios son preocupantes. "Por ejemplo, menos del 12% de los sumarios son apelados, lo que habla a las claras de la falta de conocimiento sobre este proceso, en el que no existe un derecho de defensa", dijo.