17 Julio 2003 Seguir en 
Madrid.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo apoyos importantes a sus reformas en su primera visita a España, en la que acordó una alianza estratégica bilateral, además del compromiso español para impulsar las negociaciones de la UE con el Mercosur. "España establecerá una alianza estratégica con Brasil en materia política, económica y social", anunció el presidente del gobierno español, José María Aznar, al iniciar una rueda de prensa conjunta con Lula en La Moncloa.
Ambos países, explicó, desarrollarán un plan de acción bianual que explorará todas las potencialidades bilaterales, así como fórmulas de cooperación en organismos multilaterales. Los dos mandatarios abordaron la integración sudamericana en el Mercosur, así como las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el bloque que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Aznar manifestó su gran confianza en Lula, a quien expresó su apoyo en las reformas emprendidas para luchar contra el hambre y fomentar el desarrollo de Brasil. España, que después de EE.UU. es el mayor inversionista extranjero en Brasil, puede, según Aznar, desempeñar un papel de puente con los países sudamericanos. Las compañías españolas han invertido más de 25.000 millones de euros en Brasil en los últimos años.
La tormenta
Ya de regreso a Brasilia, Lula se enfrentará hoy con la crisis derivada de la polémica reforma previsional. El mandatario deberá laudar entre sus funcionarios y los líderes del oficialismo en el Congreso. La principal diferencia radica en los reajustes de las jubilaciones del sector público. El gobierno se manifestó dispuesto a hacer algunas concesiones en su propuesta original, que retira varios de los privilegios de los que disfrutaban hasta ahora los jubilados y pensionistas del servicio público. Según el ministro de Previsión Social, los cambios aceptados por el gobierno tendrán un impacto económico modesto, al reducir de unos U$S 18.300 millones a U$S 17.500 millones el ahorro previsto para los próximos 20 años en los gastos con el pago de beneficios a los empleados públicos.
No obstante, miembros de la bancada oficialista en Diputados insisten en incluir otros cambios en la propuesta original, cuyo impacto financiero sería mucho más fuerte. Algunos desean asegurar a los empleados públicos el derecho a jubilarse con el mismo salario que recibían cuando trabajaban y también un reajuste de beneficios equivalente a los que sean concedidos a los empleados en actividad. (DPA/Télam)
Ambos países, explicó, desarrollarán un plan de acción bianual que explorará todas las potencialidades bilaterales, así como fórmulas de cooperación en organismos multilaterales. Los dos mandatarios abordaron la integración sudamericana en el Mercosur, así como las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el bloque que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Aznar manifestó su gran confianza en Lula, a quien expresó su apoyo en las reformas emprendidas para luchar contra el hambre y fomentar el desarrollo de Brasil. España, que después de EE.UU. es el mayor inversionista extranjero en Brasil, puede, según Aznar, desempeñar un papel de puente con los países sudamericanos. Las compañías españolas han invertido más de 25.000 millones de euros en Brasil en los últimos años.
La tormenta
Ya de regreso a Brasilia, Lula se enfrentará hoy con la crisis derivada de la polémica reforma previsional. El mandatario deberá laudar entre sus funcionarios y los líderes del oficialismo en el Congreso. La principal diferencia radica en los reajustes de las jubilaciones del sector público. El gobierno se manifestó dispuesto a hacer algunas concesiones en su propuesta original, que retira varios de los privilegios de los que disfrutaban hasta ahora los jubilados y pensionistas del servicio público. Según el ministro de Previsión Social, los cambios aceptados por el gobierno tendrán un impacto económico modesto, al reducir de unos U$S 18.300 millones a U$S 17.500 millones el ahorro previsto para los próximos 20 años en los gastos con el pago de beneficios a los empleados públicos.
No obstante, miembros de la bancada oficialista en Diputados insisten en incluir otros cambios en la propuesta original, cuyo impacto financiero sería mucho más fuerte. Algunos desean asegurar a los empleados públicos el derecho a jubilarse con el mismo salario que recibían cuando trabajaban y también un reajuste de beneficios equivalente a los que sean concedidos a los empleados en actividad. (DPA/Télam)
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