04 Octubre 2011 Seguir en 
SANTIAGO DE CHILE.- Quienes participen de tomas de establecimientos educacionales (sean escuelas, colegios, liceos o universidades) podrán ser condenados con penas de entre 541 días y tres años de cárcel, si prospera en el Parlamento una reforma para endurecer el Código Penal que propone el Gobierno de Sebastián Piñera.
La modificación endurece las penas a quienes agredan a Carabineros en manifestaciones públicas y establece como delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles", entre los que incluye viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales.
El proyecto de ley, firmado por Piñera y por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se adopta en medio de un prolongado conflicto de cinco meses que el Gobierno mantiene con los estudiantes secundarios y universitarios, y que ha llevado la popularidad del Presidente al 22%, el nivel más bajo en democracia.
La titular de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, Laura Palma, definió a la iniciativa de "impactante" y "compleja", y el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, dijo que "criminaliza el movimiento" social.
Por su parte, Piñera lo justificó: "el que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales".
También el senador oficialista, Alberto Espina, respaldó la iniciativa. "Sabemos que algunas normas van a generar polémica, pero apuntan a distinguir con claridad el derecho a manifestarse de las alteraciones graves con violencia", puntualizó.
La novedad se conoció 48 horas antes de una nueva reunión entre las organizaciones estudiantiles con Piñera, a quien le reclaman una educación gratuita y de calidad, cambios en el régimen de enseñanza y mayor presupuesto para el sector. (Télam)
La modificación endurece las penas a quienes agredan a Carabineros en manifestaciones públicas y establece como delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles", entre los que incluye viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales.
El proyecto de ley, firmado por Piñera y por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se adopta en medio de un prolongado conflicto de cinco meses que el Gobierno mantiene con los estudiantes secundarios y universitarios, y que ha llevado la popularidad del Presidente al 22%, el nivel más bajo en democracia.
La titular de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, Laura Palma, definió a la iniciativa de "impactante" y "compleja", y el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, dijo que "criminaliza el movimiento" social.
Por su parte, Piñera lo justificó: "el que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales".
También el senador oficialista, Alberto Espina, respaldó la iniciativa. "Sabemos que algunas normas van a generar polémica, pero apuntan a distinguir con claridad el derecho a manifestarse de las alteraciones graves con violencia", puntualizó.
La novedad se conoció 48 horas antes de una nueva reunión entre las organizaciones estudiantiles con Piñera, a quien le reclaman una educación gratuita y de calidad, cambios en el régimen de enseñanza y mayor presupuesto para el sector. (Télam)
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