Por Redacción Política
11 Julio 2011
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El caso "Macías" marcó un antes y un después en la relación entre el Tribunal de Cuentas (TC) y el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst). El escandaloso pago de $27.600 -ordenado en 2004 por el gobernador José Alperovich- en beneficio de un empresario (Oscar Macías) que no estaba afiliado a la obra social estatal derivó en una revisión del control que el TC hacía sobre las cuentas y los gastos del Subsidio de Salud.
En 2006, los contadores públicos de la Delegación Destacada del TC en Previsión empezó a controlar la ejecución de todos los fondos a disposición de la obra social, tanto los previstos en el presupuesto de funcionamiento aprobado por ley como los operativos (antes, el TC sólo examinaba los gastos correspondientes a la previsión legal).
A partir del año siguiente, los delegados fiscales (los contadores Cristina Cadau y Julio Salvador Rey) comenzaron a insistir en el control preventivo de la Ley 6.970, de Administración Financiera. El Ipsst, sin embargo, siguió remitiendo los expedientes al TC después de realizar el pago.
En 2009, los vocales del órgano de control externo llamaron la atención formalmente a las autoridades del Subsidio mediante el acuerdo 3.513. Dos años más tarde, el TC emitió otro acuerdo (el 458) del mismo tenor. Finalmente, en mayo de este año, los vocales Miguel Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal decidieron sancionar a la interventora Nelly Manuela Ganim con un apercibimiento, que la funcionaria ha cuestionado con un recurso de reconsideración.
La sanción quebró la resistencia del Subsidio a las inflexibles directivas del TC. Desde entonces, los pagos se libran cuando el expediente ha pasado por el despacho de Ganim y la Delegación Destacada. El viernes, la interventora dio 10 días a sus colaboradores para diseñar un nuevo circuito administrativo que agilice los trámites.
En 2006, los contadores públicos de la Delegación Destacada del TC en Previsión empezó a controlar la ejecución de todos los fondos a disposición de la obra social, tanto los previstos en el presupuesto de funcionamiento aprobado por ley como los operativos (antes, el TC sólo examinaba los gastos correspondientes a la previsión legal).
A partir del año siguiente, los delegados fiscales (los contadores Cristina Cadau y Julio Salvador Rey) comenzaron a insistir en el control preventivo de la Ley 6.970, de Administración Financiera. El Ipsst, sin embargo, siguió remitiendo los expedientes al TC después de realizar el pago.
En 2009, los vocales del órgano de control externo llamaron la atención formalmente a las autoridades del Subsidio mediante el acuerdo 3.513. Dos años más tarde, el TC emitió otro acuerdo (el 458) del mismo tenor. Finalmente, en mayo de este año, los vocales Miguel Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal decidieron sancionar a la interventora Nelly Manuela Ganim con un apercibimiento, que la funcionaria ha cuestionado con un recurso de reconsideración.
La sanción quebró la resistencia del Subsidio a las inflexibles directivas del TC. Desde entonces, los pagos se libran cuando el expediente ha pasado por el despacho de Ganim y la Delegación Destacada. El viernes, la interventora dio 10 días a sus colaboradores para diseñar un nuevo circuito administrativo que agilice los trámites.
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