El PJ da libertad a funcionarios para que tomen o no licencia

Quedó en claro ayer que no está en los planes del oficialismo impulsar una ley para reglar la licencia de los funcionarios abocados a la campaña electoral. Así lo dejaron entrever el gobernador, José Alperovich, y el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado.

"La verdad que no sé (si se reglamentará mediante una ley). Pero en estos casos, no hay problemas de que pidan licencia los ministros", manifestó el mandatario provincial luego de recorrer obras en una escuela del barrio "Los Chañaritos" (al sur de esta capital).

Por su parte, Amado aclaró que la Cámara no tiene previsto sancionar una ley con ese propósito. Aún más, consideró que quedará a criterio de cada funcionario -que sea candidato- suspender las funciones y actividades oficiales durante algún tiempo antes a los comicios del 28 de agosto.

Antes y después

En Tucumán, hasta la reforma constitucional de 2006 rigió la Ley 6.632, promulgada el 2 de junio de 1995 por el ex gobernador, Ramón Ortega, y por su ministro de Gobierno, Alfredo Carlos Dato (actual diputado nacional por el oficialismo). La norma cayó el 30 de diciembre de 2009, derogada por el Digesto Jurídico. Sin embargo, en los hechos fue reemplazada ya en 2006 tras la reforma de la Constitución provincial.

Ese texto rigió las conductas de los funcionarios a lo largo de tres comicios provinciales (1995, 1999 y 2003). La ley les imponía la obligación de tomar licencia de sus cargos sin goce de sueldo 30 días antes de la votación, y abarcaba a todos los niveles del Estado. Sólo se eximía a los electos por el voto popular: gobernador y vice; legisladores; concejales; intendentes y comisionados rurales.

Ya en 2006, por imperio de la Convención que retocó el texto magno, se eliminó la obligatoriedad de exigir a los funcionarios que tomen licencia previa a las elecciones por ser candidatos.

Precisamente, la sentencia de los vocales de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, en la causa "Movimiento Popular Tres Banderas" dejó vacíos legales en dos cuestiones trascendentes para la marcha del proceso electoral. Por un lado, el fallo volteó la conformación de la Junta Electoral Provincial (JEP) con mayoría del poder político y, por otro, declaró inconstitucional que los funcionarios no sean obligados a pedir licencia para hacer campaña.

Ayer, tanto Alperovich como Amado consideraron que el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a la que el Gobierno finalmente desistió de apelar, se "mediatizó".

"Estamos tratando de darle a todos los tucumanos la mayor transparencia posible y que esta elección, más allá de que a algunos medios no les guste, no esté viciada. Siembre buscamos que los tucumanos tengan la mayor transparencia, sobre todo en elecciones", aseveró el titular del Poder Ejecutivo. Aunque más escueto, el presidente subrogante de la Cámara también coincidió. "Esto se ha mediatizado un poco", dijo Amado.

La Ley suprimida disponía también la prohibición absoluta del uso de recursos y medios de propiedad del Estado con fines proselitistas partidarios, un asunto sobre el que el fallo de los camaristas también puso el acento.