Faltan 15 semanas para que los tucumanos entren al cuarto oscuro para decidir su futuro. Los candidatos se muestran tan preocupados por los comicios que no les ha importado violar la ley que dispone que deben promover sus postulaciones un mes antes de la votación.
La ciudadanía ha empezado a entrar en el túnel electoral. Unos, como los taxistas y remiseros, están felices porque el 28 de agosto será el día más redituable del año -dicen que la inflación ha llevado el costo de cada auto que acarrea votantes a $ 450-; otros se ven tentados por su vocación de aportar al bien común o por un trabajo que da pingües ganancias al término de los cuatro años.
De todos modos, de a poco cada uno de los ciudadanos se contagia del clima eleccionario. Sin embargo, tal cual están dadas las cosas la elección provincial se asemeja a uno de esos aviones que hace una década comandó a control remoto -y humano- Bin Laden. Los que de este lado del mundo lo miraban por televisión veían cómo inexorablemente iban a estrellarse contra las torres gemelas, y aunque en la imaginación parecía imposible, luego, inevitablemente, los gigantescos edificios eran atravesados.
Los comicios se dirigen hacia el 28 de agosto con reglas de juego que todos saben serán el eje del problema y no la solución. Ningún ciudadano se sienta a jugar a una partida de Truco sin antes preguntar "¿se juega con olorosa?". Sin embargo, por la tozudez -y obsecuencia- de muchos constituyentes -y amigos de José- han decidido que los jueces de la contienda sea, principalmente, gente que depende del gobernador y, por lo tanto, de uno de los candidatos con mayores posibilidades de salir electo. Esa posibilidad deja abierto que ante la más mínima duda o aparente irregularidad se hagan planteos ante esas autoridades y, que al mismo tiempo, no se respete su resolución. En 2006 se juró la Constitución que decidió que la Junta Electoral esté integrada por el presidente de la Corte, por el vicegobernador y nada menos que por el fiscal de Estado. Si ya podría haber dudas sobre el vice que conformó la fórmula junto con el primer mandatario, agregar al fiscal de Estado a ese trío fue desafinar muy feo.
El conflicto amenaza con ser muy grave.
¿Quién tiene la posibilidad de evitar esto? La Corte Suprema de Justicia. Desde el 28 de abril, en los escritorios de los vocales ya está la causa que la Cámara Contencioso Administrativa declaró inconstitucional a la curiosa e innovadora composición de la Junta Electoral integrada por el fiscal de Estado, un empleado más del Poder Ejecutivo. Históricamente fue el ministro fiscal quien completó la terna, ya que tiene independencia política.
Tiempo e interés. He ahí la cuestión. Esos dos valores son los que pasean por la cabeza de algunos de los vocales, aunque no en la del presidente, Antonio Estofán, porque se ha apartado de la cuestión.
Aún no está definida la composición del tribunal que estudiará la causa -es seguro que serán recusados René Goane, enemigo declarado del alperovichismo, pero por orden de Buenos Aires- y posiblemente el flamante vocal Daniel Posse -por ser amigo declarado del mandatario. Después de que estos vocales sea reemplazados -Claudia Sbdar no sería recusada- ya habrán empezado a correr los 90 días para resolver la constitucionalidad de esta integración de la Junta Electoral.
Si la Corte responsable de juzgar el pleito no se da el tiempo dejará la sensación de no tener interés de hacerlo. Esta misma Corte ha demostrado que ha sido capaz de resolver causas idénticas en un tiempo menor al que tiene en este momento. Pero claro, tiene que existir la voluntad de hacerlo. No hace mucho tiempo utilizó "Nueve semanas y media" para dictar sentencia en el juicio caratulado "Arias Víctor Hugo y otro vs. Provincia de Tucumán sobre inconstitucionalidad". El expediente había ingresado el 2 de septiembre y el día del aniversario de la muerte de Juan Perón, el 1 de julio, se dictó la sentencia. En aquella oportunidad hicieron lugar a la acción de inconstitucionalidad Alfredo Dato, René Goane y Héctor Eduardo Area Maidana; por el contrario, los vocales Alberto Brito y Antonio Gandur votaron en disidencia.
Un botón de muestra
La Corte actuó con celeridad y en "Nueve semanas y media" declaró inconstitucional la forma inicial en la que Alperovich decretó la elección de convencionales constituyentes para la reformar la Carta Magna. Es posible que no sólo los moviera el interés general. No hay que olvidar que por aquel entonces la Corte forcejeaba con el Poder Ejecutivo provincial que no se cansaba de amenazar con poner todos los jueces en comisión. Y además, Alfredo Dato no había sido propuesto candidato a diputado nacional. De todos modos, lo real y concreto es que cuando la Corte lo quiso, se hizo y resolvió el pleito en un lapso menor al que con el que hoy cuenta.
La lentitud puede volverse sospechosa sobre un Tribunal que no merece ser puesto en tela de juicio. Es difícil de entender por qué la Corte es -por lo menos- complaciente frente a las chicanas procesales del Gobierno que viene dilatando el pleito del Movimiento Popular Tres Banderas desde hace años, inclusive oportunamente fue apercibido por la Cámara Contenciosa al constatar que había un abuso dilatorio del proceso.
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia tiene en sus manos una llave de paz y de elecciones tranquilas. Sin embargo, pareciera no darse cuenta del peligro que representa no tener solucionado el conflicto de esta Junta Electoral, máxime cuando en voz baja y en privado más de un vocal confesó que ya tiene una posición definida.
No se da corte
Semejante responsabilidad para el máximo tribunal llega en un mal momento. Las relaciones internas entre algunos vocales no es de las mejores. Uno de los más díscolos es Antonio Gandur, quien pareciera no recuperarse aún de la pérdida de la presidencia de la Corte. Se refugia en el premio consuelo que tuvo y desde allí -el Consejo Asesor de la Magistratura- lanza flamígeras críticas a la propia Corte que él integra. Los criterios -no siempre uniformes- adoptados por el CAM y por las dos posiciones que han quedado delineadas en la Corte sacan de quicio a Gandur, que no termina de sacudir sus malestares. El ex presidente apenas habla con su sucesor, Estofán; con Goane, prácticamente no se dirige la palabra y con Sbdar sólo mantienen la forma. El quinto vocal por ahora es sólo el quinto vocal. Esa tensión que se ha generado no es un problema chiquito para la Corte que afronta momentos cruciales que exigen la mayor madurez.
Palabras, no hechos
Estas actitudes de Gandur son tan riesgosas como las del ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Gassenbauer, quien esta semana se mostró muy preocupado por la propiedad intelectual. El hombre más fuerte del Gobierno alperovichista participó en el seminario "Perspectivas de la producción y los agronegocios". Allí, destacó la importancia de poner las tecnologías necesarias para que estén al servicio del sistema productivo local y regional. Y además, anunció que se proyecta una legislación de propiedad intelectual acorde. Este anhelo y esta promesa casi heroica del ministro se da de bruces con la política que viene implementando el Gobierno respecto de la propiedad intelectual. Jamás ha tenido intención de combatir la venta ilegal de DVD cuya actividad -y la estafa de los delincuentes que con sus grabaciones truchas se ríen del trabajo y de la producción- prolifera en las calles y hasta en las oficinas públicas. En esos organismos suelen venderse películas truchas como algo absolutamente normal sin que a ningún funcionario público le importe. Es curioso -pero aplaudible- este interés por la propiedad intelectual, algo que el Gobierno alperovichista no tuvo en cuenta nunca y lo confundió con la venta callejera dejando lugar a que mafiosos se apoderen de los derechos de otros. De todos modos suena como palabras estériles, ya que nunca se hizo por defenderla en estos ámbitos.
Difícil de contar
No sólo el Gobierno provincial hizo oídos sordos para combatir este problema. La Municipalidad de la capital jamás pudo avanzar ni un ápice, pese a que hubo resoluciones judiciales al respecto. Es posible que en los últimos días el intendente, sus funcionarios y los más de 5.000 empleados estén trabajando a pleno para poder brindar los informes sobre el costo de los arreglos de la plaza Urquiza. Hasta ahora no respondieron los pedidos de informes que les realizaron sobre estos gastos; y ya han pasado demasiados días como para no hayan podido sacar cuentas.
Mientras en el municipio hacen cuentas y en el Ministerio de la Producción analizan cómo valorar la propiedad intelectual sin que afecte a los truchos, la judicialización de la Política ha decidido darle un papel protagónico a la Corte tucumana en los comicios de este año. A la causa por la Junta Electoral se le suma la de la re-reelección de Alperovich.
En el mismo instante en que se ponía el punto anterior, los policías se agarraron a las trompadas en la plaza Independencia. El Poder Ejecutivo no puede quedarse de brazos cruzados y decir que se esconden intenciones políticas, porque son ayudados por su enemiga Stella Maris Córdoba. Tampoco pueden pensar que hubo un arreglo económico y que al que no le gustó que se jorobe. Ayer muchos oficiales reconocieron que estaban de acuerdo con los reclamos, pero que no podían acompañarlos. Los autoconvocados se alimentaron del ninguneo del Ejecutivo. Han empezado a surgir fenómenos que el alperovichismo no está pudiendo controlar y que es obligación de un estadista ponerlos en el cauce correcto, para beneficio de toda la sociedad.
La ciudadanía ha empezado a entrar en el túnel electoral. Unos, como los taxistas y remiseros, están felices porque el 28 de agosto será el día más redituable del año -dicen que la inflación ha llevado el costo de cada auto que acarrea votantes a $ 450-; otros se ven tentados por su vocación de aportar al bien común o por un trabajo que da pingües ganancias al término de los cuatro años.
De todos modos, de a poco cada uno de los ciudadanos se contagia del clima eleccionario. Sin embargo, tal cual están dadas las cosas la elección provincial se asemeja a uno de esos aviones que hace una década comandó a control remoto -y humano- Bin Laden. Los que de este lado del mundo lo miraban por televisión veían cómo inexorablemente iban a estrellarse contra las torres gemelas, y aunque en la imaginación parecía imposible, luego, inevitablemente, los gigantescos edificios eran atravesados.
Los comicios se dirigen hacia el 28 de agosto con reglas de juego que todos saben serán el eje del problema y no la solución. Ningún ciudadano se sienta a jugar a una partida de Truco sin antes preguntar "¿se juega con olorosa?". Sin embargo, por la tozudez -y obsecuencia- de muchos constituyentes -y amigos de José- han decidido que los jueces de la contienda sea, principalmente, gente que depende del gobernador y, por lo tanto, de uno de los candidatos con mayores posibilidades de salir electo. Esa posibilidad deja abierto que ante la más mínima duda o aparente irregularidad se hagan planteos ante esas autoridades y, que al mismo tiempo, no se respete su resolución. En 2006 se juró la Constitución que decidió que la Junta Electoral esté integrada por el presidente de la Corte, por el vicegobernador y nada menos que por el fiscal de Estado. Si ya podría haber dudas sobre el vice que conformó la fórmula junto con el primer mandatario, agregar al fiscal de Estado a ese trío fue desafinar muy feo.
El conflicto amenaza con ser muy grave.
¿Quién tiene la posibilidad de evitar esto? La Corte Suprema de Justicia. Desde el 28 de abril, en los escritorios de los vocales ya está la causa que la Cámara Contencioso Administrativa declaró inconstitucional a la curiosa e innovadora composición de la Junta Electoral integrada por el fiscal de Estado, un empleado más del Poder Ejecutivo. Históricamente fue el ministro fiscal quien completó la terna, ya que tiene independencia política.
Tiempo e interés. He ahí la cuestión. Esos dos valores son los que pasean por la cabeza de algunos de los vocales, aunque no en la del presidente, Antonio Estofán, porque se ha apartado de la cuestión.
Aún no está definida la composición del tribunal que estudiará la causa -es seguro que serán recusados René Goane, enemigo declarado del alperovichismo, pero por orden de Buenos Aires- y posiblemente el flamante vocal Daniel Posse -por ser amigo declarado del mandatario. Después de que estos vocales sea reemplazados -Claudia Sbdar no sería recusada- ya habrán empezado a correr los 90 días para resolver la constitucionalidad de esta integración de la Junta Electoral.
Si la Corte responsable de juzgar el pleito no se da el tiempo dejará la sensación de no tener interés de hacerlo. Esta misma Corte ha demostrado que ha sido capaz de resolver causas idénticas en un tiempo menor al que tiene en este momento. Pero claro, tiene que existir la voluntad de hacerlo. No hace mucho tiempo utilizó "Nueve semanas y media" para dictar sentencia en el juicio caratulado "Arias Víctor Hugo y otro vs. Provincia de Tucumán sobre inconstitucionalidad". El expediente había ingresado el 2 de septiembre y el día del aniversario de la muerte de Juan Perón, el 1 de julio, se dictó la sentencia. En aquella oportunidad hicieron lugar a la acción de inconstitucionalidad Alfredo Dato, René Goane y Héctor Eduardo Area Maidana; por el contrario, los vocales Alberto Brito y Antonio Gandur votaron en disidencia.
Un botón de muestra
La Corte actuó con celeridad y en "Nueve semanas y media" declaró inconstitucional la forma inicial en la que Alperovich decretó la elección de convencionales constituyentes para la reformar la Carta Magna. Es posible que no sólo los moviera el interés general. No hay que olvidar que por aquel entonces la Corte forcejeaba con el Poder Ejecutivo provincial que no se cansaba de amenazar con poner todos los jueces en comisión. Y además, Alfredo Dato no había sido propuesto candidato a diputado nacional. De todos modos, lo real y concreto es que cuando la Corte lo quiso, se hizo y resolvió el pleito en un lapso menor al que con el que hoy cuenta.
La lentitud puede volverse sospechosa sobre un Tribunal que no merece ser puesto en tela de juicio. Es difícil de entender por qué la Corte es -por lo menos- complaciente frente a las chicanas procesales del Gobierno que viene dilatando el pleito del Movimiento Popular Tres Banderas desde hace años, inclusive oportunamente fue apercibido por la Cámara Contenciosa al constatar que había un abuso dilatorio del proceso.
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia tiene en sus manos una llave de paz y de elecciones tranquilas. Sin embargo, pareciera no darse cuenta del peligro que representa no tener solucionado el conflicto de esta Junta Electoral, máxime cuando en voz baja y en privado más de un vocal confesó que ya tiene una posición definida.
No se da corte
Semejante responsabilidad para el máximo tribunal llega en un mal momento. Las relaciones internas entre algunos vocales no es de las mejores. Uno de los más díscolos es Antonio Gandur, quien pareciera no recuperarse aún de la pérdida de la presidencia de la Corte. Se refugia en el premio consuelo que tuvo y desde allí -el Consejo Asesor de la Magistratura- lanza flamígeras críticas a la propia Corte que él integra. Los criterios -no siempre uniformes- adoptados por el CAM y por las dos posiciones que han quedado delineadas en la Corte sacan de quicio a Gandur, que no termina de sacudir sus malestares. El ex presidente apenas habla con su sucesor, Estofán; con Goane, prácticamente no se dirige la palabra y con Sbdar sólo mantienen la forma. El quinto vocal por ahora es sólo el quinto vocal. Esa tensión que se ha generado no es un problema chiquito para la Corte que afronta momentos cruciales que exigen la mayor madurez.
Palabras, no hechos
Estas actitudes de Gandur son tan riesgosas como las del ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Gassenbauer, quien esta semana se mostró muy preocupado por la propiedad intelectual. El hombre más fuerte del Gobierno alperovichista participó en el seminario "Perspectivas de la producción y los agronegocios". Allí, destacó la importancia de poner las tecnologías necesarias para que estén al servicio del sistema productivo local y regional. Y además, anunció que se proyecta una legislación de propiedad intelectual acorde. Este anhelo y esta promesa casi heroica del ministro se da de bruces con la política que viene implementando el Gobierno respecto de la propiedad intelectual. Jamás ha tenido intención de combatir la venta ilegal de DVD cuya actividad -y la estafa de los delincuentes que con sus grabaciones truchas se ríen del trabajo y de la producción- prolifera en las calles y hasta en las oficinas públicas. En esos organismos suelen venderse películas truchas como algo absolutamente normal sin que a ningún funcionario público le importe. Es curioso -pero aplaudible- este interés por la propiedad intelectual, algo que el Gobierno alperovichista no tuvo en cuenta nunca y lo confundió con la venta callejera dejando lugar a que mafiosos se apoderen de los derechos de otros. De todos modos suena como palabras estériles, ya que nunca se hizo por defenderla en estos ámbitos.
Difícil de contar
No sólo el Gobierno provincial hizo oídos sordos para combatir este problema. La Municipalidad de la capital jamás pudo avanzar ni un ápice, pese a que hubo resoluciones judiciales al respecto. Es posible que en los últimos días el intendente, sus funcionarios y los más de 5.000 empleados estén trabajando a pleno para poder brindar los informes sobre el costo de los arreglos de la plaza Urquiza. Hasta ahora no respondieron los pedidos de informes que les realizaron sobre estos gastos; y ya han pasado demasiados días como para no hayan podido sacar cuentas.
Mientras en el municipio hacen cuentas y en el Ministerio de la Producción analizan cómo valorar la propiedad intelectual sin que afecte a los truchos, la judicialización de la Política ha decidido darle un papel protagónico a la Corte tucumana en los comicios de este año. A la causa por la Junta Electoral se le suma la de la re-reelección de Alperovich.
En el mismo instante en que se ponía el punto anterior, los policías se agarraron a las trompadas en la plaza Independencia. El Poder Ejecutivo no puede quedarse de brazos cruzados y decir que se esconden intenciones políticas, porque son ayudados por su enemiga Stella Maris Córdoba. Tampoco pueden pensar que hubo un arreglo económico y que al que no le gustó que se jorobe. Ayer muchos oficiales reconocieron que estaban de acuerdo con los reclamos, pero que no podían acompañarlos. Los autoconvocados se alimentaron del ninguneo del Ejecutivo. Han empezado a surgir fenómenos que el alperovichismo no está pudiendo controlar y que es obligación de un estadista ponerlos en el cauce correcto, para beneficio de toda la sociedad.
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