Los funcionarios salieron de compras

Milanesa con palta. Esa parece ser la receta sugerida por la Casa Rosada en el menú del verano para los argentinos. Y parece ser una dieta tropical casi parecida a la que aquel ex gobernador de Tucumán solía recomendar en almuerzos y cenas republicanas (milanesa con puré). Es el menú del poder, como antes lo fue el cerdo, con argumentos que poco tienen que ver con la lucha contra la inflación.

La realidad del supermercado se va imponiendo. Y a los funcionarios cada vez les resulta más difícil brindar argumentos sustentables para describir lo que pasó, pasa y pasará con los precios. De que hay un crecimiento sostenido, nadie tiene dudas. La inflación va carcomiendo los bolsillos de los consumidores. Y muchos que sostienen un hogar pegan el grito en el cielo cuando la ecónoma de la familia debe pedir más de $ 50 diarios para alimentar al grupo. Y el argentino no vive sólo de las milanesas. Los lácteos han crecido en torno de un 5% durante este verano, al igual que las bebidas (alcohólicas y no alcohólicas). En Tucumán, las frutas y verduras mantienen su valor por efecto del alto stock. Pero nadie consigue la palta a $ 1 como la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, según lo reveló el ministro de Economía, Amado Boudou. Sí se puede comprar milanesas a menor costo de las que lanzará el Gobierno nacional. Claro está que no se trata de una de buena calidad. Es económica.

Quienes van generalmente al mercado, al súper o al almacén del barrio encuentran un nuevo aumento. Mandar a la gente al mercado de concentración no es una solución frente a un problema estructural. La población quiere datos más fidedignos, no recetas caseras. Quiere una gestión que se ponga al frente del problema y encuentre la solución, no una administración que, en cada esquina, vea un complot.

Da la sensación de que, después de negar durante casi cuatro años la realidad de los precios, la Presidenta, el ministro de Economía y el gobernador José Alperovich manden a los consumidores a caminar para conseguir el mejor precio de los productos. La gente lo viene haciendo durante ese período y, cada cuadra que camina, se da cuenta de que los aumentos llegaron para quedarse, ante la pasividad del Estado que oculta, bajo esa alfombra llamada Indec, una inflación de otro país, con mayor estabilidad en los precios. De otro modo no se puede explicar que 2010 haya cerrado con un índice de precios al consumidor del 10,9%, menos de la mitad de lo que calcularon las consultoras.

A propósito, varias firmas que hoy elaboran indicadores debido a la falta de credibilidad de las mediciones oficiales, están preocupadas por los insistentes rumores que señalan que el Gobierno avanzará con la aplicación de millonarias multas que no sólo tiende a silenciarlas. Directamente las elimina. No es bien visto que haya voces opositoras en un año electoral, donde el kirchnerismo se juega mucho más que un proyecto político.

El escenario que viene

Los economistas -cada vez menos expuestos a la réplica política- están preocupados por la evolución de ciertos indicadores macroeconómicos. Observan que, además de la inflación, la demanda laboral se está desacelerando, a tal punto de que hoy casi no se crean empleos. Es la consecuencia de ese paraguas protector que toda empresa abre cada vez que hay elecciones.

Los expertos observan también que la distribución de los ingresos no fue del todo pareja y que, 10 años después de la salida de la Convertibilidad, se van acentuando las malas señales. Apuntan al hecho de que, mientras a los jubilados les ha costado el sudor de más de 25 años de su vida en el trabajo, hay sectores que cobran una remuneración mucho más elevada que la mínima, a través de subsidios sociales. Esta corriente de pensamiento habla de un fenómeno de desigualdad que, en el mejor de los casos, se podría corregir con el reconocimiento del 82% móvil. Nada de eso está presente en el pensamiento de esta gestión. Un anuncio de esas características sepultaría el cuadro financiero del Estado, se atajan los oficialistas. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo nacional se sigue financiando con la plata de la Anses que, en definitiva, es de los jubilados.

Así están las cosas marcadas a nivel nacional, con el silencio cómplice de un gobernador (Alperovich) que ha decidido montarse en la estrategia K de negar la inflación, aún a costa de saber -técnicamente- que los precios siguen subiendo.

Cristina Fernández, Amado Boudou y José Alperovich tienen razón en algo: todos debemos actuar con responsabilidad para combatir la inflación. Pero esa misma responsabilidad también debiera exigirse a los funcionarios para que, de una vez por todas, sinceren los datos del Indec y dejen de atacar al cartero.