Las presuntas irregularidades que se registraron en la implementación del plan Argentina Trabaja en Tucumán merecieron denuncias y presentaciones tanto en la Justicia provincial como en los tribunales federales.
En el orden local, después de la feria de verano, se espera que haya novedades respecto de la situación procesal de Amelia Herrera y de los hermanos Manuel y Guillermo Quiroga. El fiscal de la Vª nominación, Alejandro Noguera, solicitó al juez de Instrucción de la Iª nominación, Alfonso Zóttoli, que eleve a juicio la causa en contra de estos tres punteros políticos de Banda del Río Salí. El expediente judicial se origina en la denuncia de la cooperativista Verónica Pedernera sobre la sustracción de su tarjeta de débito para cobrar la mensualidad del programa nacional. Herrera y los Quiroga fueron imputados de la presunta comisión de los delitos de extorsión y de tenencia de armas de uso civil y de guerra, todos en concurso real. Como se recordará, en los allanamientos dirigidos durante las primeras horas del 8 de enero de 2010 por el entonces fiscal de feria, Carlos Sale, fueron secuestrados documentación bancaria de extracciones de fondos de distintas cuentas y armas de fuego.
El abogado defensor de los Quiroga, Bruno Lizárraga, planteó un pedido de oposición. "No están dadas las circunstancias para que se llegue a un juicio; no cuentan con suficientes elementos de prueba", argumentó.
Tribunales nacionales
La Cámara Federal de Apelaciones ratificó a Mario Racedo como el juez que debe investigar las denuncias existentes por presuntas irregularidades en el programa. Racedo se había excusado de entender en esta causa por ser tío del titular del Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual, Regino Racedo, y giró la causa al juez federal Daniel Bejas. Pero este se la devolvió.
Ante esta situación intervino la Cámara y encomendó a Racedo que continúe con la pesquisa, que está paralizada desde agosto.