La Justicia no forzará la sanción de una ley que falta desde 2007

El concejal José Luis Avignone sufrió otro revés en su afán por lograr que la Justicia compela a la Legislatura a que sancione la ley que prevé el artículo 132 de la Constitución (reformada en 2006), de manera que los intendentes puedan, finalmente, convocar a una convención con el fin de que cada municipio cuente con su propia carta orgánica. La Corte Suprema no hizo lugar al recurso de casación que el edil había interpuesto contra la sentencia pronunciada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo el 8 de mayo de 2009.

En defensa de la autonomía municipal, el político radical había promovido una acción de amparo con el fin de que fuera saneada una omisión constitucional; es decir, para que se ordenara a los poderes Legislativo y Ejecutivo a que avanzaran con la ley que, según el artículo 165 de la Carta Magna provincial, debía haber estado sancionada y promulgada a fines de 2007.

No obstante, los camaristas Horacio Castellanos y Salvador Ruiz no hicieron lugar a la acción de amparo por razones procesales; es decir, no entraron a considerar el fondo de la cuestión planteada, dado que se limitaron a dejar sentado que la calidad de ciudadano y de vecino del municipio de la capital no legitimaba a Avignone para iniciar la causa. En otras palabras, los magistrados destacaron que el edil carecía de un interés determinado y diferenciado y, como consecuencia, no se configuraba un caso contencioso que permitiera el dictado de una sentencia útil.

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Contra la sentencia, Avignone artículo un recurso de casación, que fue resuelto por la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, que integran Antonio Estofán, René Goane y Claudia Sbdar, quienes ratificaron en todos sus términos el pronunciamiento dictado por Castellanos y Ruiz.

Goane actuó como vocal preopinante, a cuyo voto se adhirieron los otros. El magistrado subrayó que la mera condición de ciudadano que invocaba Avignone "es de una generalidad tal que no permite tener por configurado un interés concreto, inmediato y sustancial, que lleve a entender el planteo como una causa, caso o controversia, ni como un supuesto que autorice la intervención de los jueces".

Goane insistió en que la falta de un interés diferenciado no cede ni siquiera frente a una supuesta omisión estatal que afecte al universo de vecinos de la capital, como esgrimía Avignone. "Para que el órgano jurisdiccional pueda proveer en sentido favorable al solicitado no alcanza con que la demanda sea propuesta por una persona cualquiera, sino que es menester que haya sido presentada por quien está legitimado en razón de que el ordenamiento le reconoce aptitud para actuar en defensa del interés público que se alega comprometido", esgrimió.