Los resultados de las pericias concretadas por la Justicia Federal en la planta de disposición final de los residuos de Pacará Pintado serán relevantes para determinar la situación judicial del representante de la empresa, Mario Delfor Criado.
Tal como precisó el miércoles LA GACETA, Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, concretó el martes una inspección ocular en el predio de Cruz Alta que explota la firma Servicios y Construcciones La Banda SRL. El magistrado fiscalizó el lugar en el marco de una investigación abierta ante la posibilidad de que residuos sólidos o líquidos de la planta contaminen las aguas del río Salí, que fluyen a unos 100 metros.
Ayer, fuentes judiciales confirmaron a este diario que el juez Racedo se encuentra analizando los resultados de las análisis sobre muestras de agua, de suelo y de sedimentos levantados en el predio y que, en consecuencia, sería inminente la citación del empresario a prestar declaración indagatoria. Ese hecho, trascendió, se podría concretar a fines de la próxima semana.
Peritos de la UNT
En la causa, Racedo interviene a partir de una actividad preventiva concretada el 31 de octubre de 2007 por Gendarmería Nacional, que alertó acerca de que en el lugar podrían violarse las disposiciones de la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos). El eventual derrame de efluentes a un cauce conectado a un sistema hídrico interjurisdiccional (el Salí-Dulce, que desemboca en Las Termas de Río Hondo) es lo que justifica la competencia federal.
En la planta de Pacará Pintado, el martes, junto al magistrado se constituyeron los peritos Jorge Albornoz y Juan Ruiz, a los fines de efectuar una inspección ocular que permita precisar algunos puntos vinculados con los resultados de las muestras tomadas por especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a mediados de 2009.
El objetivo de las medidas encargadas a los universitarios era constatar si la empresa Servicios y Construcciones La Banda contaba con las construcciones adecuadas para evitar el vertido de residuos a cursos de agua que derivan en otros de proyección interjurisdiccional. Además, Racedo quería saber si esas defensas, en caso de existir, servían para evitar el derrame durante las épocas de lluvia. La medida también apuntaba a determinar si la empresa, encargada de la recolección de residuos industriales y domiciliarios, disponía de una planta de tratamiento de residuos o, en caso contrario, dónde son volcados estos. Con tal fin autorizó a que fueran tomadas muestras líquidas y de desperdicios sedimentados, para efectuar los correspondientes análisis de laboratorio.
Pese a que la idea del Gobierno es cerrar el predio de Pacará Pintado, la empresa que representa Criado seguirá ligada al tratamiento de los residuos del Gran San Miguel de Tucumán por lo menos hasta 2012: tendrá a su cargo la disposición final de la basura en la planta, aún en construcción, de Overa Pozo.
Tal como precisó el miércoles LA GACETA, Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, concretó el martes una inspección ocular en el predio de Cruz Alta que explota la firma Servicios y Construcciones La Banda SRL. El magistrado fiscalizó el lugar en el marco de una investigación abierta ante la posibilidad de que residuos sólidos o líquidos de la planta contaminen las aguas del río Salí, que fluyen a unos 100 metros.
Ayer, fuentes judiciales confirmaron a este diario que el juez Racedo se encuentra analizando los resultados de las análisis sobre muestras de agua, de suelo y de sedimentos levantados en el predio y que, en consecuencia, sería inminente la citación del empresario a prestar declaración indagatoria. Ese hecho, trascendió, se podría concretar a fines de la próxima semana.
Peritos de la UNT
En la causa, Racedo interviene a partir de una actividad preventiva concretada el 31 de octubre de 2007 por Gendarmería Nacional, que alertó acerca de que en el lugar podrían violarse las disposiciones de la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos). El eventual derrame de efluentes a un cauce conectado a un sistema hídrico interjurisdiccional (el Salí-Dulce, que desemboca en Las Termas de Río Hondo) es lo que justifica la competencia federal.
En la planta de Pacará Pintado, el martes, junto al magistrado se constituyeron los peritos Jorge Albornoz y Juan Ruiz, a los fines de efectuar una inspección ocular que permita precisar algunos puntos vinculados con los resultados de las muestras tomadas por especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a mediados de 2009.
El objetivo de las medidas encargadas a los universitarios era constatar si la empresa Servicios y Construcciones La Banda contaba con las construcciones adecuadas para evitar el vertido de residuos a cursos de agua que derivan en otros de proyección interjurisdiccional. Además, Racedo quería saber si esas defensas, en caso de existir, servían para evitar el derrame durante las épocas de lluvia. La medida también apuntaba a determinar si la empresa, encargada de la recolección de residuos industriales y domiciliarios, disponía de una planta de tratamiento de residuos o, en caso contrario, dónde son volcados estos. Con tal fin autorizó a que fueran tomadas muestras líquidas y de desperdicios sedimentados, para efectuar los correspondientes análisis de laboratorio.
Pese a que la idea del Gobierno es cerrar el predio de Pacará Pintado, la empresa que representa Criado seguirá ligada al tratamiento de los residuos del Gran San Miguel de Tucumán por lo menos hasta 2012: tendrá a su cargo la disposición final de la basura en la planta, aún en construcción, de Overa Pozo.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium








