28 Abril 2002 Seguir en 
Las limitaciones impuestas al uso de los activos financieros y la quita del valor de ellos seguirán produciendo costos sociales importantes y afectando la redistribución de ingresos entre diversos sectores.
Existen varios instrumentos económicos para evaluar el tamaño de ese costo social. Una forma es partiendo de que el precio de los bienes y servicios tienen dos componentes: el costo de producción y el de transacción. Evidentemente, este último subió en forma importante y, con él, el precio total.
Para calcular el incremento del costo de transacción se puede estimar el valor del tiempo adicional que se dedica para poder efectuar cualquier operación. Este es similar al costo de la búsqueda de mejores precios o de salarios para un bien o para un trabajo. Ello representa un 10% del total de salarios de una economía; en la Argentina, unos $18.000 millones, que representan un 6% del PBI o $500 por persona.
Habría que agregar las molestias y preocupaciones por las dificultades e incertidumbres que la gente debe sortear para lograr lo que antes era casi automático. El mercado evalúa el costo de tener mayor confianza y tranquilidad en la actividad económica y, a partir del salario diferencial que se sacrifica para tener un trabajo de ese tipo, se puede llegar a valorar el costo de todas estas molestias. En Argentina deben ser superiores a los $400 anuales por persona. Esto agregaría un costo social adicional casi equivalente al anterior.
El efectivo sigue de moda
Otro camino es evaluar el valor que la sociedad le da a los medios de pago que utiliza para sus transacciones y como modo de mantener activos líquidos (demanda de dinero). En el país se destruyó el valor de los medios de pago debido a las dificultades que existen para poder disponer de ellos. Parte de ese valor se mantiene a través de la cantidad de circulante que existe fuera del sector financiero. La pérdida social del corralito sería de $12.000 millones (un 4% del PBI).
Parte de estos costos se tratan de evitar a través de mecanismos alternativos si la situación es permanente. En algunos países -también en Argentina- aumentaron otras fuentes de financiamiento y el sector bancario fue perdiendo importancia. Una de ellas es el crédito de consumo que dan los comercios. En otros casos existe un sistema financiero informal.
Pese a los avances registrados en los mecanismos de pago (electrónico, tarjetas de crédito, tickets canasta y otros), el dinero efectivo no perdió su importancia, aun en los países muy avanzados. En el país puede estimarse que, sumando pesos, bonos y dólares, se llega a un total de $1.400 per cápita.
La otra pérdida se manifiesta en una transferencia de los ahorristas del sector financiero hacia otros sectores. Es una pérdida de activos que obligará a aumentar la tasa de ahorro futuro para que los ahorristas puedan reponer los activos que deseaban mantener, o sea, habrá una caída en el consumo presente.
Si el corralito fue acertado (o no) para que no caiga el sistema financiero, sólo se sabrá cuando el país comience a recuperarse. Es necesario que el sector financiero tenga señales claras para su actividad y que también maneje en forma apropiada sus carteras. Las últimas crisis mostraron la fragilidad del sector, en lo que tuvo mucho que ver el Estado y un manejo no adecuado del propio sector.
Existen varios instrumentos económicos para evaluar el tamaño de ese costo social. Una forma es partiendo de que el precio de los bienes y servicios tienen dos componentes: el costo de producción y el de transacción. Evidentemente, este último subió en forma importante y, con él, el precio total.
Para calcular el incremento del costo de transacción se puede estimar el valor del tiempo adicional que se dedica para poder efectuar cualquier operación. Este es similar al costo de la búsqueda de mejores precios o de salarios para un bien o para un trabajo. Ello representa un 10% del total de salarios de una economía; en la Argentina, unos $18.000 millones, que representan un 6% del PBI o $500 por persona.
Habría que agregar las molestias y preocupaciones por las dificultades e incertidumbres que la gente debe sortear para lograr lo que antes era casi automático. El mercado evalúa el costo de tener mayor confianza y tranquilidad en la actividad económica y, a partir del salario diferencial que se sacrifica para tener un trabajo de ese tipo, se puede llegar a valorar el costo de todas estas molestias. En Argentina deben ser superiores a los $400 anuales por persona. Esto agregaría un costo social adicional casi equivalente al anterior.
El efectivo sigue de moda
Otro camino es evaluar el valor que la sociedad le da a los medios de pago que utiliza para sus transacciones y como modo de mantener activos líquidos (demanda de dinero). En el país se destruyó el valor de los medios de pago debido a las dificultades que existen para poder disponer de ellos. Parte de ese valor se mantiene a través de la cantidad de circulante que existe fuera del sector financiero. La pérdida social del corralito sería de $12.000 millones (un 4% del PBI).
Parte de estos costos se tratan de evitar a través de mecanismos alternativos si la situación es permanente. En algunos países -también en Argentina- aumentaron otras fuentes de financiamiento y el sector bancario fue perdiendo importancia. Una de ellas es el crédito de consumo que dan los comercios. En otros casos existe un sistema financiero informal.
Pese a los avances registrados en los mecanismos de pago (electrónico, tarjetas de crédito, tickets canasta y otros), el dinero efectivo no perdió su importancia, aun en los países muy avanzados. En el país puede estimarse que, sumando pesos, bonos y dólares, se llega a un total de $1.400 per cápita.
La otra pérdida se manifiesta en una transferencia de los ahorristas del sector financiero hacia otros sectores. Es una pérdida de activos que obligará a aumentar la tasa de ahorro futuro para que los ahorristas puedan reponer los activos que deseaban mantener, o sea, habrá una caída en el consumo presente.
Si el corralito fue acertado (o no) para que no caiga el sistema financiero, sólo se sabrá cuando el país comience a recuperarse. Es necesario que el sector financiero tenga señales claras para su actividad y que también maneje en forma apropiada sus carteras. Las últimas crisis mostraron la fragilidad del sector, en lo que tuvo mucho que ver el Estado y un manejo no adecuado del propio sector.







