04 Septiembre 2010
Pasaron casi 30 días sin novedades y dijeron basta. El grupo de familias que denunció la presunta sobreventa de viviendas en el Barrio Judicial II, de Los Pocitos, volverá a reunirse la próxima semana para definir los pasos a seguir.
En la primera semana de agosto, en una asamblea habían decidido abrir un compás de espera durante algunas semanas hasta esperar alguna definición -respecto del padrón de beneficiarios- desde la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, entidad que motorizó el proyecto habitacional. Sin embargo, según afirmaron a LA GACETA Darío Bustos, Adriana Reguera y Carlos Pacheco, hasta ahora no recibieron ninguna respuesta del gremio judicial.
Los manifestantes denuncian que unas 300 personas se anotaron y pagaron entre $ 2.000 y $ 6.000 para ingresar en el plan habitacional. El número supera las 227 casas que se encuentran aún en etapa de construcción. Desde el gremio se había informado en un principio que la demora en la elaboración de un padrón se debía a que mucha gente no había reunido los papeles necesarios. También, que la diferencia entre el número de pretendientes y de viviendas disponibles obedecía a que en el listado figuraban planes anteriores a 2008, ya caídos.
Los presuntos damnificados advirtieron que, pese al tiempo transcurrido, no obtuvieron ninguna respuesta del sindicato y que, cuando intentaron plantear la situación en la órbita estatal, ni siquiera pudieron ser atendidos por algún funcionario del Poder Ejecutivo. Por eso, se reunirán el jueves a las 22 en Venezuela al 1.300.
En la primera semana de agosto, en una asamblea habían decidido abrir un compás de espera durante algunas semanas hasta esperar alguna definición -respecto del padrón de beneficiarios- desde la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, entidad que motorizó el proyecto habitacional. Sin embargo, según afirmaron a LA GACETA Darío Bustos, Adriana Reguera y Carlos Pacheco, hasta ahora no recibieron ninguna respuesta del gremio judicial.
Los manifestantes denuncian que unas 300 personas se anotaron y pagaron entre $ 2.000 y $ 6.000 para ingresar en el plan habitacional. El número supera las 227 casas que se encuentran aún en etapa de construcción. Desde el gremio se había informado en un principio que la demora en la elaboración de un padrón se debía a que mucha gente no había reunido los papeles necesarios. También, que la diferencia entre el número de pretendientes y de viviendas disponibles obedecía a que en el listado figuraban planes anteriores a 2008, ya caídos.
Los presuntos damnificados advirtieron que, pese al tiempo transcurrido, no obtuvieron ninguna respuesta del sindicato y que, cuando intentaron plantear la situación en la órbita estatal, ni siquiera pudieron ser atendidos por algún funcionario del Poder Ejecutivo. Por eso, se reunirán el jueves a las 22 en Venezuela al 1.300.
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