No descartan ir a la Corte de La Haya contra el laudo del Ciadi

Según el criterio del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha, no está dicha la última palabra en el diferendo entre la Compañía de Aguas del Aconquija (CAA) y Tucumán. El Estado nacional, de acuerdo con el funcionario, guarda tres ases en la manga. Da Rocha vino a Tucumán a participar de la jornada en homenaje por el Bicentenario del natalicio de Juan Bautista Alberdi que, por medio de la realización de varias mesas panel, se realizó ayer en la Casa de Gobierno.

Tras haber inaugurado el acto, el funcionario habló sobre el reciente laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra la Argentina (era la parte demandada), que obligaría a Tucumán a pagar una cifra que podría llegar a los U$S 200 millones, según el ministro de Economía, Jorge Jiménez.

El 10 de agosto se conoció el veredicto del órgano dependiente del Banco Mundial, que rechazó un planteo de nulidad que había promovido Argentina en 2007. El país había realizado la presentación tras un laudo adverso en la causa impulsada por el grupo francés Vivendi, que controlaba a la CAA.

El litigio se originó en 1996, durante el gobierno de Antonio Bussi, y terminó con la rescisión del contrato (a la CA) de concesión del servicio de agua potables y cloacas. La compañía responsabilizó al Gobierno provincial de haber alterado un contrato pactado por un lapso de 30 años.

Una cuestión táctica

El Estado argentino había planteado la nulidad del laudo dictado el 20 de agosto de 2007 por un tribunal constituido por el canadiense William Rowley (presidente), la suiza Gabrielle Kaufmman-Kohler y el mexicano Carlos Bernal Verea.

Da Rocha hizo un repaso de los últimos pasos del proceso. "Respecto de aquel laudo, habíamos plateado que un integrante del tribunal tenía vínculos con la empresa reclamante, y esto hacía que no pudiera considerarse imparcial", esgrimió. Según la Argentina, Kaufmman-Kohler integraba el directorio del banco suizo UBS, entidad que tenía acciones en Vivendi.

De todos modos, no es el único vicio que Da Rocha encuentra en el proceso. "Nuestro planteo no fue considerado por la comisión ad hoc de anulación; pero uno de los miembros denunció haber sido presionado por autoridades del Ciadi. Y, aunque no ahondó, dio a entender que no se pronunciaron con la independencia con que debe hacerlo un tribunal", advirtió.

Pese a que la decisión de aquella comisión es irrecurrible, el funcionario precisó que estas presuntas irregularidades confirieron a la Nación tres alternativas extras, dentro y fuera del Ciadi. "Concurriré personalmente al organismo a expresar nuestra queja y plantearé nuestro desagrado. No nos consideramos en condiciones de aceptar lo que este arbitraje resolvió, atento a la falta de objetividad", alertó.

En el marco de un tratado celebrado entre la Argentina y Francia, se realizará una presentación ante el gobierno de ese país, dado que Vivendi está conformado por capitales galos. "Si Francia no recepta esta queja, no descartamos acudir a la Corte Internacional de Justicia (de La Haya); entonces, por un conflicto entre los dos países", advirtió.