Por Redacción Política
31 Agosto 2010
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A principios de este mes, se conoció un laudo arbitral tan contundente como definitivo para la Argentina y, por extensión, para Tucumán: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó un planteo de nulidad que había interpuesto la Nación hace tres años.
Era la última instancia de un proceso que se remonta a la rescisión (en 1996) de la concesión del servicio de agua potable y cloacas, que se había otorgado durante 30 años a la Compañía Aguas del Aconquija (subsidiaria de la empresa francesa Vivendi). No obstante, el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha, adelantó que cuentan con un plan, que incluye hasta tres fases, con el fin de torcer el laudo.
LA GACETA preguntó al funcionario si es dable esperar que el Ciadi revierta el pronunciamiento o, al menos, que fije que la Nación debe pagar menos de U$S 200 millones, según los cálculos del ministro de Economía, Jorge Jiménez. "En general, el Ciadi fue negativo respecto de la Argentina y de los países contra los que inversores entablaron acciones. Pero dos meses atrás, fueron dictadas en segunda instancia -o sea, sin que sea posible recurrirlos-, dos pronunciamientos memorables (a nuestro favor). En ambos casos fueron anulados los laudos de primera instancia que habían condenado a la Argentina", contestó.
En los últimos días de junio, el Ciadi dejó sin efecto un laudo por unos U$S 128 millones contra Argentina, por una causa iniciada por la firma Sempra Energy (EE.UU.). A fines de julio, anuló una indemnización que obligaba a pagar U$S 106 millones a las multinacionales Enron Creditors Recovery Corp y Ponderosa Assets L.P.
Da Rocha explicó que el cambio de criterios del Ciadi se debió a que consideraron que la Argentina había actuado legítimamente y en estado de emergencia en el momento en que ocurrieron los hechos: los años 2001 y 2002. Además, se mostró optimista respecto de que pudiera ocurrir algo similar en la causa impulsada por Aguas del Aconquija. "Esta es una tendencia jurisprudencial novedosa en el Ciadi que, de aplicarse en este caso, podría dar lugar a un pronunciamiento distinto", aseveró.
Era la última instancia de un proceso que se remonta a la rescisión (en 1996) de la concesión del servicio de agua potable y cloacas, que se había otorgado durante 30 años a la Compañía Aguas del Aconquija (subsidiaria de la empresa francesa Vivendi). No obstante, el procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Pedro da Rocha, adelantó que cuentan con un plan, que incluye hasta tres fases, con el fin de torcer el laudo.
LA GACETA preguntó al funcionario si es dable esperar que el Ciadi revierta el pronunciamiento o, al menos, que fije que la Nación debe pagar menos de U$S 200 millones, según los cálculos del ministro de Economía, Jorge Jiménez. "En general, el Ciadi fue negativo respecto de la Argentina y de los países contra los que inversores entablaron acciones. Pero dos meses atrás, fueron dictadas en segunda instancia -o sea, sin que sea posible recurrirlos-, dos pronunciamientos memorables (a nuestro favor). En ambos casos fueron anulados los laudos de primera instancia que habían condenado a la Argentina", contestó.
En los últimos días de junio, el Ciadi dejó sin efecto un laudo por unos U$S 128 millones contra Argentina, por una causa iniciada por la firma Sempra Energy (EE.UU.). A fines de julio, anuló una indemnización que obligaba a pagar U$S 106 millones a las multinacionales Enron Creditors Recovery Corp y Ponderosa Assets L.P.
Da Rocha explicó que el cambio de criterios del Ciadi se debió a que consideraron que la Argentina había actuado legítimamente y en estado de emergencia en el momento en que ocurrieron los hechos: los años 2001 y 2002. Además, se mostró optimista respecto de que pudiera ocurrir algo similar en la causa impulsada por Aguas del Aconquija. "Esta es una tendencia jurisprudencial novedosa en el Ciadi que, de aplicarse en este caso, podría dar lugar a un pronunciamiento distinto", aseveró.
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